EDITORIAL
Hace poco menos de un mes, el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, reconoció en entrevista de prensa, que el catálogo de homicidios dolosos y culposos había crecido en Oaxaca de manera espectacular. En esos momentos estimó en 888 hechos criminales, la mayoría homicidios dolosos. En efecto, nuestra entidad se ha perfilado ya a nivel nacional, como un estado violento, con un crecimiento inusual en ejecuciones y operaciones criminales. Es un hecho que el crimen organizado está aquí y que la disputa es entre varios cárteles de las drogas. El sábado 2 de septiembre, cuatro personas del sexo masculino fueron ejecutados al interior de un vehículo de modelo reciente, en la colonia del Maestro, en la capital oaxaqueña.
Los hallazgos de cuerpos desmembrados, hombres y mujeres, principalmente en la Cuenca del Papaloapan y Tuxtepec, son asunto cotidiano. El mismo día del cuádruple homicidio, dos personas más fueron asesinadas con armas de alto poder, presuntamente por un comando armado, en Loma Bonita. Nuestro estado pues, vive una situación inédita en lo que se refiere a la seguridad, porque existe un ingrediente adicional: no se advierte por ningún lado que los responsables de la seguridad pública en la entidad: José Manuel Vera Salinas, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad; José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de Seguridad Pública y José Aniceto Sánchez Saldierna, Comisionado de la Policía Estatal, muestren al menos preocupación por esta situación que padecemos los oaxaqueños.
Siempre hemos insistido en que parte de la ingobernabilidad que propicia el CárteL-22 y su eterna victimización, los sindicatos del transporte y las organizaciones sociales, han sido el caldo de cultivo para la inseguridad. Los bloqueos carreteros que monta la Sección 22 no han sido tales, sino filtros porosos por donde ha penetrado la mafia. Los sindicatos de transportistas, llámense CTM, Libertad, FESO o Confederación Nacional de la Productividad (CNP) y la impunidad con la que actúan, han sido asimismo, alicientes o cómplices de los grupos criminales. Por ello, la lucha por el control de taxis y moto-taxis se ha convertido en una guerra descarnada, al igual que entre ciertas organizaciones. El trasiego de droga y el narcomenudeo están presentes no sólo en nuestra vida cotidiana y en los medios que circulan en nuestro derredor, sino también en la cadena de crímenes que se cometen a diario.
Lo más grave de todo ello es que al parecer en la administración del gobernador Alejandro Murat, Oaxaca sigue con el viejo mito de que es una de las entidades más seguras del país. Por supuesto que no. Y ello es lo que les amarra las manos a quienes tienen bajo su responsabilidad la tarea –nada fácil- de salvaguardar la seguridad ciudadana, quienes están materialmente apáticos, sancionando alcohólicos los viernes o en otras actividades ajenas a las que deben emprender. El mismo Tuñón en el triste papel de edecán en la reciente visita del presidente Enrique Peña Nieto a Oaxaca. Hay quienes tienen la idea de que sólo vinieron a negociar con los capos y grupos criminales y que de seguridad pública no saben. Además, se dice, que si bien han laborado en la Marina-Armada de México, esta institución sólo valida la designación de Vera Salinas, no las otras.
Pero frente a la parálisis policial y de los órganos responsables, el crimen organizado y los hechos criminales van ganando terreno. Por lo pronto, algunos medios nacionales que se presume trabajan de la mano con el gobierno estatal, han difundido especies preocupantes como mencionar el hecho de que en menos de 24 horas, se hayan cometido una decena de asesinatos.
