Enrique ARANDA/Excélsior
No deberá transcurrir mucho tiempo antes de que se evidencie si el Presidente opta por dar un golpe real de timón.
Más allá de la personal convicción de que su permanencia en el equipo presidencial no está (necesariamente) en riesgo por la espectacular y vergonzosa fuga, el sábado, de Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de “máxima seguridad” de El Altiplano y de que, merced a que “las crisis no son para renunciar…” ningún riesgo existe de avanzar por la ruta de su eventual defenestración, lo único que los protagonistas del sector seguridad oficial tienen hoy por cierto, es que “su destino está aún por definirse”, aunque no falta mucho para que ello ocurra.
Esto, porque si bien igual el secretario Miguel Ángel Osorio Chong de Gobernación, que el comisionado Monte Alejandro Rubido García de Seguridad, se apresuraron a declarar ya que la eventualidad de presentar su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto, apenas éste retorne de la visita de Estado que hasta ayer le mantuvo en Francia, no forma parte de su agenda de corto plazo, ambos saben que tal decisión en forma alguna les corresponde, y que la misma se encuentra en el exclusivo ámbito de competencia del jefe del Ejecutivo. De nadie más.
Por ello, precisamente, es que igual entre los más acuciosos analistas que entre los protagonistas políticos, cobra fuerza la certeza de que no deberá transcurrir mucho tiempo antes de que, de una u otra manera, se evidencie si, ante la “grave afrenta” que para su gobierno representó la evasión del capo y sus previsibles consecuencias, el Presidente opta por dar un golpe real de timón en lo que al combate al crimen organizado se refiere, modificando igual la estrategia que al comando responsable de aplicarla y hacerla valer o, en contraste, su decisión es seguir por la ruta adoptada… y bajo la dirección de los mismos.
Las implicaciones y alcances de una y otra son evidentes: renuncias al más alto nivel del equipo de seguridad gubernamental —la del presidenciable responsable de la política interior de manera señalada— y la adopción de medidas que permitan avanzar con mayor certeza y velocidad en lo que al saneamiento de las fuerzas del orden se refiere —vía el combate frontal a la corrupción “institucionalizada”, por ejemplo— o, en el supuesto de la continuidad, seguir confiando en que un día, más como resultado de “golpes de suerte” y de un suceso extraordinario, que de políticas específicas como las señaladas, o del escrupuloso seguimiento de su puntual adopción y aplicación, los mismos hombres arrojen resultados que hoy siguen constituyendo parte fundamental de las más sentidas demandas sociales.
Habrá, pues, que ver qué criterio es el que, finalmente, priva en el ánimo presidencial en esta difícil hora: si el mantenimiento de un equipo que, según su personal convicción, le ha ofrecido resultados suficientes o, en definitiva, si un cambio (de cartas) puede garantizar a su gobierno, y al país sin duda, la fortaleza institucional, la credibilidad y confianza ciudadanas necesarias para garantizar un mejor desarrollo y que, ahora, parecen perdidas.
ASTERISCOS
**Ahora sí que a contrapelo de lo que, supuestamente, habría “instruido” el establishment blanquiazul, la comisión responsable de organizar y vigilar el proceso de elección (directa) del nuevo dirigente de Acción Nacional, encabezada por Héctor Larios, validó ayer el registro del oficialista Ricardo Anaya y de quien, con un discurso de renovación y recuperación de la esencia panista, Javier Corral aspira a vencer a maderistas y morenovallistas que, (sólo) en esto, van juntos.
**Parecería que, con tal de atraer la atención con miras a hacerse de la candidatura priista al gobierno de Hidalgo, el senador David Penchyna está hoy dispuesto casi a todo, a defender incluso lo indefendible, cual es el caso de la fallida licitación de los 14 bloques de la denominada Ronda Uno, realizada por la Secretaría de Energía encabezada por Pedro Joaquín Coldwell, de los que sólo dos fueron asignados.
