Constituye un modelo centralista sin controles que propiciará que todo quede igual como está actualmente, afirma el diputado federal Rafael Hernández Soriano. En entrevista con Real Politik, el secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja, dice que esa legislación fue hecha sólo para salir del paso y abre la puerta a la ilegalidad
Jorge Vega Aguilar
La Ley General de Comunicación Social aprobada por el Senado de la República, es una simulación legislativa del gobierno federal, para que todo siga igual, y constituye un modelo centralista sin controles, aseguró el diputado perredista Rafael Hernández Soriano, secretario de la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura federal.
“La discrecionalidad de esa ley, también permite que en obras como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se desvíen recursos para crear un aparato de comunicación social que no existía y que es ilegal”.
“Es ilegal, porque la administración pública no permite inventar cargos sobre la marcha al ejercer el presupuesto federal”, afirmó en entrevista con Real Politik, el también presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del NAICM y el Destino de los Terrenos del Actual “Benito Juárez”, ante su eventual salida de operaciones en el 2020.
Hernández Soriano, diputado federal por el distrito XI de la Ciudad de México, ubicado en las demarcaciones de Venustiano Carranza e Iztacalco, indicó que la Ley General de Comunicación Social que se prevé entre en vigor el 1 de enero de 2019, sólo propiciará que todo quede igual como está actualmente.
“Con esa ley, se le queda a deber a la democratización la información para la población, así como a los reporteros y, en general a los trabajadores de los medios de comunicación”, agregó.
El legislador federal, licenciado en Derecho y Técnico Profesional Electricista estuvo como invitado en el Noveno Encuentro Periodístico, organizado por la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A.C., que se llevó a cabo en la Hemeroteca Pública de Oaxaca “Periodista Néstor Sánchez Hernández”.
Ahí, ante profesionales de los medios de comunicación, señaló que lo que se aprobó como Ley General de Comunicación Social, “es lo que está actualmente en los lineamientos de comunicación social del gobierno federal que controla la Secretaría de Gobernación”.
Por ello, se pronunció porque el presidente Peña Nieto no publique esa ley, para que sea discutida ampliamente e integre de manera amplia la opinión de quienes están involucrados directamente en la actividad informativa.
Hernández Soriano, integrante también de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, insiste en que “es deseable que la mencionada ley no se publique, porque el PRI quiere que las cosas sigan igual en el país”.
Dice que también hay que cuestionar la escasa regulación de oligopolios mediáticos televisivos, además de que hay medios de comunicación que confunden lo que es libertad de prensa con libertad de expresión.
Resaltó que los grupos parlamentarios que avalaron la aprobación de la ley –PRI, PVEM-, no tomaron en cuenta siete iniciativas que ya habían presentado diversos partidos políticos, además de que fueron ignoradas las radios comunitarias y estatales.
Por eso, la Ley General de Comunicación Social busca perpetuar la discrecionalidad del Ejecutivo Federal en el gasto destinado a la publicidad gubernamental, apuntó.
Cabe señalar que el PRD, entre otros puntos, planteaba la creación de un Consejo Nacional de la Comunicación, y prohibir que un solo medio de comunicación gane más del 50 por ciento de la publicidad oficial.
Mientras que el PAN proponía la creación de un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación, y prohibir que un medio de comunicación gane más del 60 por ciento de la publicidad oficial por más de 2 años.
En tanto Morena, consideraba que era necesaria la creación de un Consejo Observador de la Equidad y la Transparencia de la Publicidad Oficial; fijar criterios para el reparto equitativo de los recursos en medios nacionales y locales, dotar a la Auditoría Superior de la Federación de las herramientas para vigilar y fiscalizar el destino de los mismos; así como determinar tarifas únicas, para que las compras de publicidad varíen de acuerdo al tiraje o audiencia del medio.
A su vez, el Movimiento Ciudadano argumentaba que debía crearse un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental.
Pero, el Congreso sólo analizó la iniciativa del PRI-Panal, en la que, entre otros asuntos se establece que la difusión de los logros de programas sociales no constituyen propaganda sino sólo “comunicación gubernamental”.
Finalmente el Senado aprobó sin cambios la minuta de Ley de Comunicación Social y la remitió al Ejecutivo federal para su promulgación.
La minuta se aprobó en lo general con 60 votos a favor –del PRI, PVEM- 46 en contra, de senadores del PAN, PT Morena y PRD y una abstención.
La nueva ley otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de regular y administrar el gasto en publicidad gubernamental, además establece la obligación de elaborar y presentar programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados, así como el establecimiento de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
El legislador Hernández Soriano, reiteró que esta ley, fue hecha “sólo para salir del paso y, por ello, es una simulación legislativa”.
“Con esa ley, se le queda a deber a la democratización la información para la población, así como a los reporteros y, en general a los trabajadores de los medios de comunicación”
Rafael Hernández Soriano, secretario de la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura federal
