El cierre del penal de Santa María Ixcotel se da diez años tarde; desde el inicio de la administración de Gabino Cué se admitió que las instalaciones eran obsoletas y se requería una nueva penitenciaría; en 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre el riesgo de un motín y, sin embargo, las autoridades mantuvieron vivo un lugar donde reinó la corrupción, el poder compartido con los reos, las drogas, la prostitución y la conversión de criminales menores en miembros del crimen organizado
Texto: Alonso PÉREZ AVENDAÑO
Fotos: Esteban CHINCOYA
Autogobierno, corrupción e impunidad son tres palabras que describen la situación que reinó en el penal de Santa María Ixcotel durante décadas. Sexenio a sexenio, la penitenciaría central de Oaxaca fue un lugar donde criminales ordinarios podían ser rehabilitados como criminales organizados, donde las autoridades permitieron la conformación de un feudo donde quien más pagaba más tenía y quien no pagaba no tenía ni si quiera un lugar para dormir. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobó por más de un lustro la imposibilidad del gobierno de Oaxaca para garantizar la seguridad, salud y rehabilitación de los internos. El exdefensor de los Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, lo sintetiza de la siguiente forma: Ixcotel fue una “universidad del hampa”.
El cierre del penal anunciado el pasado 26 de octubre se da más de diez años tarde. Las autoridades sabían de los problemas graves que representaba esta prisión, desde la sobrepoblación y el hacinamiento hasta el tráfico de drogas y la permanente disposición de directivos y funcionarios estatales para compartir la toma de decisiones con reos de alta peligrosidad.
En el primer año de la actual administración, la CNDH le indicó al gobierno estatal priista el camino a seguir. Ixcotel carecía de un reglamento interno, ni siquiera tenía los suficientes elementos para la custodia y seguridad. Los rubros de ausencia de privilegios, ausencia de objetos y sustancias prohibidas, ausencia de prostitución, ausencia de internos que ejerzan violencia o control sobre el resto de la población fueron calificados con 1.39, 0.83, 3.89 y 0 puntos de un total de diez posibles. En higiene la calificación fue de 0.66 puntos. Adentro de este penal se cobraba por protección, por tener una plancha para dormir, por medicamentos, por alimentos.
La situación cambió muy poco en dos años. En el diagnóstico de reclusión penitenciaria de 2019, la CNDH volvió a exhibir que en Ixcotel no había medicamentos, ni material de curación ni atención psicológica para los internos. La higiene de las instalaciones fue calificada con 2.66 puntos, la higiene de la cocina, con 3.3. Aunque de acuerdo con esta última versión del reporte, el autogobierno terminó, la prostitución al interior del penal persistía, al igual que el ingreso de drogas y objetos prohibidos.
“Desde hace muchos años había tenido una gran problemática, no existían las condiciones ni de seguridad ni de humanidad necesarias para poder, de manera digna y segura garantizar la estancia de las personas que ahí se encontraban. El penal de Ixcotel no nada más significaba un riesgo para la seguridad pública, social, significaba un riesgo generalizado”, explica el ex ombudsman Arturo Peimbert en entrevista con Real Politik.
Para Peimbert, aunque el traslado de reos al penal varonil de Tanivet es un signo favorable para mejorar la situación de los reos y garantizar una mejora en la seguridad pública y jurídica, esta medida se da tarde, pues la contaminación entre reos que cometieron delitos menores y otros de alta peligrosidad se consintió por demasiado tiempo.
“No había una segmentación clara del nivel de peligrosidad de los reos, cuando ingresaba un reo por un delito menor terminaba aprendiendo a cometer otro tipo de delitos o generar un mecanismo de delincuencia organizada junto con otros internos que estaban purgando penas de mayor peligrosidad. La falta de segmentación sobre el grado de peligrosidad no existía, no existía un protocolo, se convirtió en una universidad del hampa”, señala.
“En materia de salubridad era un penal que no gozaba con los mínimos necesarios para garantizar la salud de las personas que ahí estaban recluidas y trabajaban, era un foco infeccioso permanente, no nada más por las fallas que existían en sus instalaciones y las deficiencias que tenía el sistema penitenciario en Oaxaca, sino por el hacinamiento que persistía”, agrega.
“Había enfermedades que podían ser curables pero que no se contaba con la capacidad de poder atender. Si bien es cierto que de manera endógena generaba una problemática de seguridad y de salud, también lo generaba hacia fuera, estaba ubicado en una zona urbana de alta densidad poblacional, implicaba mucho riesgo para los avecindados en este penal. Si tuviéramos que resumir en algunas palabras el penal de Ixcotel, lo tendríamos que resumir como se le conoció en algún momento a otros penales históricos, eran universidades del hampa”.
AUTOGOBIERNO, PRIVILEGIOS
Pese a la negativa de las autoridades a aceptar las malas condiciones en las que operaba el penal de Ixcotel, la falta de salubridad, las pésimas instalaciones y la corrupción generaron privilegios múltiples para los reos. Los reos vivían con todas las comodidades que podían comprar. Si había dinero había televisión, teléfonos celulares, drogas, mujeres.
“Los niveles de corrupción fueron muy altos, muy fuertes, se generó por mucho tiempo un autogobierno, que estaba basado en una serie de criterios lejanos a los derechos humanos, a la legislación vigente en el estado, no podemos dejar de mencionar que la calidad de reclusión dependía de la cantidad de dinero que podías tener”, señala Peimbert.
“Había gente con privilegios que solamente los podían obtener a través del pago a los que estaban encargados de este penal. Lo detectamos en gobiernos pasados, marcadamente en la administración de Ulises Ruiz, también en la de Gabino Cué, señalamos esta administración, había personas que podían tener dos o tres espacios de celdas individualizadas, tenían muchos más metros cuadrados que cualquier otro, mientras en otras celdas podríamos encontrar gente que hasta se amarraban para poder dormir, porque no había espacio dónde descansar el cuerpo, esto obedecía a que había gente que evidentemente tenía una fórmula de pago”.
Peimbert señala que las malas condiciones de salubridad que imperaban en el penal de Ixcotel fueron aprovechadas por abogados para liberar a reos de alta peligrosidad. “Hubo inclusive temas que tuvieron que ver con materia jurídica, hubo abogados que plantearon la falta de compatibilidad del sistema penitenciario con las enfermedades que padecían algunos de los internos, de esta manera obtuvieron su libertad reos de alta peligrosidad, esto evidentemente tenía que ver con que se propiciaba una serie de circunstancias, falta de certidumbre jurídica, de seguridad y, lo más importante, impunidad y fomentaba la corrupción”.
–¿El traslado de los reos a un nuevo penal, en Tanivet, con mejores instalaciones y mayores protocolos de vigilancia y seguridad garantiza que se pueda acabar con el autogobierno?
–No, es un esfuerzo cotidiano, un gran reto. El problema penitenciario es muy grande y la medida que se acaba de tomar es relevante, paradigmática, se luchó mucho por ella durante mucho tiempo y por fin se está cristalizando. Ahora, tenemos que enfocarnos en el día a día, en generar condiciones de derechos humanos, dignidad humana, seguridad pública y seguridad jurídica.
–¿Existe riesgo de que los privilegios y los autogobiernos continúen?
–El riesgo es latente porque es un sistema a nivel nacional que siempre pugna por quebrar la ley, los riesgos siempre están, pero la medida es muy importante. El cambio a un penal en mejores condiciones ya es combate directo a la corrupción que involucran los autogobiernos y estos modelos inhumanos de gestión de los penales. La segunda batalla tendrá que ser la vigilancia permanente.
