La falta de recursos ha inhibido el desarrollo y la proyección del nuevo sistema de justicia penal y ha limitado el avance de los sistemas de justicia de oralidad mercantil y laboral, reconoce el titular del Poder Judicial del Estado Eduardo Pinacho Sánchez. En entrevista con Real Politik admite que hay fallas y corrupción en el sistema de justicia; habla de cómo ha impactado la pandemia del Covid-19 en la impartición de justicia, acepta que hay rezago de expedientes y rechaza una contrarreforma al sistema de justicia penal
Luis RAMÍREZ
El principal reto para modernizar el sistema de justicia en Oaxaca es el presupuestal, afirma el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez.
La falta de presupuesto ha limitado el desarrollo y consolidación del nuevo sistema de justicia penal y del sistema de justicia de oralidad mercantil en Oaxaca, afirma.
El Poder Judicial requiere de mayor presupuesto para poder abrir nuevos juzgados en las diferentes regiones de la entidad, contratar a un mayor número de jueces y construir nuevas salas de audiencias porque las que existen son muy limitadas, dice el también presidente del Consejo de la Judicatura.
Aclara que si no se abren nuevos juzgados en las diversas regiones del estado se podría limitar el acceso a la justicia de mucha gente que tendría que trasladarse a la capital para promover los juicios correspondientes y eso resultaría denegatorio del derecho que tienen todas las personas de acceder a una justicia pronta y expedita.
Por ello, insiste en la necesidad de que el Poder Judicial debe allegarse de mayores recursos con el apoyo de los poderes Judicial y Legislativo.
Para el ejercicio 2020, el Poder Judicial de Oaxaca ejerce un presupuesto de 900 millones de pesos, pero el 95 por ciento de esos recursos se destina al pago de salarios y el 5 por ciento restante es para la inversión, lo que resulta insuficiente para cumplir con el reto de modernizar el sistema de justicia.
En entrevista con Real Politik, el magistrado Eduardo Pinacho admite que hay fallas y deficiencias en el Poder Judicial, que todavía persiste la corrupción, pero aclara que esto no puede generalizarse, porque es un personal determinado el que ha incurrido en actuaciones reprobables que resultan intolerables en un sistema de justicia.
El también Doctor en Derecho habla sobre los retos que ha impuesto la pandemia del Covid-19 en materia de justicia y de las oportunidades que ofrece la emergencia sanitaria para lograr un desarrollo, sobre todo tecnológico; rechaza que esté paralizado el sistema de justicia y acepta que existe un rezago de expedientes.
Del nuevo sistema de justicia penal adversarial, el Maestro en Derecho Privado, considera que tiene sus virtudes y deficiencias, pero rechaza que a cuatro años de entrada en vigor pueda darse una contrarreforma en materia de justicia penal, porque representaría un retroceso a un sistema inquisitivo, que no resulta conveniente para el cumplimiento de los derechos humanos.
SIN PRESUPUESTO
El titular del Poder Judicial en Oaxaca sostiene que a pesar de la limitación presupuestal que enfrenta desde su llegada al cargo en enero pasado, con imaginación y talento se ha avanzado en la medida de lo posible, aunque insiste que la falta de recursos ha frenado el desarrollo y la consolidación del nuevo sistema de justicia penal en la entidad.
“La falta de presupuesto es lo que fundamentalmente ha limitado la consolidación y el desarrollo del sistema de justicia penal y por supuesto de los sistemas de justicia mercantil y laboral”, subraya.
A estas alturas, agrega Pinacho Sánchez, debiera de estarse hablando de una consolidación del nuevo sistema penal, “pero en realidad pareciera que todavía estamos en la implementación de la primera etapa, no hemos terminado la primera etapa y por lo tanto en la consolidación falta mucho por lograr”.
Dee manera particular, precisa, en este año hay un rezago en la atención de los asuntos por la pandemia, “hemos estado en la suspensión de actividades derivada del confinamiento al que nos hemos obligado para proteger no solo a nuestro personal sino también al público.
Por otro lado, destaca la falta de salas para audiencias, son muy limitadas en este momento, se requiere de un mayor número de salas, de un mayor número de jueces y esto no ha sido posible lograrlo precisamente por la falta de recursos.
Refiere que el Poder Judicial del Estado tiene que implementar nuevos sistemas, nuevas áreas, nuevas materias, todo con el mismo presupuesto, “tenemos ya que echar andar la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, el nuevo sistema de justicia de oralidad mercantil”, pero sin recursos adicionales.
Al hablar sobre el avance del sistema de justicia de oralidad mercantil, precisa que hay un solo juzgado de este tipo en la entidad, cuando otros estados de la República tienen decenas de juzgados de oralidad mercantil.
Adelanta que a pesar de la contingencia se concluyó la construcción de los juzgados de oralidad mercantil de Huajuapan de León, Salina Cruz y Huatulco, los cuales podrían estarse inaugurando el próximo mes, lo que sumaría un total de cuatro juzgados con el que ya opera en esta capital, pero, aclara que se requieren más.
El sistema de justicia laboral se pondrá en marcha en 2021. En el mes de octubre del próximo año ya tienen que estar los juzgados equipados y con el personal asignado, por lo que ahora hay un proceso de capacitación para quienes ocuparán las plazas de actuarios, secretarios y jueces.
Al ser entrevistado en sus oficinas del Consejo de la Judicatura, el magistrado presidente del TSJE subraya que los 900 millones de pesos que tiene etiquetados el Poder Judicial este año no alcanzan para crear nuevos órganos institucionales, para poner en marcha nuevas materias o para modernizar los sistemas de trabajo, “eso nos mantiene anclados en procesos y procedimientos un tanto rebasados que ya no corresponden con una realidad tecnológica”, mientras en otras entidades ya trabajan sobre el esquema de un tribunal virtual.
LAS FALLAS
Eduardo Pinacho Sánchez inició su carrera en el Poder Judicial como ejecutor, una de las categorías más bajas, luego fue secretario general del TSJE, posteriormente juez y magistrado de la Sala Civil y de la Sala Constitucional que antes era la Cuarta Sala Penal. Hoy, encumbrado en el máximo peldaño de este poder habla de la realidad que enfrenta la impartición de justicia.
–¿Hay deficiencias en el Poder Judicial?–, inquiere el reportero.
–Si, si hay. En lo tecnológico, por ejemplo, de acuerdo con este nuevo sistema se deben llevar a cabo audiencias que tienen que estar videograbadas, carecemos de tecnología, carecemos de un equipamiento moderno, es un equipo que se compró hace diez años y que ahorita ya quedó rebasado. No tenemos a veces una conectividad que resulta indispensable, queremos llevar a cabo audiencias en regiones donde la señal de Internet es muy limitada. En este momento tendríamos que llevar a cabo un mayor número de audiencias a distancia, de manera virtual, pero no podemos hacerlo, precisamente por una falta de conectividad suficiente y por otro lado la falta de un equipo moderno, la falta de salas de audiencia, la falta de jueces, son esas circunstancias que en un momento dado están inhibiendo el desarrollo y la proyección del sistema de justicia penal.
–¿Hay fallas?
–Por supuesto. Claro que sí, hay fallas, pero son fallas que no podemos generalizar. Hay fallas en lo que toca al retraso, al rezago que en un momento dado se da en algunos juzgados. Hay irresponsabilidad, hay ineficiencia de parte muy específica de algún personal, hay actos de corrupción, falta de capacitación, pero son fenómenos que no podemos generalizar.
LA CORRUPCIÓN
–¿Habla usted de corrupción?
–Tengo al frente del Tribunal Superior de Justicia lo que va del año, estamos empezando a identificar algunos actos, algunas personas que han incurrido en actuaciones que definitivamente resultan reprochables y le estamos dando seguimiento. Como consecuencia de la pandemia, la Visitaduría que es el área responsable de instruir los procedimientos de responsabilidad correspondiente se encontraban suspendidas sus actividades, pero ya estamos reanudando y diseñando una reingeniería, una nueva estructura y una nueva forma de actuación de la Visitaduría para empezar a combatir este flagelo como es la corrupción de algunos cuantos servidores públicos del Poder Judicial del estado.
–¿Cómo ha impactado la pandemia del Covid-19 al sistema de justicia?
—Condujo a una cierta suspensión de actividades y, en consecuencia, a un retraso en la decisión de los problemas que estaban atendiendo los tribunales del estado, pero pese a ello también nos está dando la oportunidad de adelantar procesos, de implementar proyectos que veíamos a un mediano o a un largo plazo. Por ejemplo, en la cuestión tecnológica ahorita, en materia penal hemos realizado a distancia de manera virtual alrededor de unas mil 500 audiencias cuando anteriormente ese cúmulo de audiencias se llevaban a cabo de manera presencial, en forma personal, con los inconvenientes que tiene. Estamos en condiciones de llevar a cabo no solo audiencias de manera presencial, sino a través de los medios tecnológicos, notificaciones electrónicas. La pandemia nos ha generado inconvenientes para también nos ha dado oportunidad de adelantar algunos proyectos que veíamos un tanto lejanos.
EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Catedrático de diversas universidades, con cursos de especialidad en la Escuela Judicial del Poder Judicial de España y en la Escuela de la Magistratura de Brasil, Eduardo Pinacho, reconoce que Oaxaca ha perdido muchos peldaños en la ejecución y consolidación de este nuevo sistema, después de haber sido un puntero en el país y ahora se trabaja para recuperar esos primeros lugares.
Sostiene que el sistema de justicia adversarial es más transparente, es público y es un sistema más controlado, que ha permitido despresurizar las cárceles porque la prisión preventiva en este sistema es una medida cautelar de carácter excepcional, solo para determinados delitos.
–¿Es momento de hacer reformas o una contrarreforma a un sistema penal que está empezando a instrumentarse en el país?
–Una contrarreforma como tal suena bastante dura. No resulta conveniente ni creo que se dé como tal una contrarreforma, ajustes y modificaciones, considero que sí. Sobre la experiencia que se ha vivido a lo largo de estos años seguramente se están identificando algunas fallas del sistema que tendrían que corregirse o ajustarse, pero tanto como generar una contrarreforma para volver a un sistema procesal que ya fue definitivamente superado. Considero que no.
Estamos hablando de más de 10 años de que se implementó este nuevo sistema y considero que tiene más virtudes que deficiencias y habría que aprovecharlas. Sí, ajustar, pero simplemente un mero ajuste, pero no tanto un retroceso a un sistema anterior inquisitivo, que no resulta conveniente para el cumplimiento de los derechos humanos.
