En la impunidad crímenes y agresiones contra activistas, denuncia el Centro de Protección de los Derechos Indígenas
José HANNAN ROBLES
El Centro de Protección de los Derechos Indígenas (Ceprodi) reveló que existe impunidad en algunos casos de agravio a defensores de derechos humanos porque no se investiga o existe negligencia por parte de las autoridades.
“El Estado, que yo sepa, no tiene ningún programa para proteger a los defensores de los derechos humanos, solamente existe la Ley de Derechos Humanos, que recientemente salió, pero acciones concretas no las hay, aseguró Marcos Ruiz Cano, secretario jurídico de este centro.
Consideró que la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca sí ha cumplido con su cometido en las comunidades, pues llegan los procedimientos en cuanto a violación de garantías de las poblaciones, al contrario de la ciudad “donde en parte si y en parte no, se cumple”.
El gobierno no cuenta con un programa para resguardar la seguridad de quienes velan por el respeto a las garantías individuales
Sin embargo, añadió, por la falta de sistematización de la información existen comunidades donde los indígenas desconocen sus derechos humanos, nadie les ha informado que salió la Ley de Derechos Humanos o la ley que protege sus derechos humanos, lo que saben es por la radio.
La organización que dirige ha enterado a las comunidades que asesora, cuáles son sus derechos como seres humanos, aseveró.
Llamó a las autoridades a usar la inteligencia para aplicar la ley pues aún se siguen cometiendo crímenes en perjuicio de abogados y defensores de los derechos humanos, que no tienen culpa alguna.
La protesta social, sostuvo, se ha criminalizado en parte. Hay ruptura en el tejido social porque al existir un delito lo que busca la sociedad es la aplicación de la ley, y en algunos casos esta no se ejerce.
Ruiz Cano dijo desconocer si en la agenda del gobernador electo Alejandro Murat, se contempla el tema de los derechos humanos, “pues en sus discursos y durante su campaña afirmó que sí contemplaría el tema”. Es un factor determinante la protección ya regulada por la ley, ahora lo que le interesa a la sociedad es que se aplique en el ámbito jurídico, refirió.
Lamentó que los defensores de derechos humanos vivan en riesgo constante, porque los campesinos no son atendidos como se debe ante lo cual tienen que buscar la forma de que se les haga justicia.
Descartó que los ataques que sufren los defensores de los derechos humanos, provengan del ámbito gubernamental.
Al referirse al enfrentamiento de Nochixtlán, sostuvo que es un problema entre el gobierno y el magisterio, por lo tanto las organizaciones protectoras de los derechos indígenas no tienen por qué inmiscuirse en una situación que no corresponde al ámbito indígena, sin embargo en muchas ocasiones han utilizado a los indígenas como bandera. En esta época los verdaderos campesinos están ocupados trabajando sus tierras, porque ellos viven de su fruto.
“Creo que muchas comunidades ni enteradas están del problema magisterial, ya que a los campesinos lo que les interesa es que venga bien la temporada de lluvias para que se produzca maíz y frijol, para que se mantengan durante la temporada de sequía”.
Más adelante, abundó, que el problema magisterial es un asunto político social entre el gobierno y el magisterio, que es el que tiene la supuesta bandera de los movimientos que han surgido, “conforme la ley yo creo que en ningún momento los maestros han podido de manera jurídica determinar las acciones en contra de la ley”.
Consideró que con esta situación, que ya tiene cansada a la sociedad oaxaqueña, no van a lograr nada; lo que deben de hacer es aplicar sus conocimientos y debatir con base a la propia ley y en los preceptos jurídicos más cuando conviene a sus intereses.
Aseguró que los maestros se distrajeron respeto a los tiempos legales, y en su momento no supieron debatir la Reforma Educativa, “se distrajeron con estos movimientos, el proceso legal tiene un término y este se les fue. Yo creo que muy difícil que pueda tener retroactividad la ley, modificaciones es posible pero en base a ordenamientos jurídicos legales que beneficien a ambas partes”.
A los profesores no les queda más que aplicarse a la ley, dedicarse a dar clases y prepararse, Oaxaca es uno de los últimos estados en materia educativa, recomendó.
Llamó al magisterio y a las organizaciones que se han involucrado en el conflicto a reflexionar, porque en un determinado momento esto traerá graves problemas, pues si la sociedad oaxaqueña reacciona de otra manera se estará hablando de guerrilla entre la población y los mentores.
Pidió a la Sección 22 que interponga el diálogo y llegue a acuerdos con los gobiernos federal y estatal; llamó a los profesores a recapacitar y volver a las aulas para normalizar la vida de Oaxaca, ya que hasta los indígenas han dejado de venir a la ciudad por temor a ser reprimidos.
Ruiz Cano sostuvo que por información de los medios de comunicación está enterado que atrás del movimiento magisterial hay organizaciones que buscan saciar intereses de otra índole, “a simple vista se ve que tal vez puedan existir algunas”.
La Sección 22 debe anteponer el diálogo para lograr acuerdos con el gobierno, porque la gente ya está cansada: Ceprodi
