Un proyecto fraudulento, “sin pies ni cabeza”, que nació muerto, gestionado e iniciado por el gobierno de Gabino Cué para justificar el gasto de más de 600 millones de pesos. Esta obra fallida, lejos de tener la intención de beneficiar a la población, sirvió para malversar recursos públicos y enriquecer a sus promotores; sin embargo, a pesar de las pifias y de que el plan deberá ser modificado al cien por ciento, no existen procedimientos penales en contra de los responsables de este fraude orquestado por el ex secretario de Administración, Alberto Vargas Varela
El gobierno de Alejandro Murat prepara un nuevo proyecto, que comprenderá nuevos circuitos ajenos a la ruta ideada para el Sitibús y, para ello, del proyecto anterior únicamente utilizará los 43 autobuses que fueron comprados por la administración anterior, los cuales recorrerán dos nuevas rutas que están por definirse.
En el nuevo plan de transporte que proyecta lanzar el gobierno estatal en la capital del estado y que sustituirá al fallido Sistema Integrado de Transporte (SIT), se desconoce qué tipo de participación tendrán los concesionarios del transporte urbano y si están de acuerdo con la propuesta gubernamental.
Texto: David MÉNDEZ
Fotos: Esteban CHINCOYA
Paraderos destruidos, boyas y separadores de carril desprendidos de la carpeta asfáltica; una terminal obsoleta en Santa Cruz Xoxocotlán, a la que es imposible acceder porque fue edificada entre un predio particular y la vía pública, y un carril confinado sin fundamentos técnicos para haber sido construido… Prácticamente el 100 por ciento de la infraestructura construida dentro del proyecto fallido del Sistema Integrado de Transporte (SIT), conocido como Sitibús, es inservible, de acuerdo con la versión aceptada por autoridades y el diagnóstico hecho por especialistas en ingeniería y arquitectura, recogidos por este medio.
“Fue un proyecto para justificar el gasto del recurso”, dijo un alto funcionario del gobierno del estado, quien pidió anonimato, a cambio de dar su opinión sobre aquel plan en el que fueron invertidos más de 500 millones de pesos, a pesar de ser inoperable.
“No tiene ni pies ni cabeza. Se enteraron que existía ese recurso y para no dejarlo ir, armaron ese proyecto”, añadió, al referirse a Alberto Vargas Varela, el funcionario que promovió aquel proyecto durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
Aunque la anterior administración justificó una inversión de entre 500 y 600 millones de pesos en la construcción de ese plan de movilidad urbana, a decir del servidor público consultado, que cuenta con información de primera mano, éste presenta sobrecostos de al menos 50 por ciento: se trata de una obra, además de inservible, inflada.
Y no sólo eso, sino que varias de las inversiones efectuadas no tuvieron razón de ser, entre ellas, una de las más costosas y más criticadas: el carril confinado construido con base en concreto hidráulico en el 80 por ciento de la ruta de 8.5 kilómetros prevista entre Viguera y Santa Cruz Xoxocotlán.
“Los autobuses que se compraron no significaban sobrepeso alguno”, apuntó el funcionario.
Tal versión coincide con la otorgada por el encargado del despacho de la Secretaría de Movilidad, Alejandro Villanueva, en una entrevista concedida a Real Politik, en la que anunció que el SIT será modificado:
“Como ciudadano, desde que yo llegué (a Semovi), me pregunté por qué hicieron esto, por qué se puso cemento hidráulico cuando los camiones no tienen un sobrepeso. Cuando me preguntan por qué lo hicieron, yo también me pregunto lo mismo”, admitió Villanueva.
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Una de las argumentaciones más utilizadas en el sexenio pasado para justificar el costo del proyecto, fueron las adecuaciones con concreto hidráulico hechas al carril confinado de la ruta, estimadas en 300 millones de pesos; sin embargo, según cotizaciones de empresas constructoras de Puebla, un kilómetro de concreto hidráulico de carretera tipo A-4, con más de tres carriles por sentido, asciende a 60 millones de pesos, incluidos material de óptima calidad y los costos de las adecuaciones, correctivas y de mejoramiento, para su buen funcionamiento, de acuerdo con consultas hechas por esta revista.
A partir de esos números, las erogaciones por colocar concreto hidráulico de la misma calidad sobre los dos carriles del Sitibús a lo largo de sus 8.5 kilómetros de trayecto, debieron tener un tope máximo de 170 millones de pesos.
Otras cotizaciones, sobre todo de empresas ligadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ofrecen rebajar el costo de cada kilómetro, de acuerdo con el convenio al que lleguen con las autoridades.
Si se suman los gastos por la colocación del concreto y las adecuaciones del carril confinado, y el de la compra de los 43 autobuses marca DINA, valuados en 120 millones de pesos, con los que en teoría se cubriría la primera ruta del Sitibús, las erogaciones hechas por el gobierno debieron haber ascendido a 290 millones de pesos y no a 600.
“Vieron la oportunidad de sacar dinero y lo hicieron”, opinó la fuente.
Además de inflado, inservible.
A los costos elevados, se suman irregularidades como el hecho de que el supuesto carril confinado fue colocado en varios tramos de la ruta justo en el sentido de baja velocidad, propiciando que, a dos años de su habilitación, éste fuera invadido por puestos ambulantes y automovilistas.
Para evitar el problema anterior, de acuerdo con la norma, el carril exclusivo debió haberse construido al lado de los carriles de alta velocidad, cerca del camellón central para evitar el congestionamiento vehicular y garantizar la circulación rápida de los nuevos autobuses.
Pero todo se hizo mal: El tramo del carril confinado que sí cumple con las especificaciones, atraviesa la Central de Abasto, la zona con el mayor tráfico de la capital. No obstante, la anterior administración estableció que ese trayecto, que comprende del Periférico Sur al Parque del Amor, se recorriera a contrasentido, sin contemplar la colocación de puentes peatonales ni de una delimitación que impidiera al ciudadano caminar sobre la vía, lo que pondría en riesgo su vida.
Debido a ello, la actual administración decidió suprimir el recorrido en sentido contrario; sin embargo, con esa determinación, de mantener en pie el proyecto inicial, los pasajeros debían descender en el sentido de alta velocidad, lo que continuaría poniendo en riesgo su integridad.
La única opción que llegó a explorar la actual administración, fue adecuar una “bahía” en cada parada, con el objetivo de que los autobuses al, momento de detenerse, ya sea para el ascenso o descenso de pasaje, se incorporaran unos metros en sentido contrario para luego regresar a su ruta convencional. Aquella medida fue rechazada.
Ante la inviabilidad del proyecto, las autoridades decidieron suspender el trazo original y crear en su lugar, dos nuevas rutas, que poco o nada tendrán que ver con el recorrido original.
“Está todo mal, es inviable”, dijo otro alto funcionario, que también pidió omitir su identidad porque no está autorizado para hablar del tema y prefirió evitar confrontaciones con el equipo de la administración estatal.
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A pesar de ello, ni la Secretaría de Administración ni la Secretaría de Movilidad ni la de Contraloría, han confirmado si existe alguna denuncia penal comenzada al respecto en contra de la empresa encargada de la obra, GAMI Ingeniería, o de los funcionarios del gobierno que encabezó Gabino Cué Monteagudo.
En lugar de ello, las autoridades se han abocado a buscar justificaciones para adecuar el proyecto y no reconocer que se ha tratado de un fraude.
Pese a ello, de acuerdo con especialistas en Derecho Penal consultados por Real Politik, el hecho de modificar el proyecto o, incluso, continuarlo como lo trazó la administración pasada –lo que ya ha sido descartado–, no significaría en automático otorgar el perdón, pues la Secretaría de la Contraloría podría presentar los expedientes comenzados por las múltiples irregularidades halladas ante la Fiscalía General del Estado o la Procuraduría General de la República (PGR), pedir el comienzo de una investigación por el delito que se configure y a partir de ahí hacer las modificaciones que crean pertinentes.
En el caso de Oaxaca, las autoridades han decidido utilizar los 43 autobuses que fueron comprados por el gobierno pasado, pero para que recorran dos nuevas rutas.
Según Semovi, existe el 80 por ciento de probabilidad de que los nuevos circuitos sean ajenos a la ruta ideada en un primer momento y donde presuntamente se realizaron las millonarias inversiones.
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Véase por donde se vea, el Sitibús es un “fraude”, sentenció la presidenta de la colonia Santa María –barrio del ex Marquesado–, Ángela Teresa Juárez Jiménez, uno de los asentamientos de la capital que mayor rechazo manifestó a la construcción de aquella obra comenzada durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
A prácticamente dos años de la culminación de la administración gabinista, Juárez Jiménez denunció que los pobladores de aquella zona aún están a la espera de que la empresa GAMI Ingeniería, ejecutora del proyecto repare los desperfectos que ocasionó sobre las calles Niños Héroes y calzada Madero, donde la eliminación de coladeras y canales de desagüe, tras la construcción del carril confinado de concreto hidráulico, provocan actualmente encharcamientos e inundaciones cada vez que llueve.
Cuando el gobierno de Cué anunció el comienzo del proyecto, los ciudadanos de aquella zona salieron a las calles para demandar su cancelación, debido a que el plan era inviable, pues reduciría a un solo carril la circulación vehicular, afectaría al comercio de la zona y las obras pre-visualizadas dañarían la escaza infraestructura de servicios básicos que ahí existía.
El tiempo, finalmente, dio la razón a los ciudadanos.
