En lo que va del año, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría han sometido a revisión alrededor de 11 mil 300 millones de pesos ejecutados por las distintas dependencias de la administración estatal; tales ejercicios, han puesto al descubierto que el 21.3 por ciento de los recursos fueron erogados de manera poco transparente en desapego a la normativa de responsabilidad financiera que enarbola el actual gobierno, que encabeza el priista Alejandro Murat
David Méndez
El gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa no ha justificado la correcta aplicación de 2 mil 431 millones de pesos, que han sido ejercidos por diversas dependencias en el transcurso de este año.
Lo anterior, se desprende de los resultados parciales de 63 auditorías que ha realizado en 2017 la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con autoridades locales, y 25 auditorías más implementadas por órganos de fiscalización estatales, reconoció el titular de la Secretaría de la Contraloría, Jesús Ángel Díaz Navarro.
En un informe que Díaz Navarro entregó la semana pasada a la Comisión Instructora y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Congreso local, se resalta que “en el presente ejercicio”, la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con el gobierno estatal, programó 63 auditorías por un importe global de 6 mil 324 millones de pesos.
Tales pesquisas, agrega, derivaron en 217 observaciones por un importe de 2 mil 254 millones de pesos que hasta diciembre no han sido justificados.
“Estas observaciones se encuentran en proceso para ser solventadas, integrándose los expedientes que fueron remitidos al área de Responsabilidades y Situación Patrimonial para inicio del Procedimiento de Responsabilidad”, justificó el Secretario, al comparecer en la glosa del primer informe de gobierno de Alejandro Murat.
A lo anterior, se agregan inconsistencias por 177 millones 300 mil pesos emanadas de 10 auditorías a recursos estatales y federales, que fueron concluidas antes del 30 de septiembre.
“En lo que va de la actual administración, se iniciaron 25 auditorías de recurso federal y estatal por un monto fiscalizado de 5 mil 44 millones de pesos.
“Al 30 de septiembre se encuentran en proceso 15 auditorías y se han concluido otras diez, de las cuales tres seguimientos se han turnado al área de responsabilidades y situación patrimonial por presuntas irregularidades en la aplicación de 177 millones 300 mil pesos”, dice la página siete del documento.
No se especifican las dependencias en las que fueron detectadas las irregularidades.
Irregularidades y subejercicios
Por su parte, la Secretaría de Finanzas reportó que en los recursos destinados al Gasto de Capital del Gobierno del Estado se registraba, al 30 de septiembre, un subejercicio de 2 mil 729 millones 104 mil pesos.
De los 9 mil 686 millones 947 mil 617 pesos que le fueron autorizados al gobierno estatal por aquel rubro, al cierre de la revisión, sólo había erogado 6 mil 957 millones 843 mil 358 pesos, de acuerdo con el avance de la Cuenta Pública al tercer trimestre del año (julio-agosto-septiembre).
Dentro del Gasto de Capital figura un concepto clave: Inversión Pública, recursos que deben destinarse a obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos fundamentales y el mejoramiento de la calidad de vida en general.
Por este rubro, fue autorizada una partida de 3 mil 910 millones 624 mil 300 pesos con 73 centavos; sin embargo, el gobierno sólo ocupó mil 621 millones; dejó de gastar 2 mil 289 millones 494 mil pesos.
“En algunas áreas hay subejercicios que estamos trabajando… no tengo la cifra todavía, pero estamos trabajando para que las ejecutoras logren hacerlo (disponer de sus ministraciones) de manera correcta”, comentó, el pasado 29 de noviembre, Jorge Gallardo, secretario de Finanzas, tras comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, también dentro de la glosa del primer informe de gobierno.
Gabino Cué, irregularidades por doquier
En más de su comparecencia en el Congreso local, Jesús Ángel Díaz Navarro indicó que ni el ex gobernador Gabino Cué ni los funcionarios que integraron su administración, el sexenio anterior, han podido comprobar la correcta utilización de 7 mil 353 millones de pesos que fueron erogados entre 2010 y 2015.
Tales recursos, detalló, emanan de 99 observaciones integradas en diversas revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
Sin embargo, el priista no pudo precisar cuántas detenciones de ex servidores públicos de primer nivel podrían ser materializadas en el transcurso de los siguientes días, incluida la del propio ex gobernador.
Junto con Gabino Cué Monteagudo, los ex secretarios de Administración, Alberto Vargas Varela; de Turismo, José Zorrilla de San Martín Diego; de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra, y el ex representante de Oaxaca en la Ciudad de México, Jorge Castillo, han sido acusados de enriquecerse a costa del erario público y de la ejecución de tráfico de influencias.
“Son asuntos que se han venido desahogando; estamos en la parte final como lo he comentado en ocasiones anteriores”, comentó Díaz Navarro, amigo cercano de Alejandro Murat, integrante del círculo conocido como los “Yuppies”, conformado por hijos de familias adineradas de viejos políticos que ostentan u ostentaron cargos de alto nivel dentro de la administración pública.
–¿Qué pasa con el caso de José Zorrilla (secretario de Turismo)?, cuestionó la prensa.
–Es un asunto que cuando se le solicitó la documentación comprobatoria del ejercicio de esos recursos, no se presentó ninguna. En este momento, ya han presentado alguna documentación, pero, como están fuera del tiempo original de la revisión, se tendrá que hacer un mecanismo distinto: se presenta esa documentación, se revisa, se les expone a ellos si es válida o no es válida; es un caso de alegatos.
>Una vez que se cierre ese tema ya se tendrá un cierre definitivo del asunto y (nos avocaremos) a lo que conlleve el tema de las responsabilidades administrativas.
–¿Las averiguaciones son por el estacionamiento del cerro de El Fortín?
–Son varias actividades que vienen dentro de ese tema, pero sí son trabajos que se hicieron en el área del auditorio Guelaguetza y cerro de El Fortín.
Antecedentes
En 2015, el gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué Monteagudo, anunció la construcción en el cerro de El Fortín, a unos metros del auditorio Guelaguetza, de un Centro de Convenciones valuado en 500 millones de pesos.
El proyecto causó el rechazo de la población y de organizaciones como el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (Pro-Oax), fundado por el pintor Francisco Toledo, que se opusieron a la realización de la obra tanto con protestas como por la vía legal, a través de la promoción de amparos.
Los inconformes argumentaron que el proyecto invadía un área de reserva natural y que alteraría el paisaje del Centro Histórico de Oaxaca –considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad–.
En el desarrollo de la polémica, activistas y ciudadanos dieron a conocer que el secretario de Turismo, José Zorrilla, era accionista del hotel Victoria, ubicado a menos de 100 metros de donde se pretendía erigir el edificio, lo que, de acuerdo con la ley, se tipifica como una acción de conflicto de intereses.
Finalmente, en octubre de 2015, luego de un año de confrontación e incluso enfrentamientos violentos entre la sociedad civil, el gobierno y grupos de choque patrocinados por éste, las autoridades anunciaron la cancelación del proyecto principal.
Sin embargo, el gobierno ejecutó una serie de obras contextuales que había calendarizado junto con la construcción del centro de convenciones, tales como la edificación de un estacionamiento de cuatro niveles, la remodelación de las escalinatas que conducen a la rotonda de las Azucenas, la construcción de un parque y un puente peatonal, así como la remodelación del propio auditorio Guelaguetza, que incluyó un baño de 1.5 millones de pesos, destinado al uso exclusivo de diplomáticos, gobernadores y otros funcionarios de alto nivel.
En octubre de 2016, el gobierno dijo que los trabajos efectuados en el auditorio Guelaguetza habían tenido un costo de 324.7 millones de pesos.
Otros casos
Sobre los casos de los cuatro secretarios que permanecen presos bajo cargos de haber desviado recursos del sector público–el de Finanzas, Enrique Arnaud; el de Salud, Germán Tenorio, y el de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, además de Gerardo Cajiga, también secretario de Finanzas, pero que obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria—, manifestó que los juicios siguen adelante en busca de comprobar su participación en los actos ilícitos y obtener sentencias condenatorias.
Dijo, además, que aún era prematuro hablar de la reparación del daño y la devolución de los recursos supuestamente malversados.
A Enrique Arnaud, Germán Tenorio y Gerardo Cajiga se les acusa de haber desviado 100 millones de pesos de los Servicios de Salud de Oaxaca. Moreno Alcántara afronta cargos por tráfico de concesiones.
“No es un asunto sencillo, no es un asunto que se arregle de la noche a la mañana; tienes que ir tocando las puertas correspondientes y solicitando a través del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción o de los mismos jueces, las penas en las que podamos ir recuperando los daños que se hayan hecho.
“Esto todavía está en un proceso judicial, están detenidos, pero hay un proceso de juicio que todavía tendrá que agotarse por parte de la autoridad. Nosotros estamos haciendo los reclamos que nos corresponden, (pero) una vez que sea un asunto juzgado, el juzgador tendrá que dar la sanción independiente”.
Díaz Navarro se negó a precisar, sin embargo, cuántas órdenes de aprehensión podrían ser giradas en contra de otros exfuncionarios o, al menos, cuántas carpetas de investigación o averiguaciones previas reportan un avance sustancial en su integración.
En tono cantinflesco dijo: “Nada más del tema de Salud se giraron 95 órdenes de aprehensión; no para 95 funcionarios, sino 95 acciones, de las cuales algunos están prófugos; no sé si alguno esté amparado y otros detenidos…
“Hay una serie de temas y de datos que hemos presentado ante la Fiscalía… yo no puedo decir quiénes son, pero son varios los temas presentados allá… pero la Fiscalía Especializada es la que tienen que actuar”
