El Sistema Estatal Anticorrupción, el Órgano Fiscalizador, el Instituto de Acceso a la Información… los órganos de participación ciudadana han comenzado a ser cooptados por el gobernador Alejandro Murat que, con la complacencia del Poder Legislativo, ha impuesto a personajes afines como encargados de tareas vitales para evitar un nuevo saqueo al estado; ahora, con la nueva Legislatura de mayoría morenista la pregunta será si verdaderamente se creará en Oaxaca un equilibrio de poderes autónomos o continuará el poder sin cortapisas del Ejecutivo estatal
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá la oportunidad de clausurar uno de los vicios más longevos del gobierno en Oaxaca, que ha superado al gobierno de alternancia y al regreso del PRI, el autoritarismo, esa cualidad que han mantenido los gobernadores “virreyes” para disolver las líneas que separan su poder Ejecutivo del Judicial, el Legislativo y de la cuarta vía, los órganos autónomos.
Hasta ahora el gobernador Alejandro Murat ya ha ganado las partidas en los órganos que deben limitar el actuar de la función pública: el sistema estatal anticorrupción, con la fiscalía y el comité ciudadano anticorrupción, el Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Oaxaca, además del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIPO).
Asimismo se observa en el horizonte la elección de los presidentes de dos órganos de cuya autonomía dependen temas vitales para la construcción democrática: las elecciones y los derechos humanos.
En mayo vence el cargo como defensor de los derechos humanos de Oaxaca de Arturo Peimbert; posteriormente, antes del 30 de septiembre de 2020, deberá ser electo el nuevo presidente del Instituto Estatal Electoral para conducir las elecciones intermedias del mandato de Murat. Hasta hoy el gobernador propone y el Congreso obedece, las cartas marcadas del Ejecutivo para ocupar los espacios “ciudadanos” han pasado sin discusión ni debate en San Raymundo Jalpan y la pregunta ahora es si Morena decidirá frenar estas imposiciones y crear verdaderos equilibrios de poder autónomos para Oaxaca.
Negra tradición
Para el abogado Geovany Vásquez Sagrero, especialista en temas de participación ciudadana, la injerencia del Ejecutivo local en las decisiones del Congreso sobre la elección de integrantes de órganos autónomos es una tradición que se ha vuelto un vicio. Si se señalan las “propuestas” de Alejandro Murat, asegura, aún se pueden encontrar personajes vinculados con la anterior administración.
“Debemos observar que los órganos centralizados y descentralizados han dejado de ser una alternativa para cumplir las exigencias de la sociedad, por lo que se creó una tercera o cuarta ruta, que son los órganos autónomos, pero que desafortunadamente empiezan con vicios muy similares, no es nada más transparencia, hay que ver quién es el ómbudsman, para nadie es secreto que él fue encargado de la oficina de la gubernatura con Gabino (Cué).
“El mismo instituto de transparencia tiene entre sus antecedentes un dato negro, la primera ley de transparencia que nace en Oaxaca en 2006 se aprueba en el patio de la casa de Genaro Vásquez, estaba el conflicto de 2006. Se aprueba la ley de transparencia, que a los pocos meses fue calificada por los indicadores estándar a nivel nacional como la ley más opaca de todo México y el primer presidente del instituto fue el que prestó su casa para aprobarla”.
Largo historial
El historial de intromisiones del gobernador en la selección de personajes, es extensa e incluye a secretarios particulares que se han convertido en presidentes del órgano electoral o que se han vuelto funcionarios y francas negociaciones entre partidos para repartir cuotas.
“Analicemos uno a uno, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), uno de sus presidentes, José Luis Echeverría, a los dos años terminó siendo el representante electoral de (Javier) Villacaña, después fue el comisario de Seguridad Pública de su gobierno, y así los consejeros actuales. (Gustavo) Meixueiro, por ejemplo, colaborador de Fraguas en el consejo general del INE, cuando llega la convocatoria al IEEPCO casualmente lo eligen a él, lo mismo pasa en el Tribunal Electoral, es un vicio. Muchas veces queda como algo testimonial el proceso de selección en el Congreso.
“En la Comisión de Transparencia el PAN tenía su propuesta, Gema Sheyla, que era abogada y asesora del PRI. Después en la renovación también sabemos qué fracción puso a los consejeros. El actual presidente del órgano de transparencia también era funcionario del gobierno del estado, saltó de la Contraloría al Instituto de Transparencia, en la fracción del PRD el asesor principal era Juan Gómez, el que se va, (Abraham) Soriano, fue propuesta del PRI, en esta ocasión por el vicio parlamentario, no se le puede llamar práctica, es que se ponen de acuerdo y dicen es del PRI, le toca al PRI, ese tipo de cosas se deben evitar”, enfatiza Vásquez Sagrero.
Ante el ingreso de la próxima legislatura, de mayoría morenista, el abogado experto también en derecho electoral, asegura que el reto es inmejorable y la fracción en el Congreso local demostrará si es real el compromiso para combatir la corrupción.
“Tienen la oportunidad histórica de hacerlo, sería lo deseable para muchos ciudadanos que decimos no se puede seguir simulando estos procesos, tienen la oportunidad, tienen los números, seguramente les van a regresar los plurinominales, no tienen pretexto para decir no se pudo”.
Avances sustantivos frenados
En la construcción de instituciones ciudadanas en Oaxaca aún restan pasos decisivos que dar, desde la construcción de una contraloría ciudadana hasta la reformulación de un verdadero comité ciudadano integrado al sistema estatal anticorrupción. Sin estos avances, asegura Alejandro Cruz Pimentel, integrante del Consejo Ciudadano contra la Corrupción, la administración de Alejandro Murat va a repetir la historia de irregularidades y desfalco de Gabino Cué Monteagudo.
“Si no tenemos un buen titular de fiscalización del estado, representantes ciudadanos en el comité anticorrupción y un contralor ciudadano difícilmente terminaremos con la corrupción en Oaxaca, en un año, dos o tres vamos a estar viendo el mismo daño al erario público, porque no quieren entrar a este tema del combate frontal a la corrupción”.
La contraloría ciudadana, apunta, será un elemento central cuya creación deberá analizar la siguiente legislatura para revisar puntualmente la aplicación de los recursos del Gobierno del Estado. En el estado en que actualmente se encuentra, como una dependencia del Ejecutivo estatal, es imposible obtener el grado de transparencia deseado.
Como ejemplo señaló que la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Contraloría del Estado expedientes de promociones de responsabilidades sancionatorias contra ex funcionarios de la administración gabinista y la Contraloría aún no ha emitido ninguna resolución al respecto.
Refundación o continuidad
Para Cruz Pimentel, otro reto de la próxima legislatura relativo a los órganos autónomos será debatir la necesidad o no de refundarse para descartar a los personajes que han sido colocados por el Ejecutivo estatal. Los diputados, asegura, podrían a través de reformas legales reabrir el proceso para su conformación y evitar de una vez por todas las imposiciones.
Ante esta posibilidad, Raúl Ávila, doctor en Derecho por la UNAM, considera que la mejor alternativa sería que los mandatos de los integrantes de órganos autónomos fueran respetados “siempre que se conduzcan con integridad y no incurran en alguna causal probada para su remoción”.
“Hay que precisar que las garantías institucionales para su independencia, imparcialidad y eficacia no están todavía consolidadas en México, no solo en Oaxaca, y por ello en cada cambio de gobierno o de congreso vemos aparecer la tentación de colonizar a los órganos autónomos. Estos deben estar sometidos también a la evaluación y control del Congreso e incluso del Ejecutivo y por supuesto que de la ciudadanía mediante un diálogo abierto y respetuoso.
“El reto es consolidar instituciones y no debilitarlas y desmadejarlas. Es entendible y hasta útil que el gobernador o el Congreso influyan en esos órganos que son del Estado y no del vecino, y, por lo mismo, que no los subordinen a la voluntad de una sola persona o de un grupo de poder gubernamental o privado. En la práctica, esa dinámica ocurre y se convierte en un juego de fuerzas que debe tener como límite el marco constitucional y las capacidades y habilidades de los titulares e integrantes de poderes e instituciones”.
Colofón: Ni el “mejorcito” se salva
De las fichas que ha elegido el gobernador Alejandro Murat para ocupar los cargos de los órganos autónomos, el que mayor trayectoria profesional y académica tiene es Jorge Emilio Iruegas Álvarez, nombrado fiscal anticorrupción el 9 de junio de 2017, que resiste poco en el contraste nacional.
Iruegas es licenciado en derecho por la Universidad de las Américas y maestro en Litigación Oral por la California School of Law. Fue director general en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR y director general de Formación Profesional, Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la misma dependencia.
Fue también asesor del procurador general de Justicia de Baja California. Fue también fiscal del Ministerio Público de Salina Cruz y jefe de Control de Procesos en la Procuraduría General del Estado. Ha sido además asesor e investigador en diversos estudios de organizaciones nacionales e internacionales. Su experiencia en el tema de investigación de temas vinculados con la corrupción no aparece por ningún lado.
Una peculiar coincidencia representa un fuerte contraste entre Iruegas y otros abogados con trayectoria profesional y experiencia. Cuando Andrés Manuel López Obrador presente a la LXIV Legislatura la terna de entre quienes el Senado elegirá al próximo fiscal de la nación, aparecerá en la lista el nombre de una oaxaqueña: Eva Verónica de Gyves. Originaria de Ciudad Ixtepec, es abogada por la UNAM y tiene maestría en derecho procesal penal adversatorio. Durante 10 años se desempeñó como juez penal del Poder Judicial del Distrito Federal y, desde octubre del 2008, es magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Más de 20 años de trayectoria en el Poder Judicial le hacen candidata a ocupar el cargo más importante en cuanto a investigación delictiva en el país. En Oaxaca la situación es distinta.
A Iruegas, sus vínculos familiares le han empezado incluso a impedir hacer su trabajo.
Por su parentesco en primer grado con un alto funcionario del Poder Judicial estatal, un juez federal impidió a Iruegas conocer de una denuncia contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, dado que implicaba un evidente conflicto de interés.
