EDITORIAL
Hace unos días circuló una nota, bien documentada, respecto a que la dirigencia del Cártel-22, encabezada por Eloy López Hernández y “El Pozolero”, Genaro Martínez Morales, condicionan al gobierno de Alejandro Murat a quitar el plantón virtual que mantienen en el zócalo de la capital, a cambio de que éste hiciera realidad el acuerdo de “bilateralidad” que exigen los democráticos mentores. 
Es más, trascendió que el mismo Comité Ejecutivo Seccional (CES), había enviado circulares a todas sus células de supervisores, directores y jefes de sector, a no entregar información de sus plantillas de personal, hasta en tanto se hiciera realidad el citado acuerdo. La palabra ha sido muy recurrente en todos los encuentros que ha sostenido la dirigencia sindical con el gobierno estatal. Una y otra vez se insiste en lo mismo.
Pero, ¿a qué se refiere exactamente la famosa bilateralidad? Muy simple. El Cártel-22 no ha asimilado que los tiempos han cambiado y que no existe ningún reglamento, acuerdo o decreto local, por el cual ellos puedan tener el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), como lo tuvieron desde el 28 de octubre de 1992 al 20 de julio de 2015. Es decir, durante 23 años una caterva de fanáticos, corruptos y demagogos mantuvo el control de la política educativa de Oaxaca, además de un pernicioso manejo discrecional del presupuesto. La deuda pública que durante años arrastró la entidad por temas de la educación rebasó cualquier expectativa. La Sección 22 simplemente se asignaba salarios fuera de la realidad y con los recursos destinados a programas específicos, financiaba movilizaciones, enriquecía a sus dirigentes, apoyaba a grupos armados, etc.
En julio de 2015, ante la pasividad con la que el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo asumía la responsabilidad de la Reforma Educativa, habida cuenta de la complicidad que tenía con el magisterio, artífices de su triunfo, el gobierno federal, a través del entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chauyfett Chemor, presionó al ex ejecutivo para recuperar la rectoría del Estado en materia educativa. Se aprobó un decreto y todos los incondicionales que había insertado ahí el Cártel-22, como directores, subdirectores y jefes de departamento, además de cientos y cientos de mandos menores, fueron prácticamente despachados con cajas destempladas. Muchos fueron liquidados y el Estado asumió su papel, aunque el trabajo no se hizo completo, pues quedaron mil cabos sueltos.
Sin embargo, siguieron los jaloneos y en 2016, a raíz de la orden de aprehensión girada en contra de los ex dirigentes Rubén Núñez y Francisco Villalabos, el Cártel 22 volvió a desplegar su faceta más violenta. Cierres carreteros, bloqueos citadinos y otros. El corolario fue el enfrentamiento que se dio en Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, que dejó ocho muertos –ninguno maestro- y que fue capitalizado por los capos de la 22. Más de ciento cincuenta policías federales y estatales heridos, pero los maestros y sus adláteres de COMUNA, MAIZ, CEDHAPI y otros, se asumieron víctimas y el gobierno federal tuvo que enchalecarse de nueva cuenta la situación. Hoy, dicha fecha es un nuevo motivo de agravio social. Lo que buscaba la dirigencia de la CNTE lo consiguió: tener más víctimas para justificar su soterrada oposición a la Reforma Educativa y a la evaluación. Ahora, los vaquetones del Cártel-22, amenazan con no iniciar el ciclo escolar, ante miles de padres de familia que exigen al Estado, acciones más severas que las inútiles mesas de diálogo.
