EDITORIAL
La aprehensión del ex titular de los Servicios de Salud en el Estado, Germán Tenorio Vasconcelos, el pasado 3 de junio y vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la sociedad oaxaqueña y diez delitos más, debe sentar un precedente en todos aquellos que llegaron a Oaxaca en esta administración y la siguen percibiendo como una tierra de conquista, en donde pueden hacer y deshacer con el erario público lo que les plazca. Debe quedar claro que no hay crimen sin castigo y que, más tarde que temprano el largo brazo de la justicia alcanza a quien merece ser castigado. El sector salud en la entidad ha sido una cloaca. El enriquecimiento de algunos ex funcionarios es escandaloso.
La lista de beneficiarios con sueldos duplicados o triplicados; los bonos de 150 mil pesos mensuales a funcionarios del círculo cercano; el asqueroso tráfico de influencia y robo vil y descarado, deben tener como respuesta no sólo el circo mediático, en el que medios y periodistas hacen cera y pabilo, sino el frío poder de la ley. La SSO fue, desde hace algunos años, un vertedero de corrupción, de componendas y saqueo. Es un delito de lesa humanidad robar el magro presupuesto destinado a salvaguardar la salud de los más pobres. Jugar con la vida de los miserables. Es obligado para el aparato de justicia proceder conforme lo dispone el Código de Procedimientos Penales y buscar la alternativa de procesos resarcitorios para paliar algo las grandes necesidades que hay en el sector salud.
Sin embargo, es evidente que Tenorio Vasconcelos y coacusados no actuó solo. Hay una red de corrupción que estuvo en el ajo. Hay quienes opinan que el ex titular de Salud fue el menos beneficiado. En efecto, todo apunta que fue el capo mayor del gobierno de Gabino Cué, Jorge Castillo Díaz, quien se llevaría la mayor parte de las rentas de las prácticas corruptas en las que incurrieron funcionarios y ex titulares en todo el gabinete. La venta de medicinas similares y de manufactura china, pero facturadas cual si fueran de patente, al igual que el 15 o 20% en las obras ejecutadas por empresas foráneas; los ficticios apoyos al campo y las tranzas en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), fueron operadas por una mente, dotada de una voracidad patológica que, hoy, desafortunadamente, goza de cabal salud ante la falta de integración de una carpeta de responsabilidades.
Tanto la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental como la Fiscalía General deben estar conscientes de que los SSO sólo la punta del iceberg. Hay aún otras dependencias y áreas como el Seguro Popular, la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, la Secretaría de Finanzas y otras, en donde se dieron operaciones abiertamente corruptas. No obstante, tampoco se puede liberar de responsabilidades a quien era en su momento la cabeza de dichas operaciones ilícitas: el ex gobernador Gabino Cué. Que la aprehensión de ex funcionarios y “especies menores” no inhiba la acción de la justicia en contra de quien permitió, por complicidad o por omisión, este saqueo infame a los recursos estatales.
De no integrarse la carpeta respectiva del ex ejecutivo estatal, los oaxaqueños pensarán que ahí hay gato encerrado. Ninguna transición, por tersa que parezca, debe dejar impune el gravísimo daño que se le hizo a cerca de cuatro millones de oaxaqueños, al dejar las arcas vacías; el presupuesto prácticamente en ceros y en la parálisis de las acciones de gobierno.
