Editorial
Un nuevo choque de trenes se registró la semana pasada entre el Poder Judicial de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado, por la liberación de Jehu G.L., presunto coparticipe en el triple homicidio de Pamela Terán, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Guerra, por parte del juez de Control de Juchitán, Omar Morales Simón.
Mientras el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez consideró que el presunto homicida debió haber sido vinculado a proceso, el Juez de la causa decidió poner en libertad al detenido al considerar que no había pruebas suficientes para vincularlo a proceso.
Soledad Jarquín Edgar, periodista y madre de una de las víctimas, la fotorreportera María del Sol Cruz Jarquín sostiene por su parte que en la liberación del presunto homicida de su hija hubo presión política, debido a que es protegido por los hermanos Francisco y Hageo Montero López, quienes a su vez están vinculados al ex gobernador José Murat Casab.
La sociedad oaxaqueña y los periodistas han reiterado la exigencia de que se investigue a fondo y se aclare el triple homicidio, porque una de las víctimas es, además de fotoperiodista, hija de una destacada comunicadora, como es Soledad Jarquín Edgar, y porque existe el antecedente de que la mayoría de los homicidios en contra de periodistas no son castigados.
El punto es la contradicción entre la Fiscalía General del Estado que asume que hizo su trabajo y que logró, como resultado de ello, la detención de uno de los presuntos autores materiales del triple homicidio; y el Poder Judicial de Oaxaca que, con sus propios argumentos, resolvió la libertad del detenido en vez de vincularlo a proceso.
La Fiscalía no tiene el prestigio ni la mejor reputación en materia de investigación y esclarecimiento de muchos de los graves delitos que se cometen en Oaxaca, por lo que existe la duda acerca de los elementos que aportó en la carpeta de investigación para el esclarecimiento del triple homicidio ocurrido en Juchitán el 2 de junio del presente año.
Del lado del Poder Judicial de Oaxaca, tampoco existe confianza plena en las resoluciones de los jueces debido a que, en algunos casos, no valoran los elementos de prueba aportados por la Fiscalía, y en otros, cede a presiones políticas o de poderes fácticos que son capaces de doblar la vara de la justicia.
En este particular caso, el gobernador Alejandro Murat tuvo que pronunciarse debido al interés de los periodistas por conocer su opinión sobre la determinación del Juez, refiriendo que su gobierno tiene todo el interés de esclarecer los hechos, y que la Fiscalía apelará la resolución judicial.
Sí, efectivamente, el mismo Fiscal anunció que hará uso de los recursos legales para tratar de revertir la resolución del Juez, lo que podría corregir la omisión en hacer justicia; pero también es probable que su determinación de poner en libertad al detenido, sea ratificada.
Por ello, el tema de fondo es la diferencia en criterios entre funcionarios de la Fiscalía General y del Poder Judicial, porque siendo su trabajo la investigación de los delitos, el Fiscal no puede consignar una carpeta de investigación sin los elementos de prueba suficientes, y el Juez tampoco debe desestimar el trabajo de la Fiscalía.
Hace falta, pues, que tanto la Fiscalía General como los jueces asuman que tienen la responsabilidad de hacer justicia a las víctimas y que, cuando surgen estas diferencias en criterios, no solo contribuyen a un mayor desprestigio de las instituciones, sino que generan irritación natural entre los familiares de las víctimas por falta de coincidencia en los criterios para hacer efectivo su trabajo de aplicar la ley en contra de quienes, como en este caso, cometen delitos graves como un triple homicidio.
En el caso de este triple homicidio lo que se deja ver es que en Oaxaca tenemos una justicia incompetente.
