Primero fue el gobernador de Jalisco y le siguieron los de Nuevo León, Aguascalientes, Colima y Michoacán. La opción de romper el pacto fiscal federal ya contempla incluso la posibilidad de celebrar una consulta popular para decir si se continúa o no; esta situación se da dentro de un proceso electoral, de cara a la aprobación del Presupuesto 2021 y también en una pugna personal entre los gobernadores aliancistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Podría salir muy caro a sus gobernados, advierten especialistas a mandatarios
“Están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. Primero, porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarles a los ciudadanos de los estados que gobiernan”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
“¿Cómo ven? ¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye?”
Jaime Rodríguez “El Bronco”
Gobernador de Nuevo León
Daniela BARRAGÁN
No es la primera ocasión que un gobernador amenaza con romper el pacto federal, pero salirse no es una cuestión rápida y sencilla cuando la mayoría de las entidades tienen problemas como una deuda alta –como es la situación de algunos de los estados que integran la Alianza Federalista– y con la dependencia que se tiene a las transferencias federales, que componen el 80 por ciento de sus recursos.
Hasta el martes, los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”; de Colima, José Ignacio Peralta, y Aguascalientes, Martín Orozco, informaron que ya analizan realizar una consulta ciudadana para saber si los habitantes de sus entidades desean abandonar el pacto federal. Además, Silvano Aureoles, de Michoacán, se sumó a la iniciativa de Jalisco, donde Enrique Alfaro afirmó por la mañana que sí la llevará a cabo, esto en respuesta a la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Alianza Federalista, que agrupa a diez gobernadores de la oposición, arremetió este lunes contra los recortes en el presupuesto y “el centralismo” que perciben del Gobierno federal, liderado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los diez Gobiernos estatales emitieron desde cada una de sus regiones pronunciamientos simultáneos para protestar junto a representantes de ayuntamientos, empresarios, universidad y organizaciones civiles.
“Cerramos filas ante los embates del Gobierno central y sumamos la voz a otros nueve estados de la República para exigir al Presidente que nos reciba, nos escuche y genere condiciones para que se corrija el presupuesto”, expresó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
En un acto en la capital chihuahuense, Corral, quien durante las últimas semanas ha mantenido un duro enfrentamiento con López Obrador por el Tratado de Aguas con Estados Unidos, dijo que están “listos para dar la batalla política y jurídica” contra el Presidente.
La Alianza Federalista, que fue creada por gobernadores molestos con el manejo de la pandemia de la Covid-19 por parte del Gobierno federal, está compuesta por Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, diez de los 32 estados del país.
Ante las amenazas de esta Alianza Federalista de romper el pacto federal si no se atienden sus quejas ante los recortes de presupuesto para 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta posibilidad no es viable, pero invitó a los gobernadores de este grupo a consultar a ciudadanos al respecto.
El presidente planteó que también se necesitaría una reforma que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que tendría que resolver el Poder Judicial. También acusó que este comportamiento se debe a la temporada de elecciones: “y se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos”.
Especialistas en el tema del pacto fiscal coincidieron en que de entrada no es una decisión que sea sencilla porque más allá del deseo de “separarse” y de los trámites en los congresos locales y el nacional, están las capacidades de cada estado para empezar a recaudar, sobre todo cuando actualmente el 80 por ciento de sus recursos provienen de las transferencias federales.
Iniciar con esto implicaría un proceso de más de dos años en los que se contaría con infraestructura física y humana para realizar nuevas tareas y establecer una estructura fiscal en donde la entidad que se separe sea la encargada de recolectar sus propios impuestos.
Por otro lado, está el tema de la deuda y los problemas que tienen estados de la Alianza como Chihuahua y Coahuila. “Si se relaciona la deuda con respecto a los ingresos totales, se vienen muchos problemas. Chihuahua tendría que dedicar el 70 por ciento de sus ingresos totales a la deuda y Coahuila el 75 por ciento”, comentó en entrevista el maestro Raúl Ignacio Morales Chávez, académico de la Facultad de estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Desde su perspectiva, aunque el tema fiscal tomó ya tintes políticos, el pacto debe revisarse porque sí está desgastado. En el pasado, en 2007 con Felipe Calderón y en 2013 con Enrique Peña Nieto, las protestas de los gobernadores se calmaron con la creación de fondos a los que fueron a parar los ingresos petroleros de esos años y calmaron los ánimos de rebelión para exigir más recursos.
“Se han hecho parches, con cañonazos de dinero se ha acallado la situación, pero sigue el problema que no se ha solucionado de fondo […] En 2007 hubo algo parecido, con los panistas, que muchos se inconformaron con las participaciones y los recursos que tenían. Se hizo una reforma y lo que salvó fue el aumento del precio del petróleo a nivel internacional y entró mucho dinero, entonces se crearon fondos para resarcir esa caída de los impuestos que había habido […] en 2013 sucedió lo mismo: hubo una caída grave de las participaciones y se levantaron en armas los estados y dijeron que solicitaban un resarcimiento de los recursos. Lo que hizo Peña fue que tomó recursos de los precios del petróleo y creó fondos para equilibrar y entregarles más recursos”, contó Morales Chávez.
IMPLICACIONES DE LA RUPTURA
El Pacto Federal fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación, “nunca para perpetuar contrastes y rezagos. Ello exige avanzar a un federalismo que sea un eficaz instrumento de redistribución de los recursos y las oportunidades. Este Plan reconoce que todos los órdenes de gobierno, las entidades federativas y los órganos del Gobierno Federal deben asumir corresponsablemente los programas y acciones para equilibrar recursos y oportunidades, a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y entre los municipios”, puede leerse en el Plan Nacional de Desarrollo.
Christopher Cernichiaro Reyna, coordinador de Finanzas Públicas locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explicó que los elementos que componen el pacto fiscal son el gasto federalizado que es la bolsa de recursos que entrega la federación a los estados y las participaciones, que son los recursos que se les dan a los estados y que son de libre disposición, es decir, los estados las pueden utilizar para lo que quieran.
En el análisis del uso de este dinero, de acuerdo con lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), éste se utiliza para financiar el funcionamiento cotidiano de instituciones subnacionales como sus secretarías, universidades, etcétera.
Otro elemento importante son las aportaciones, que son recursos que están etiquetados que van a áreas de salud, educación, infraestructura social, asistencia, seguridad pública. “Salirse del pacto implicaría tener menos recursos para los fines que mencionamos, ahí habría una implicación directa en el funcionamiento cotidiano de las instituciones, lo que se haya etiquetado para salud, educación, infraestructura”, comentó Cernichiaro Reyna.
Las participaciones federales, continuó el investigador, se distribuyen de acuerdo a fórmulas que están en la Ley de Coordinación Fiscal, que les van a dar más recursos a los estados que tengan PIB más alto y recaudación local más alta, es decir, una actividad económica más alta. Para las aportaciones se toman criterios de quién está más rezagado; “es la naturaleza del pacto fiscal: por un lado, premia la actividad económica, pero tampoco deja atrás a los estados más rezagados, pero si se empiezan a salir estados, ese equilibro podría perderse”.
LA COVID-19 Y LA DEUDA
Ante la pregunta de si es viable la ruptura, el académico de la UNAM asegura que se trata más de una cuestión política y resaltó: “este grupo está conformado por cinco gobernadores panistas, dos priistas, un perredista, uno de Movimiento Ciudadano y uno independiente”.
Mencionó que un factor que detona la inconformidad de los gobernadores es algo que se salió del control de todo mundo: el coronavirus.
De acuerdo con sus datos, a agosto las aportaciones tuvieron un incremento de 4.2 en términos nacionales y para los estados de la Alianza fue de 3.8 por ciento. En las aportaciones, por el contrario, Jalisco recibió el 5.4 por ciento más, Chihuahua 4.6 por ciento más y Aguascalientes que recibió 6.1 por ciento más.
Sobre las participaciones, que son los recursos resarcitorios de libre aplicación, a agosto de 2020, la Alianza ha visto disminuido los recursos que obtiene en un 7.2 por ciento. Es un poco menos de lo que ha sido el promedio nacional de 7.3 por ciento.
“¿Por qué cayeron las participaciones? Esas son un presupuesto no programable y que dependen de la recaudación federal y se vieron disminuidos los ingresos que capta la federación en un 4.6 por ciento a agosto de 2020. Esto significa que derivado de que se cayó la actividad económica, se cayeron los impuestos, se cayó la recaudación federal participable”, explicó.
El que más sufrió fue Guanajuato, en un 13.2 por ciento; Michoacán, 9.6 por ciento; Coahuila, 9.4 por ciento y Nuevo León, 9.3 por ciento.
“Toda la Alianza tuvo una pérdida de 12 mil millones que a pesar de que tuvieron un incremento en las aportaciones de 5 mil millones, no se pudo compensar la caída de las participaciones con el aumento de las aportaciones, ya que solamente el aumento de las aportaciones cumplió el 42 por ciento del déficit. Pero esa es solo una parte del problema que ellos tienen”.
El maestro de la FES Aragón ofreció otro dato: el de la deuda.
“Una de las cuestiones que revisé es al segundo trimestre, la deuda de la Alianza, los estados que están lidereando esta idea de la separación, que son Chihuahua y Coahuila, son los más endeudados. Si se relaciona la deuda con respecto a los ingresos totales, se vienen muchos problemas. Chihuahua, el 70 por ciento de los ingresos totales los tendría que dedicar a deuda, Coahuila el 75 por ciento. Tienen un problema muy fuerte respecto a sus niveles de endeudamiento y con los recursos que ellos captan. Esto es uno de los aspectos principales”, mencionó.
Aunque estos compromisos se contrajeron en sexenios de César Duarte Jáquez y Javier Moreira respectivamente, no se ha logrado disminuir.
“Ante la declaración del Presidente, les pregunto: ¿Quieren las y los guanajuatenses que el gobierno federal regrese los recursos para los tratamientos de cáncer, becas para estudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura, deporte, seguridad e infraestructura que les corresponden?”
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo
Gobernador de Guanajuato
“En Michoacán le tomamos la palabra al presidente y realizaremos una consulta para ver qué piensan los ciudadanos del trato que da la federación a estados y municipios”
Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán
“Tomándole la palabra al presidente, hicimos un ejercicio de calentamiento para la consulta que haremos pronto. Les hicimos una pregunta a las ganaderas y ganaderos de Jalisco”
Enrique Alfaro
Gobernador de Jalisco
