Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ
ACTITUD MAFIOSA
NO ES que avale a los líderes de la sección 59 del SNTE que, empezando por el porro HUMBERTO ALCALÁ que antes lideró a sus pares del cartel 22, son iguales o peor. Lo criticable es que el director del IEEPO, MOISÉS ROBLES CRUZ actúe como mafioso al servicio del cartel 22 y, en desacato a una orden judicial, se niegue a pagar a los maestros que ¡sí trabajan!
Con actitud tan sumisa y deleznable al frente de una institución de un gobierno que presume es “de todos”, este joven burócrata, con tal de seguir royendo el huesito que le dieron en octubre pasado, adopte una actitud pusilánime. Servir a los intereses oscuros de una caterva de individuos y no a los oaxaqueños, presenta a este funcionario como un simple mozo de estoques usados para matar, poco a poco, la educación pública y todo signo de desarrollo ¡Qué estigma para don Moisés!
VALE anotar para la triste historia política de Oaxaca, el papel degradante de este muchacho improvisado como director del IEEPO. De pedagogía no conoce ni un gis, pero llegó a ser titular del instituto de educación pública de Oaxaca, solo por su paso en la burocracia estatal como ayudante del hoy gobernador. De allí al triste estrellato de adoptar la posición que le ordenen los capos del cartel 22. Atento a lo que ordenan sus amos, ha puesto a su disposición toda la estructura del IEEPO y los dota del dinero que es el nervio de la guerrilla que sostienen desde hace 35 años. En este momento está en un serio aprieto por la orden judicial de “páguese” (a los de la 59)
EL FIN
AUNQUE algunos insistan en que la reforma educativa “no pasa en Oaxaca”, la realidad es que a paso de tortuga pero camina. La centralización del pago de la nómina magisterial es una realidad.
LAS resistencias eran de esperarse. Es la resistencia a la disminución del número de aviadores que cobran como maestros pero son activistas de tiempo completo del cartel 22. Es, también, el fin de la fluidez de miles de millones de pesos que los sucesivos gobiernos estatales utilizaban para fines ajenos a la educación pública.
LA CLASE política que bien saben de este tema, ha empezado a hablar de dos cosas que anuncian el fin del IEEPO en manos del cartel 22.
1.- DIPUTADOS del congreso local insisten en la necesidad de desaparecer el IEEPO.
2.- LA ilegalidad en que funciona el instituto de educación de Oaxaca, más temprano que tarde, empezará a generar problemas de legalidad muy serios. Un experto consultado así lo describe:
El 18 de mayo de 1992, la Secretaria de Educación Pública, el SNTE y los gobernadores de los estados, suscribieron el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, por medio del cual se proponen transformar el sistema de educación básica – preescolar, primaria y secundaria, con el propósito de asegurar a los niños y jóvenes una educación que los forme como ciudadanos de una comunidad democrática.
A las consideraciones, medidas y programas que contiene este acuerdo, se ha añadido la educación normal, porque es la que capacita y forma el personal docente de los ciclos de educación básica.
Nótese que este acuerdo, solo se refiere a la educación básica, es decir: preescolar, primaria y secundaria, y normal.
En la misma fecha, el gobierno del estado libre y soberano de Oaxaca; suscribe con el gobierno federal y con la comparecencia del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, el convenio para la modernización de la educación básica, por el cual los gobiernos federal y estatal convienen ejecutar dentro de las atribuciones que a cada una de las partes corresponde en términos de la ley federal de educación y demás disposiciones aplicables, el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica.
SILENCIO CÓMPLICE
TODO indica que los asesinatos de la pareja de la panista IVONNE GALLEGOS, del administrador RAFAEL PÉREZ GAVILÁN y del perredista CARLOS MARTÍNEZ VILLAVICENCIO, se derivan de disputas políticas muy escabrosas.
Esta hipótesis la fortalece lo que ya mencionaba en mi columna de ayer: el silencio cómplice en el caso de los tres detenidos en Ocotlán. Aunque ya están tras las rejas se han negado, o al menos eso dice la autoridad, a declarar.
EN EL asunto de PÉREZ GAVILÁN, el silencio proviene de la misma autoridad. Nadie ha puesto en su boca tan espinoso asunto por lo que las especulaciones brotan a borbotones. Ayer insistían en que algo muy peliagudo había detectado en la dirección de infraestructura y obras de la SSO. Otras versiones indican que tenía pelos y señales del desvío de recursos para mantenimiento del sistema hospitalario. El desmantelamiento y desabasto tiene casi paralizado los hospitales. Comentan que PÉREZ GAVILÁN, hombre de todas las confianzas del equipo de Diódoro Carrasco, buscó infructuosamente en enero pasado una entrevista con el gobernador. Nunca lo recibió.
LOS QUE conocen el tema me explican que el puesto de PÉREZ GAVILÁN -subdirector de finanzas- es clave en el manejo de los recursos, tanto que allí han hecho fortunas inexplicables sucesivos titulares.
SOBRE el crimen de CARLOS MARTÍNEZ, lo que se ve es que era el pre candidato perredista a la diputación federal por Tlaxiaco, con mayores probabilidades de ganar y lo mataron. Otra cosa indiscutible es que, como nadie sabe, ni el propio gobierno, qué hace en realidad el crimen organizado, resulta fácil echarle la culpa de todo aquello que los hombres y mujeres en el poder tienen interés en ocultar.
¿Y LOS CULPABLES?
ESTOS crímenes y otros relacionados con actividades políticas en Oaxaca, difícilmente serán aclarados. Con tanta anarquía prevaleciente en la entidad, Oaxaca ha entrado en una dinámica demencial en la que cualquier cosa puede ocurrir sin que haya consecuencias. Además de estos asesinatos han ocurrido otros y absurdamente el gobierno presume que “somos uno de los estados más seguros”. Lamentablemente el estado de derecho ha perdido su significado. Las leyes se aplican selectivamente. Los capos del cartel 22 andan desatados pregonando que sentarán en el banquillo al subsecretario de Gobernación LUIS ENRIQUE MIRANDA para que les firme la libertad de los “presos políticos” incluyendo a los “maistros” secuestradores. La seguridad pública es cosa del pasado, vean como la dejó el último secretario ALBERTO ESTEVA. El Istmo y la Cuenca son paraísos del crimen organizado. Los grupos de poder fáctico, como las organizaciones que orbitan alrededor del magisterio “democrático”, hacen lo que les da la gana.
HASTA el momento, la Procuraduría de Justicia dice “estamos investigando” pero no hay información oficial sobre el avance. Ante la falta de información fidedigna se imponen las versiones más inverosímiles.
ESTO nos lleva a preguntar ¿qué pasaría si la Policía, después de investigar, llegara a una conclusión diferente? Es decir que diera a conocer el comportamiento de ciertos políticos que, con tal de conservar sus privilegios, llegaran al crimen.
