EDITORIAL
El sector transporte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Oaxaca, ante la mirada complaciente del dirigente nacional Carlos Aceves del Olmo, ha devenido un verdadero sindicato del crimen; un segmento de la delincuencia organizada, que poco o nada tiene que ver con la generación de empleos, mucho menos, con la supuesta defensa de los trabajadores. Siempre dijimos que el hecho de haberse levantado para arropar la toma de posesión del gobernador Alejandro Murat, aquel 30 de noviembre de 2016, unas horas antes de rendir protesta en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), habría de tener un alto costo político.
Sin embargo, hay que reconocerlo, Murat Hinojosa no cayó en el juego, pero los dirigentes del transporte de la CTM se la han cobrado con creces, al igual que los pillos que manejan el Sindicato “Libertad”, los hermanos Erick, Iván y Juan Luis Villaseca. Hizo bien el cachorro en deslindarse del apoyo y ver por su cuenta el acto republicano en donde tomó posesión. Pero los hampones de la CTM –nada que ver con la postura respetuosa y tolerante del dirigente estatal, Carlos Mejía Gil- han seguido una y otra vez apostándole a la ingobernabilidad, a la violencia y el chantaje. Hace un par de semanas agredieron a trabajadores de CEMEX, una empresa mexicana que desde hace años han traído a raya. Le exigen la exclusividad en el acarreo de materiales y le están cobrando prácticamente el derecho de piso para operar.
No ha habido un solo día en que los transportistas de la CTM no hagan de las suyas. Cierre de carreteras, bloqueo a vialidades, toma de oficinas. Los motivos son diversos, pero con un común denominador: dinero. El motivo más simple es justificación para poner a la ciudadanía contra la pared, con una impunidad insultante. Tampoco han sido blancas palomas los del Sindicato “Libertad”, o los remanentes del prófugo dirigente de la Confederación Nacional de la Productividad (CNP), Francisco Javier Martínez Rodríguez, hijo de “Pancho Mugre”. El transporte ha sido desde los tiempos de Ulises Ruiz, un serio asunto de seguridad estatal. Pero fue durante la administración de Gabino Cué, cuando dicho rubro se convirtió en rehén de sindicatos, confederaciones y cárteles criminales, que es en donde han terminado las hordas de viciosos de la CTM, Libertad o CNP.
Los sectores productivos, cúpulas empresariales y diversos organismos han insistido ante el gobernador Murat Hinojosa, que ya es tiempo de aplicar la ley. No se trata de seguir alentando la impunidad de dichos grupos. Hay que cabildear con el dirigente nacional para evitar que esta mafia criminal enquistada en la CTM y cilindreada por promotores de MORENA y de Andrés Manuel López Obrador, siga operando un doble juego. Nada podrá avanzar en Oaxaca, en tanto no se restablezca el principio de autoridad y el Estado de Derecho. Ningún proyecto grande o menor, que tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños podrá caminar, si no se aplica la ley y se salvaguardan los derechos civiles de las mayorías.
El bloqueo, el chantaje, el uso indiscriminado de mesas de diálogo para someter los principios de legalidad a los vaivenes políticos, representan una figura demasiado desgastada. Cuando se han agotado los caminos de la negociación y el diálogo lo único que queda es la fuerza de la ley y la mano firme del Estado. No nos cansaremos de insistir en que se trata de la única vía por la que Oaxaca puede reencontrar su camino hacia la normalidad democrática.
