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En el siempre recurrente tema de los migrantes hay algo nuevo. El gobierno de Estados Unidos ha utilizado la definición “crisis humanitaria” para referirse a la situación de los menores migrantes que viajan solos, de los cuales, en el presente año fiscal, la Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 52 mil.
Es difícil saber ahora si la definición se traducirá en políticas públicas concretas o solamente se trata de un “sound bite” para jalar titulares de prensa.
Hasta ahora, tres instalaciones militares de Estados Unidos se han acondicionado como albergues para los menores migrantes que viajan solos. Sin embargo, temo que estemos ante un “pico” y que una vez que las deportaciones retomen su ritmo, como antes, la clase política volverá a la indiferencia. Es decir, la “crisis humanitaria” terminará sin acuerdos internacionales para atacar las causas de la migración, fundamentalmente la pobreza y la violencia.
Diversos actores políticos de México –desde el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hasta alcaldes y funcionarios municipales- han reaccionado cómo si acabaran de descubrir la tragedia de los menores migrantes. Debe ser porque, en efecto, lo acaban de descubrir. Sin embargo, el año pasado, Estados Unidos deportó a 16 mil 853 mexicanos menores de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM).
La economía no debe estar tan sólida como dice el gobierno pues del total de menores migrantes, el 86 por ciento –sí el 86 por ciento, es decir, 14 mil 530- eran niñas decididas a buscar una mejor oportunidad de vida, incluso viajando solas. Una cifra alarmante por los peligros para su integridad. «La cuota humana —en muertos, heridos y experiencias traumáticas que incluyen el abuso sexual— es inmensa y de un impacto profundo”, indicó el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, en un boletín de prensa.
Paralelamente, el gobierno de México deportó a “14 mil 907 niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros de enero del 2013 a mayo del 2014, provenientes principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que pretendían llegar a los Estados Unidos”, de acuerdo con un boletín del INM, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Las cifras pueden encubrir una realidad: el gobierno de Estados Unidos deporta niños centroamericanos a México para que nuestro país, a su vez, los deporte vía terrestre a sus países de origen. Así se ahorran algunos vuelos de avión. Al menos, el director del sistema DIF de Tamaulipas, Alejandro Ostos García, reconoce que entre los menores que recibe hay niños y adolescentes centroamericanos, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.
En este contexto, el gobierno de Estados Unidos quiere frenar el flujo de migrantes. No le han servido los cientos de kilómetros de muro de concreto y láminas, ni los sensores de calor, ni la multiplicación de los elementos de la Patrulla Fronteriza para impedir el paso. Han hecho de México su “operador” para detener y expulsar a los centroamericanos, pero nuestro país comparte con Centroamérica las causas de la migración: pobreza, falta de oportunidades para una vida digna, violencia, desempleo, entre otras.
Por su parte, desde el principio, el gobierno mexicano demostró una completa falta de sensibilidad ante un fenómeno complejo, una crisis humanitaria permanente, como la migración. El secretario Osorio Chong escogió como titular del INM a un policía, Ardelio Vargas Fosado. No obstante, las redes de traficantes de personas no sólo actúan impunemente sino que, por el creciente número de personas que logran cruzar el país y la frontera estadounidense, parecen más fuertes que antes.
La solución policiaca está muy lejos de las políticas públicas necesarias para enfrentar el fenómeno. Se requiere generar arraigo en las comunidades mediante la generación de polos de desarrollo industrial regional, por ejemplo. Pero sobre todo, se requieren compromisos internacionales porque el fenómeno es transfronterizo y hay que atender las causas, no sólo reforzar las fronteras.
