El director general de la revista Real Politik y de El Imparcial, el mejor diario de Oaxaca, Benjamín Fernández Pichardo, convocó a la sociedad y a las autoridades a reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que existen en el país e impulsar una nueva legislación que permita castigar de manera efectiva delitos como el desvío de recursos, a fin de desaparecer los residuos de opacidad y de negativa tácita a rendir cuentas que prevalecen en los tres órdenes de gobierno. Fernández Pichardo y el Dr. Ernesto Villanueva, fundadores del “Grupo Oaxaca”, un colectivo de académicos, investigadores y periodistas que en 2002 impulsó la creación de la Ley Federal de Acceso a la Información, fueron galardonados por su labor de casi 20 años en pro del derecho a la información
Redacción
Los escándalos de corrupción que se han suscitado en México, como las “casas blancas” y las “estafas maestras” hacen necesario reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que existen en el país o, bien, impulsar una nueva legislación que permita castigar efectivamente delitos como el desvío de recursos, sentenció el director y gerente general del periódico El Imparcial, el mejor diario de Oaxaca y la revista Real Politik, Benjamín Fernández Pichardo.
El empresario oaxaqueño, fundador del “Grupo Oaxaca”, un colectivo integrado por académicos, activistas y periodistas que impulsó la iniciativa que en 2002 creó Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sostuvo que los excesos y los atropellos públicos deben ser combatidos con mayor énfasis y mejores herramientas, pues, de lo contario, los residuos de opacidad y de negativa tácita a rendir cuentas quedarán perpetuados.
Luego de ser condecorado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) por sus acciones en pro del derecho la información, Fernández Pichardo resaltó que en el actual sistema mexicano prevalecen diversas contradicciones que deben ser suprimidas, como el hecho de que los congresos estatales se encarguen de nombrar a los integrantes de los órganos garantes de transparencia, cuando ellos mismos son ínsulas de discrecionalidad.
En un acto en el que también fue reconocida la labor del investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Villanueva Villanueva, Fernández Pichardo se pronunció a favor de que desde la sociedad civil, surjan, de nueva cuenta, propuestas que coadyuven en la mejora del marco legal, en coincidencia con la cruzada contra la corrupción que pretende implementar el actual gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
“Tenemos que hacer realidad las leyes de transparencia para abatir desde nuestras respectivas trincheras, esa formas burdas del autoritarismo caciquil que sigue permeando en nuestra aún endeble democracia, copia de los viejos cartabones de gobiernos hegemónicos que se creían extintos desde hace mucho”, sostuvo, al pronunciar su discurso.
“Por hoy, sólo podremos decir que hace falta una gran cruzada de nueva cuenta para minar esos remanentes de opacidad y discrecionalidad. En los últimos quince años hemos avanzado, sí, pero no en la medida en que requiere un ciudadano que se ha resignado solamente a las verdades a medias o a la dilación en la búsqueda de
hacer patente su derecho a saber”.
El director general de Real Politik insistió que es de “gran trascendencia” la formación de una cultura ciudadana para hacer realidad el derecho a saber y que ello no sea ni parte del discurso político ni de la demagogia gubernamental, sino un componente de nuestra democracia participativa.
Antecedentes
En el ex Casino del teatro Macedonio Alcalá, en la ceremonia “Reflexiones sobre la Evolución del Acceso a la Información Pública”, efectuada el martes once de diciembre, recordó que uno de los pioneros de la transparencia y el acceso a la información en México, fue Ernesto Villanueva, en ese entonces, coordinador de esta materia en la Universidad Iberoamericana, “a cuya convocatoria nos unimos muchos en la formación de lo que fue el Grupo Oaxaca”.
Ante funcionarios del gobierno del estado e invitados especiales, el empresario recordó que fue precisamente en la capital de esta entidad donde “germinó” la semilla de lo que más tarde habría de convertirse en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, promulgada en 2002 y la posterior creación del Instituto Federal de Acceso a la Información –IFAI- hoy llamado INAI, así como de los organismos estatales.
Fernández Pichardo relató que en el “Grupo Oaxaca” coincidieron editores, periodistas, investigadores universitarios y académicos, todos ellos con una meta y una gran convicción: impulsar en el país la cultura de la transparencia, del derecho a saber, del acceso a la información y terminar con la opacidad y la negativa a rendir cuentas. A esa cruzada, añadió, se unió en pleno, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos –la AME- conformada entonces, por más de 100 periódicos, líderes en plaza en el país.
Apuntó que la ley de transparencia vigente, la creación del INAI y los órganos garantes en todo el país, “no fue una gratuita concesión del Presidente de la República, los gobernadores, los legisladores o los partidos políticos, sino una conquista de la sociedad civil, sin tintes partidistas ni ligas políticas.
“Cuando el ex presidente Vicente Fox quiso sorprender a la opinión pública del país, diciendo que su gobierno había impulsado la ley de transparencia, nos vimos obligados a rebatirlo”, resaltó.
Sin embargo, también reconoció que la tentación autoritaria siempre ha estado presente y los órganos garantes han devenido, en ciertas ocasiones, rehenes de partidos políticos y gobiernos. Ello ha pervertido su origen ciudadano y ha hecho que los mismos transiten por el trillado camino de la imposición, la componenda y la complicidad.
En su intervención, el analista político y doctor en Derecho y Ciencias de la Información, Ernesto Villanueva, recordó que aunque en el ámbito internacional los análisis sobre la importancia de la transparencia y el acceso a la información comenzaron a ser abordados en 1766 (en Suiza), no fue sino hasta el año 2000 cuando la discusión fue abordada en México, promovida por intelectuales, periodistas y empresarios entre los que se encontraba Benjamín Fernández Pichardo.
El articulista de la revista Proceso, explicó, además, que la coyuntura política que se vivió en México en aquel periodo, tras el triunfo del panista Vicente Fox como presidente de la República, permitió que aquel proyecto cobrara mayor realce hasta convertirse en una ley.
“El gobierno, de un partido distinto (al PRI), señaló la importancia de que hubiera una política pública en materia de transparencia”, recordó.
En un principio, aquellas ideas de apertura se habían quedado únicamente como un discurso; sin embargo, en un seminario internacional, celebrado en la ciudad de Oaxaca, bajo los auspicios del Diario El Imparcial, la Fundación Konrad Adenauer y la Asociación Mexicana de Editores (AME), académicos y periodistas de todo el país decidieron promover un sistema de transparencia y rendición de cuentas.
“Vimos la manera que se realizara una Ley de Acceso a la Información, que la obligación de acceso a la información tuviera un significado nuevo, una nueva definición tanto jurisprudencial como legal; a partir de ahí fue el punto de partida”, explicó, ante los asistentes.
Tiempo después, cuando las ideas presentadas en el seminario de Oaxaca habían evolucionado a una iniciativa de ley, Ernesto Villanueva sostuvo una entrevista con el periódico estadounidense The New York Times, cuya corresponsal le pidió un nombre para identificar a los impulsores del proyecto.
Ante la falta de un distintivo definido, la periodista optó por llamar a los proponentes como “Grupo Oaxaca”, en referencia a la sede que los había reunido por primera vez.
En 2002, el Congreso federal avaló la Ley Federal de Acceso a la Información que, a su vez, le dio vida al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que a la postre se convirtió en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“En política siempre es necesario que se logre lo mejor de lo que es posible; se logró, en el momento, la mejor ley que era posible”, admitió Villanueva.
Falla aplicación
Aunque sostuvo que durante 16 años, los ciudadanos han sido testigos de una evolución normativa, ésta no ha sido acompañada en los mismos términos de lo que su letra dice; es decir, no ha podido ser implementada totalmente, pues la ley, en México, debe ser negociada y aplicada en la medida de las posibilidades.
Ante ello, indicó que las necesidades actuales apuntan a lograr una implementación uniforme de la norma, con los menores matices posibles.
Antes, Francisco Álvarez Figueroa, presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), explicó que a tres lustros de la conformación del ‘Grupo Oaxaca’ se propuso reconocer el trabajo de dos precursores de ese movimiento como Ernesto Villanueva y Benjamín Fernández Pichardo, “piezas fundamentales en la construcción de la transparencia en México”.
Ponderó la pluralidad que caracterizó al “Grupo Oaxaca”, que a través del consenso y en uso de la libertad de expresión posicionó en el ámbito nacional el debate sobre la necesidad de regular el acceso a la información pública y adquirir el conocimiento que permitiera vigilar la actuación de los gobiernos y el prevenir actos de corrupción.
A 15 años de distancia, añadió, “se puede decir que pocas iniciativas de la sociedad civil cómo ésta, han culminado con tanto éxito, pues gracias a ella hoy contamos con la arquitectura institucional adecuada conformada por el INAI y los órganos garantes estatales”.
Subrayó que además de un andamiaje normativo que va más allá de la regulación de este derecho humano, existe un Sistema Nacional de Transparencia donde se construye la política integral en la materia, es una realidad la Plataforma Nacional de Transparencia y se trabaja en el modelo de Gobierno Abierto.
Aseguró que el camino recorrido es largo y ha cruzado un punto sin retorno; por ello, el Estado no debe adoptar medidas regresivas tal como acotar la autonomía de los órganos garantes si queremos un México democrático.
“La nueva administración pública debe reconocerlo, y aliarse con la transparencia, impulsando la agenda que se ha construido hasta hoy, traducida en una sociedad conocedora y mucho mejor informada”, enfatizó.
