Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ
¿QUIÉN ENGAÑA AL GOBER?
Alguien engaña al gobernador Alejandro Murat. Les digo esto por la sospechosa insistencia de infiltrar en su gobierno a jarochos señalados como los que coadyuvaron en la formación de Javier Duarte como símbolo de la corrupción de este país.
En el medio “Estado 20”, trasciende que el tesorero del Gobierno del Estado de Oaxaca, Rafael Mansur Oviedo, es miembro de la familia veracruzana involucrada en el desvío de recursos del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien actualmente se encuentra preso en Guatemala.
Como prueba de su dicho, descubren que Mansur Oviedo es hijo de Rafael Mansur Sáenz, empresario hotelero investigado por la venta de una casa al ex mandatario veracruzano a través de un prestanombres. Además, es primo de Antonio Mansur Beltrán, uno de los principales señalados en una red que ayudó a Javier Duarte y a su esposa Karime Macías para desviar los recursos públicos del estado de Veracruz a través de negocios inmobiliarios tanto en México como en el extranjero.
En el Gobierno de Oaxaca empezó a trabajar el primero de diciembre de 2016 como Director Administrativo de la Secretaría de Finanzas, cargo que ocupó hasta el primero de febrero de 2017; para posteriormente subir de puesto y ser nombrado como Tesorero. Mansur Oviedo asumió el cargo actual en sustitución del hijo de Martha Alicia Escamilla, directora del Registro Civil.
ANSIAS REVANCHISTAS
Conforme se acerca la fecha para las fiestas de La Guelaguetza, más rabia destilan los industriosos del chantaje político. Su “accionar” muestra que Oaxaca tiene la desgracia de ser el estado donde reinan la impunidad y la venganza política.
Algunos bien informados me dicen que los grupos políticos siguen usando los mismos formatos para ajustar cuentas. Utilizan a los “maistros” del cartel 22 y a sus organizaciones rémoras. La ambición de no ser excluido del gran negocio que significa “dame para que no accione”, aglutina a los grupos más variopintos. Esto ocurre en este momento en las colonias alrededor del tiradero municipal de basura. En una jugada perversa, los capos del MORENA, fieles a la consigna del temerario “demonio de Tasmania” Flavio Sosa, simulaban desconocer los acuerdos con el gobierno para reabrir el basurero.
Obvio, la maquinaria de esta perniciosa industria no se mueve sin dinero. La mano negra y los recursos se entrelazan entre las tribus del cartel 22 y los partidos políticos, algunos ex gobernadores ávidos de venganza y, sobretodo, los partidos MORENA, PRI y PRD. En este orden.
A estos organismos, cuyo único objetivo es mantenerse en el poder, no les importa inundar de basura a nuestra ciudad (literalmente) e incitar tanta violencia.
El MORENA que en este momento pepena cualquier conflicto con miras al 2018, funciona con el sádico “demonio de Tasmania” como artífice de las quemazones como instrumento de terror; con la alcaldesa de Zaachila, Maricela Martínez Coronel, una ambiciosa mujer que para mantenerse en el poder (es por segunda vez presidenta municipal por partidos diferentes) se deja seducir por la pejemanía y el sueño de que estaría cerca del futuro presidente. Eso explica su candidez de creer que el fuego se combate con fuego.
TOCA FONDO
La improductividad y los dispendios de la LXIII legislatura del estado, finalmente, escalan a nivel nacional. Sus excesos los exhibe el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con datos y cifras que en esta columna adelantamos y que no han podido rebatir los flamantes miembros de la Jucopo: Irineo Molina (Morena), María de las Nieves García (PRI) y Carol Altamirano (PRD).
Cuando nuestros diputados aún rumian la vergüenza del veto (rechazo) a su Reforma electoral, de parte del poder Ejecutivo; la tremenda pulla que les clavó un juez federal por no cumplir en tiempo y forma con un dictamen, su insistente rechazo a la transparencia, entre otros tantos abusos, el IMCO les despliega toda su desfachatez.
Además de los salarios estratosféricos de 9.5 millones de pesos para cada uno de los 42 curulecos, no informan en qué sustentan las sumas millonarias que reciben para “gestión social”.
Algunos diputados, con la palabra previamente empeñada de no revelar la fuente, me comentan que aunque el tesorero -impuesto por el PRD- Eduardo Javier Aldana, ha revelado que recibe cerca de 400 millones de pesos de presupuesto anual, la realidad es que la suma crece. Con todo y su investidura y fuero, los diputados “del montón” no tienen acceso a la información. Nadie sabe la distribución del presupuesto. A los mismos miembros de la Jucopo, el tesorero les regatea información a menos que se lo ordene el que lo puso, Carol Altamirano.
Además de los severos cuestionamientos, los diputados del congreso local reciben otro ramalazo. El Instituto Mexicano para la Competividad, los tacha como una de las instituciones “más improductivas y gravosas”.
Con información del citado instituto, Ramiro Suárez, en la página de Animal Político, compara el comportamiento de los diputados chapulineros en cuestión de transparencia. Dice que el congreso oaxaqueño, en 2014 ejerció 290 millones de pesos más de los que tenía autorizados. Originalmente eran 330 millones de pesos.
La falta de transparencia hace imposible saber cuánto y en qué gastaron los congresos en los últimos dos años. No está disponible en sus páginas de internet ningún tipo de egresos. Los únicos que cumplieron en tiempo y forma con la rendición de cuentas, son los congresos de Guanajuato, Hidalgo y Sinaloa.
Reducirse su presupuesto, transparentar los rubros de sus egresos, la anulación del fuero, son algunos de los renglones a los que se oponen los legisladores oaxaqueños. Para estos curulecos está vedada la intención de legislar para que las leyes de presupuesto estatales contemplen reglas de disciplina financiera en los Poderes Legislativo y Judicial y organismos autónomos y no nada más para el Ejecutivo del estado.
Además de todo esto, Animal Político señala que mientras los congresos sigan limitando el acceso a la información, impidiendo la medición a la eficiencia de su gasto y derrochando recursos públicos, será más difícil que los diputados dejen de ser la institución que mayor desconfianza genera.
Un dato que revela el férreo apego del congreso de Oaxaca a la opacidad está en que en su sitio web, hasta la fecha no ha sido posible encontrar desglosado su presupuesto de egresos.
En la medición de eficiencia (mejor dicho, ineficiencia) del poder legislativo de Oaxaca, encontramos que es el más improductivo del país de acuerdo con el estudio elaborado por el IMCO. Decir que las tres últimas cámaras se han ganado su entrada a la historia como los peores congresos en la historia de Oaxaca, es evidente.
REPUNTA
La asamblea del consejo político estatal del PRI pasó sin pena ni gloria. El dirigente estatal Germán Espinoza, sin la menor idea de qué hacer con los preparativos para la próxima asamblea nacional, redujo el evento a una mera reunión de burócratas. Algunos asistentes salieron desencantados. No hubo propuestas, menos autocrítica. Ni siquiera la presencia del gobernador Alejandro Murat, levantó ánimos.
A la que ven con altibajos en su ánimo es a la diputada Mariana Benitez Tiburcio. A la alza, cuando sabe que su mecenas Jesús Murillo Karam, es pieza fundamental en la organización de la próxima asamblea nacional.
A la baja ese talante cuando descubre que en la competencia por el Senado, no es la única como mujer con posibilidades, por aquello de la paridad de género. Y es que concluyó una intensa gira de trabajo por el Istmo y Valles centrales, la directora general del Instituto Nacional de la Economía Social, Narceladia Ramírez Pineda. Mientras la primera anda en precampaña abierta, la funcionaria federal anda sembrando apoyos para hombres y mujeres oaxaqueñas creadores de microempresas.
Lo que alienta a doña Mariana es que, dicen, los preparativos de la Asamblea General no están a cargo de Ochoa. El presidente Peña Nieto encargó esa responsabilidad a Ruiz Massieu, que es una negociadora dura y con bajos niveles de tolerancia, y al ex procurador Jesús Murillo Karam, quien ha trabajado estrechamente con el presidente en materia electoral y partidista desde hace más de una década.
