EDITORIAL
Todo apunta que a poco más de un año de que termine el gobierno de Enrique Peña Nieto, de cuya amistad goza el gobernador Alejandro Murat, el desarrollo y el progreso, menos los grandes proyectos no llegan a la entidad. Desde hace al menos cinco sexenios todos han sido sueños, amagos, buenos propósitos. Ora el Puente Multimodal Transístmico, el Corredor Industrial Interoceánico o el Plan Puebla Panamá, por decir sólo algunos de los proyectos fallidos en los que se ha inscrito al Istmo de Tehuantepec. Pero se han dado muchos más que han resultado un fiasco, incluyendo el más reciente, el de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que por cierto, coordina como Representante de la Autoridad Federal, el oaxaqueño, Gerardo Gutiérrez Candiani.
El año pasado se firmó el decreto para la creación de las citadas Zonas Económicas Especiales (ZEE). Se trata de alentar la inversión en ciertos espacios geográficos propicios, en los cuales, las autoridades hacendarias pueden hacer exenciones fiscales y aduanales, a fin de fomentar la inversión, los clústers y el empleo. En las tres zonas que anunció el presidente Peña Nieto en Tapachula, Chiapas, en las cuales no se menciona a Oaxaca: Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos, se anuncia una inversión inicial de 5 mil 300 millones de dólares y la creación de al menos 12 mil empleos directos e indirectos. Para las tres se firmó el decreto que valida el arranque oficial y, obviamente, el apoyo de la Federación. Sin embargo, ¿cuáles son las razones por las que Oaxaca no fue incluida?
Uno de los argumentos es que no se han concluido aún las negociaciones para garantizar algunos miles de hectáreas para el establecimiento de las empresas, dada la situación jurídica de la tenencia de la tierra, que en Oaxaca en su mayoría es comunal. En efecto, no hay reserva territorial que pueda ser utilizada para tal fin, habida cuenta de que el Istmo como otras regiones de la entidad, la preeminencia de lo indígena ha dado lugar a que vividores de la falsa lucha social, se hayan apropiado prácticamente de dicha bandera. Centenas de organizaciones sociales llevan como estandarte la cuestión del territorio indígena y su defensa. Y para cualquier intervención ajena, apelan a los derechos humanos, los derechos indígenas, al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La ignorancia de algunos organismos internacionales gubernamentales ha llegado a tal grado que sólo admiten quejas y disponen de medidas cautelares, muchas veces protegiendo a asesinos, como es el caso de los triquis. Bajo esos argumentos hay una soterrada oposición a proyectos rentables como son los eólicos o la explotación minera. La consulta a la comunidad no interesa a quienes reciben consigna de sus patronos financieros en otros países de Europa y Estados Unidos. El tema pues, es bastante complejo. A ello hay que añadir que no hay negociadores oficiales que coadyuven a destrabar el asunto de la tenencia de la tierra, pero además, por el profundo desprecio que hay en Oaxaca por la ley y el Estado de Derecho.
Cualquier hijo de vecino bloquea, secuestra, invade propiedades, sin que las autoridades respondan fincándoles responsabilidades. Las invasiones de predios, el secuestro de personas y funcionarios, los bloqueos carreteros, etc., son parte ya de la identidad istmeña. Pero son sólo unos cuantos pájaros de cuenta los responsables. Detrás de nuestra discriminación en las ZEE subyace ese temor para aplicar la ley que ha seguido a las administraciones estatales, sobre todo después de 2006.
