El miércoles 11 de junio, por la mañana, corrió como reguero de pólvora la noticia de que en la población mixe de San Juan Cotzocón, se había suscitado un enfrentamiento en el que había policías y civiles muertos. En un principio se dijo que eran cinco. La cifra final fue de nueve muertos: cuatro policías, dos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y dos de la Policía Estatal y cinco civiles. La versión oficial fue que los primeros habían llegado a la comunidad a ejecutar una orden de aprehensión, pero fueron recibidos a balazos. Una fuente en el lugar de los hechos afirmó que fueron desarmados por una turba que mantenía a resguardo a uno de los indiciados y luego asesinados con machetes. Las armas decomisadas –se supo después- habrían sido utilizadas para ultimar a los dos policías estatales, aunque no se descarta la existencia de armas de alto poder en manos de sicarios al servicio de Gorgonio Mateos, uno de los promotores de la violencia en Cotzocón.
Desde hace al menos un par de meses el Gobierno estatal tuvo elementos suficientes para haber detenido a los responsables, de la inestabilidad en dicha comunidad. El secuestro de 47 ciudadanos; la retención ilegal de dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una serie de ilícitos, como fue el caso del abuso en contra de un grupo de mujeres pareció no importar mucho a quienes para todo la ley debe quedar subordinada a las abominables mesas de negociación, que dejan crímenes como los que mencionamos, la mayoría de las veces, en la impunidad. Para llegar a este desenlace desafortunado, se dieron una serie de irregularidades, desde la misma interpretación que dieron los consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana –el IEEPCO- al sistema de usos y costumbres, en el que se permitió que la tradicional asamblea de votación a mano alzada se diera en esta ocasión con urnas, hasta de parte de la instancia gubernamental que atiende todo lo referente a las autoridades municipales, de que el presidente electo, Jaime Regino, no despachara en Cotzocón sino en María Lombardo.
Ello no fue suficiente para que se dieran también traspiés y errores en los responsables del operativo, que en términos policiales se puede calificar como erróneo, falto de estrategia y ajeno al cumplimiento de los protocolos para acciones como las que se habrían de instrumentar. La inexperiencia, la celeridad y el desconocimiento del terreno, derivaron en los hechos criminales ya mencionados. El Gobierno estatal ya liberó a los más de ciento sesenta detenidos en la comunidad después de los hechos referidos, ahora debe asumir la responsabilidad de garantizar la paz social y la estabilidad para que todo llegue a la normalidad y los ciudadanos puedan vivir en la paz republicana, pero además, investigar los actos criminales e ir por los autores materiales e intelectuales. De ninguna manera las mesas de negociación y el diálogo deben permitir que los asesinatos tanto de civiles como de policías, queden en la impunidad. Bajo esa perspectiva, compete asimismo al Congreso del Estado hacer una revisión minuciosa respecto a la vigencia del sistema de usos y costumbres, que en el caso de Oaxaca, parece haber sido rebasado por la realidad. Partidos políticos, ex diputados y diputados en funciones, así como dirigentes de organizaciones sociales, siguen alentando el encono y la violencia.
