Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ
¡BASTA! GRITAN
NADA habría del coraje y movilización bajo el sol quemante de vecinos de San Pablo Güilá que reclaman del presidente municipal de Matatlán, su cabecera municipal, reparto equitativo del presupuesto municipal.
Si hubiera un poco de voluntad política para transparentar el uso del dinero público y el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos, otra cosa sería.
EL municipio de Juchitán, por ejemplo, no estaría en la crisis de gobernabilidad y criminalidad que padece como consecuencia de la inmensa corrupción de los sucesivos alcaldes y la podredumbre que corroe a los capos de esa mafia conocida como COCEI.
JUCHITÁN, EL CAOS
CON la oportunidad que caracteriza a esta columna, alertamos en muchas entregas el gran riesgo de que Juchitán cayera en las redes del crimen organizado. Ya sucedió. Aunque el viejo coceista y actual presidente municipal, Saúl Vicente Vázquez, trate de tapar el sol con un dedo, ese municipio se pervirtió como consecuencia de la maldad y ambición de los sucesivos Ayuntamientos.
DESDE que cada grupo de la COCEI-PRD, del PT y del PRI, empezó a recibir de los sucesivos gobernadores del estado, como premio a sus lealtades y complicidades políticas, concesiones de taxis, mototaxis y, sobre todo, impunidad, Juchitán se sodomizó. Aunque no en el extremo del término religioso que hace referencia a determinados comportamientos abusivos del ser humano, sí podemos decir que JUCHITÁN se ha sodomizado. La nefasta escuela implantada en los últimos 40 años por seis dirigentes COCEISTAS, ha llegado a tales extremos que, como Sodoma, está condenado, no por Dios, sino por su propia ciudadanía, por la gravedad de sus múltiples pecados.
EN octubre del 2013, vecinos de tres barrios de JUCHITÁN, cansados de la anarquía, cerraron sus calles ante la proliferación desquiciada de moto-taxis y acusaron que los compromisos políticos del entonces presidente municipal DANIEL GURRIÓN, “han sembrado la ingobernabilidad”. Fue la voz de alerta que nadie quiso escuchar.
EN muchas de mis columnas hice eco de esas voces de alarma pero, lamentablemente, gobiernos y partidos no han sabido, mejor dicho no han querido enfrentar el caos juchiteco. Hasta que “la sangre llegó al rio” con cerca de 50 ejecuciones humanas en menos de un mes, la mayoría de ellos en la comarca que desgobierna la COCEI, el gobierno implementó -a medias- un operativo supuestamente para inhibir la desatada acción de la delincuencia organizada, en la región istmeña, especialmente en el municipio juchiteco.
DIGO a medias por lo siguiente. Aunque dicen que es una acción “concertada” de instituciones municipales, estatales y federales, la policía estatal “está y no está”. Mencionan, por ejemplo, que el comandante Peralta, de la AEI, sabe muy bien las causas del crecimiento brutal de la delincuencia organizada en esa zona pero, a la hora del operativo, sospechosamente lo cambiaron de plaza. Está tan pauperizada la Secretaría de Seguridad Pública, que algunos de sus elementos denunciaron que los enviaron “a la guerra sin fusil”. Es decir, no les suministran viáticos, duermen en la batea de las camionetas y comen lo que pueden. En caso necesario los uniformados piensan al hacer un disparo ¿saben por qué? Les cobran hasta las balas.
COMENTAN que el ex titular de la SSPO, Alberto Esteva, desvió tanto dinero del presupuesto que ahora apenas les dan siete litros de gasolina por turno para patrullaje.
LO que sucede en Juchitán es responsabilidad de altos funcionarios estatales y municipales que tratan de ocultar su desconcierto con silencio y cinismo. He platicado con algunos jefes policiacos. Hay quienes entienden el tamaño de la ingobernabilidad juchiteca y la necesidad de actuar con energía pero se topan con un entramado de inmensa corrupción, violencia e impunidad. Estos fenómenos son inexpugnables y poseen una fuerza colosal porque están infiltrados en el mismo Ayuntamiento.
CUAL BOTÍN
OAXACA carece de ciudadanía actuante políticamente. De manera coyuntural surge de repente alguna organización social pero así como surge desaparece. Significa entonces que los que perviven tienen fines meramente políticos, son carne de marchas y plantones.
LOS que permanecen son movimientos sociales subsidiados con dinero público. A la llegada del gobierno “del cambio”, las llamadas “organizaciones sociales” se multiplicaron como cucarachas en la cloaca. Hoy se habla de más de mil y casi todas tienen el sello del cártel 22, aunque también hay algunas, las menos, con el fierro tricolor.
ANTE la ausencia de verdaderas organizaciones ciudadanas, los partidos políticos, con todo su desprestigio, tratan de suplir esa falta de organización ciudadana inventando grupos que sirven al mejor postor.
SON chantajistas profesionales, aunque reciben millonarias cantidades de dinero público sin rendir cuentas, sus acciones ilegales son permanentes. Lo mismo secuestran funcionarios, cierran calles y carreteras que amenazan a la ciudadanía con machete en mano como los hizo el cabecilla de la CODEDI.
DINERO A MANOS LLENAS
LA organización Antorcha Campesina, de Gabriel Hernández García, es campeona de la extorsión. En los años 2011 y 2012 recibió casi 25 millones de pesos y nadie sabe a quién rinde cuentas ni qué uso le da a tanto dinero público.
DÁDIVAS tan multimillonarias confirman que, en el gobierno “del cambio”, el mejor negocio es tener su propia “organización social” para vivir a cuerpo de rey.
LOS “luchadores sociales” que regentean su respectivo pedazo de la COCEI, se engullen igualmente sumas multimillonarias. La facción de Leopoldo De Gyves, llamada “Alternativa Patriótica”, en los mismos dos años recibió a fondo perdido, casi 13 millones de pesos.
PERO también su hijo Emilio De Gyves Montero tiene su negocio. El muchachito se embolsó en dos años seis millones de pesos con otra COCEI.
EL veterano mañoso fundador de la COCEI, Héctor Sánchez López, también participa con fruición en el reparto de los millones. Entre 2011-12, recibió13 millones cien mil pesos, libres de polvo y paja.
HAY otra COCEI “nueva generación”, negocio de Rolando Vázquez Castillejos, que se lleva un millón de pesos anuales.
EL famoso “chino mugres” Carlos Aguilar Castellanos, otro de los temerarios activistas del PRD, por su organización FALP recibió y gastó en una opacidad total, más de 76 millones de pesos entre 2011-12.
MANUEL Pérez Morales, dueño del partidito morralla conocido como PSD y que se llena la boca fustigando la corrupción en el gobierno de Gabino, se embolsó con su organización “Shuta Yuma”, casi 20 millones de pesos en los dos años citados.
HAY casos tan grotescos como el del “líder social” Abraham Ramírez Vázquez, aquel que hace unos meses movió a un grupo de sus seguidores que con machete en mano obligaron a los parroquianos de los portales a huir. Este individuo es dueño del Comité de Defensa de los Derechos Indios (CODEDI) ¿saben cuánto recibe del gobierno? más de 70 millones de pesos en los años mencionados.
ESTOS son apenas unos botones de muestra de la inmensa corrupción que prohíjan el gobierno y “sus” organizaciones sociales y que, con gran valor civil, dio a conocer el ingeniero Juan José Benítez Hinojosa, un oaxaqueño ejemplar quien, además, reta a que lo desmientan.
