María de los Ángeles Nivón
Muy a propósito de la aprobación de la Ley Anticorrupción votada recientemente en el Congreso Federal, sería factible que se aplicara en Oaxaca con varios de los funcionarios del gabinete del gobierno de la alternancia, encabezada por Gabino Cué Monteagudo en áreas donde se han desviado fondos federales.
Hay dos ejemplos bastante claros de presuntos actos de corrupción de ex funcionarios que requieren de una investigación seria por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno federal, un caso es en la Secretaría de Seguridad Pública, donde hay un faltante de 600 millones de pesos.
Hoy sale a flote la podredumbre que dejó en esa dependencia, que recibe presupuesto federal, el bateado Alberto Esteva Salinas, quien habría desviado cerca de 600 millones de pesos, dinero que presuntamente utilizó para la certificación de los policías, pero resulta que la revisión federal arroja que sólo el 30% de los elementos de esa corporación fueron certificados.
¡Qué tal!
Un tema que se configuraría en malversación de recursos federales,es un delito grave que puede derivar en una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), si la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Seguridad Nacional reúne todos los elementos de prueba para poder proceder y en consecuencia Esteva Salinas podría ir a la cárcel.
La revisión hecha por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Seguridad revelaque también se dieron compras ficticias, detección de facturas falsas y empresas fantasmas, la compra de uniformes y equipo que no reúnen o cumplen con los estándares de calidad.
Por si esto fuera poco, Esteva Salinas utilizó cerca de 90 millones de pesos más para la compra de equipamiento y patrullas para la SSP, sin embargo, físicamente las cuentas no cuadran con el equipo que el ex funcionario dejó en esa corporación policial.
¿Qué hizo Esteva con ese dinero?
Este caso es un ejemplo claro de hechos de corrupcióndonde utilizó dinero federal, por ello decía al principio, que la Ley Anticorrupción debe ser aplicada en Oaxaca.
La denuncia contra Salvatierra
Otro caso es el de Netzahualcóyotl Salvatierra López, ex titular de Sinfra, quien también fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntos actos de corrupción que alcanzan los 2 mil 776 millones de pesos y de haber desviado recursos federales del programaFonregión para la construcción del Estadio de Futbol.
Luis Alberto Ramírez Colmenares, presidente del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños (CADCO), denunció que a pesar de las pruebas aportadas tanto al Congreso del Estado para que iniciara un “juicio político” contra Salvatierra López; a la contralora Perla Woorlich Fernández y a Carlos Altamirano, de la Auditoría Superior del Estado, no han hecho nada y es evidente que hay un encubrimiento hacia el ex funcionario de Cué.
Hubo irregularidades en la contratación de obra pública, ya que se adjudicaron de manera directa y por invitación restringida contratos a empresas foráneas, en especial, pese a que en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 se establece como un objetivo que la obra pública sea ejecutada preferentemente por firmas oaxaqueñas.
Sin embargo, diversos contratos se adjudicaron ilegalmente en los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014 por un monto total de 2 mil 776 millones 18 mil 292 pesos.
En cuatro años que estuvo Salvatierra López al frente, solamente se licitaron 10 obras públicas de un total de 818 contratos, y 506 se formalizaron indebida e ilegalmente bajo la modalidad de “adjudicación directa o invitación restringida”.
Terrible la corrupción en Sinfra.
El programa Fonregión tiene como objetivo primordial incrementar el índice de desarrollo humano realizando proyectos de infraestructura carretera, de salud o educación, así dicen sus reglas, las cuales son muy claras.
Pero a Salvatierra López se le hizo muy fácil ocupar esos recursos para otro destino, por ejemplo, para la construcción del Estadio de Fútbol, obra inconclusa; para la elaboración del proyecto del Centro Cultural y de Convenciones, así como el de la imagen urbana del bulevar Eduardo Vasconcelos hacia el monumento a Juárez.
Además de haber utilizado parte de ese dinero para la terminación de la velaria del auditorio Guelaguetza.
Los otros funcionarios que fueron denunciados, además de Salvatierra López, son el director general de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Guillermo Martínez Gómez, y el jefe de departamento de licitaciones y contratos de esa misma dependencia, Humberto Juárez Vargas.
Desvío millonario en educación
Hay un caso más de desvío de recursos federales.
En el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), se encontró un desvío por 331 millones 226 mil pesos, dinero que la Federación transfería para el pago de la nómina magisterial, según arroja una revisión de la propia ASF, nota publicada en el diario Reforma el 19 de febrero de 2015.
De acuerdo a la investigación, se desprende que la Auditoría Superior de la Federación documentó pagos indebidos, apoyos para transporte, gastos para «convenciones y asambleas», y el pago de sueldo de comisionados sindicales y personas que tienen plaza docente pero trabajan en otras dependencias del Estado.
Los pagos ilegales que se hicieron fueron por 22 millones 911 mil pesos por concepto de «ayuda de transporte»; 54 millones 715 mil pesos para pagar a 190 trabajadores comisionados a las diferentes secciones sindicales y 18 millones 301 mil para pagar el salario de trabajadores comisionados a otras dependencias.
Se destinaron también 211 millones 560 mil pesos para «vestuario, otras prestaciones base, arrendamientos, impresiones, reuniones, congresos y convenciones».
Qué pena, de verdad, que a nivel nacional Oaxaca sea ejemplo de corrupción, impunidad, ingobernabilidad, de dejar hacer, dejar pasar las cosas, de tener un gobierno omiso al que pareciera no importarle nada, cuando debería estar aplicando la ley contra todos aquellos que han dañado al estado.
Está claro que desde las más altas esferas del poder hay un encubrimiento hacia todos estos actos ilícitos, no se puede explicar de otra manera tanta impunidad y justo cuando está a punto de entrar en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, que investigará irregularidades cometidas por servidores públicos y ex funcionarios.
Mi pregunta es: ¿se atreverá el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicar la Ley Anticorrupción en Oaxaca?…ya tiene a dos ex secretarios del gabinete del cambio en la mira…¿qué espera?
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