Desde hace algunos meses, el magisterio oaxaqueño está bordeando los límites de la intolerancia y la provocación. Con su nueva bandera, el caso de Ayotzinapa, que le dio vida de nueva cuenta a la entelequia denominada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha seguido desafiando no solamente la ley, sino agraviando a la sociedad en algo que los analistas políticos definen como una abierta provocación. Por ejemplo, estamos a sólo unos días de la Semana Mayor. En la perspectiva oficial se esperan al menos 150 mil visitantes. Mientras los prestadores de servicios turísticos se aprestan a recibir una bocanada de aire en la devastada industria sin chimeneas, los maestros, empecinados en desgraciar no sólo el presupuesto sino la economía oaxaqueña, continúan con su plantón rotativo representativo, esa inútil y burda protesta que mantienen desde hace casi nueve meses.
Desde hace mucho, hemos insistido en el tema, el magisterio perdió su base social de apoyo. Es un movimiento extraviado, desfasado, que lucha contra el gobierno pero vive de lo que éste le da; un movimiento que frente a aquellos que forjaron un hito en la historia, se ha mantenido de espaldas a la sociedad; con el repudio social ganado a pulso. Nueve de diez oaxaqueños los detesta. ¿Cómo pretenden promover la revolución socialista –según sus despistados dirigentes y cilindreros- si a quien agravian a diario es al pueblo, a quien dicen defender en sus acartonados y manidos discursos? Al tenor de otra organización desfondada, la CETEG, ahora la Sección 22 se ha sacado de la manga otra bandera de lucha: boicotear las elecciones del 7 de junio. La pregunta es: ¿permitirá el Estado que se agreda la voluntad ciudadana, al sistema político y a los órganos garantes de los procesos democráticos? Es evidente –insistimos- que se trata de un abierto afán de provocación. En Oaxaca más que en ninguna parte sabemos a la perfección de su proclividad a la victimización.
Sin duda pues, estamos ante un caso atípico y en efecto peligroso. Los maestros, cilindreados por sus dirigentes, han devenido un gravísimo riesgo para la economía, la estabilidad social, el desarrollo y la propia paz ciudadana. Se han convertido en látigos; en obstáculos para todo; en el eje de endeudamiento público y pivote de la crisis financiera del estado. Hay quienes se preguntan: ¿cómo llegamos a este nivel? ¿Por qué, tanto el gobierno como la abulia ciudadana, han permitido que lleguemos a este estado de cosas? El gobierno federal está emplazado a garantizar elecciones libres y procesos transparentes. Es necesario si es posible para mantener la paz y la tranquilidad, llegar a situaciones extremas. La Sección 22 ha caminado ya al filo de la intolerancia, que se traduce en protesta y el abuso que se perfila en agravio. La sociedad oaxaqueña –y ello lo sabe a la perfección el gobierno estatal- está a punto de estallar. Ya Huatulco y otras organizaciones en Salina Cruz han mostrado su disposición a frenar abusos. ¿Acaso llegaremos a los extremos de que sea la sociedad civil, ante la abulia oficial, quien tenga que defender sus propios derechos?
Desde hace mucho hay en la sociedad civil un resentimiento guardado ante tantos años de abusos y atropellos. No tarda en que esta situación explote. He ahí el por qué el gobierno, tanto federal como estatal, deben tomar las providencias necesarias. Boicotear las elecciones es simplemente, dar un revés al Estado, pero también al pueblo mexicano. Y ello es un delito de lesa humanidad que nadie debe permitir.
