Alfredo RÍOS CAMARENA
El ritmo vertiginoso con que ha iniciado estos primeros 60 días el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha producido luces y sombras, incertidumbres y aplausos, así como críticas y apoyos.
En estos días se han planteado dos temas que afectan el porvenir inmediato del país: uno en la política interior y otro en lo externo.
En lo interno, referente al problema que ha sufrido la red ferroviaria, que afecta a 251 trenes y el tránsito de 2.1 millones de toneladas de carga, que ha provocado la saturación de los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, tiene dos vertientes, y dos lecturas diferentes.
Por una parte, los derechos a las prestaciones sindicales que alega la CNTE, a través de la sección 18, es un tema que debe resolverse en una negociación que no impida el tránsito referido, pues, la afectación para la economía nacional puede llegar a ser grave.
Por la otra, el tema es estrictamente penal al cometerse un delito federal de ataque a las vías generales de comunicación, el cual no es responsabilidad del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pero curiosamente tampoco lo es del Presidente de la República; en estricto derecho compete a la nueva Fiscalía General de la República que, con su autonomía, puede y debe actuar, frente a una acción delictiva que se encuentra en plena flagrancia, y que ha sido desde hace varios días demandada ante la instancia correspondiente. Es el momento y la oportunidad para que la Fiscalía demuestre esa independencia y autonomía —por la que tanto se ha luchado en los últimos años— y se utilice la fuerza pública legitima del Estado nacional.
No hay duda, hay una competencia definida y una responsabilidad establecida —con claridad— para el Ministerio Público Federal, en la Constitución General de la República y en la legislación penal federal. Ya pasaron 16 días; es urgente resolver el tema, no con represión, sino con verdadero apego al derecho elemental y a la obligación del Estado de otorgar las garantías a los gobernados.
La decisión de tener una posición, no a favor del gobierno de Maduro, sino de respeto a otras soberanías, ha sido la correcta y está en la misma línea que enorgullece la gallarda y digna tradición de México.
El otro tema, en el ámbito externo, se refiere a la actitud que nuestra nación ha asumido en relación con el reconocimiento del gobierno autodeclarado de Venezuela de Juan Guaidó; la posición de México ha sido impecable y corresponde a la interpretación adecuada de la fracción X del artículo 89 de la carta magna, que es el único instrumento constitucional que dicta principios que debe ejecutar, en el desarrollo de su diplomacia, el presidente de la república.
Muchos críticos han hablado de que los principios de “autodeterminación de los pueblos” y de “no intervención” son obsoletos, que no deben existir, que la Doctrina Estrada ya no funciona; pero la realidad jurídica es que están ahí y que el Ejecutivo federal los debe cumplir. En consecuencia, la decisión de tener una posición, no a favor del gobierno de Maduro, sino de respeto a otras soberanías, ha sido la correcta y está en la misma línea que enorgullece la gallarda y digna tradición de México.
Tampoco debemos hacer a un lado que existe una posible solución militar en la lucha por el petróleo, que traería como resultado un baño de sangre en nuestro continente y afectaría todo el desarrollo de América Latina.
La importancia de la interpretación constitucional es que es la única línea de conducta pública que puede aplicar un gobierno, que pretende crear una cuarta transformación y obtener mayores beneficios distributivos, para un país sumido en la pobreza y ensombrecido por la corrupción.
Ni aplicaciones caprichosas, ni excesos ocurrentes, simplemente rumbo y destino, en consonancia con los grandes paradigmas históricos de México.
