Agustín Castilla
@agus_castilla
La reforma político-electoral no ha dejado de generar polémica desde que inició su discusión hace más de un año.
En ese entonces muchos dudábamos que centralizar la organización de las elecciones en lo que era el IFE y desaparecer a los institutos y tribunales estatales fuera la única o mejor forma para resolver un problema que era evidente, la injerencia que llegaba incluso a ser ofensiva de muchos gobernadores en los órganos locales, y en cambio si iba en contra de la tradición federalista de nuestro país.
El diagnóstico era compartido pero no necesariamente el remedio propuesto que ante la oposición de los gobernadores, quizá de la mayoría, al final no pudo transitar en el Congreso pero tampoco pudieron imponerse del todo.
El desenlace ya lo conocemos, un modelo híbrido por el cual coexisten los denominados organismos públicos locales con el actual Instituto Nacional Electoral, pero cuyas facultades se ampliaron y ahora es el órgano que nombra a los consejeros electorales de cada entidad sustituyendo a los congresos locales, en tanto que los magistrados son designados por el Senado.
Tampoco les ha de haber causado mucha gracia el que se le haya otorgado al INE la facultad de atracción total o parcial para organizar una elección local, o la de fiscalización a partidos y candidatos en todos los procesos electorales. Pero más allá de cualquier consideración, lo cierto es que la reforma político-electoral tanto en su vertiente constitucional como legal es un hecho consumado y se tiene que acatar.
Por eso no se explica la resistencia de los congresos locales -muy probablemente instruidos por los gobernadores que siguen siendo sus jefes políticos- para adecuar su normatividad electoral a lo que dispone la Constitución Federal y las leyes generales de Instituciones Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos en el plazo establecido, particularmente en el caso de las entidades donde habrá elecciones en 2015 que son ni más ni menos que 17 (Colima, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora para gobernador, y Baja California Sur, Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco y Tabasco que se elegirán únicamente diputados e integrantes de los ayuntamientos).
Parece que lo único que están haciendo es confirmar que la única alternativa viable estriba en que los institutos y tribunales salgan de la esfera de control estatal, lo que se refuerza aún más con lo que está sucediendo en Nayarit que nos recuerda las peores épocas de un régimen totalitario.
Faltan aproximadamente 15 días para que cuando menos estas 17 entidades reformen sus respectivas constituciones y adecuen o emitan una nueva ley de instituciones y procedimientos electorales, ya que de lo contrario entrarían en el supuesto del artículo 105 constitucional que establece que el límite para realizar modificaciones en materia electoral es de 90 días antes del inicio del proceso electoral y por tanto no serían aplicables para las elecciones del 2015.
Esto quiere decir que si no cumplen, los organismos públicos locales tendrían que organizar las elecciones conforme a la Constitución Federal, las Leyes Generales y los lineamientos que emita el INE, pero con un código electoral estatal obsoleto, lo que podría generar mucha confusión e incrementar la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral decida asumir la organización de las elecciones.
A esta fecha tan sólo un Congreso local ha concluido con la adecuación a ambos ordenamientos, y alrededor de seis ya reformaron su constitución pero aún están en vías de hacerlo con su legislación electoral. Tal parece que la apuesta de algunos sigue siendo boicotear la reforma para mantener el status quo pero sigo sin entender qué ganan. Es claro que las reglas anteriores ya no aplican y que los consejeros y magistrados locales se tienen que ir. Les guste o no es una decisión tomada y para ellos una batalla perdida, mejor que de una vez se hagan a la idea.
