Francisco GARFIAS/Excélsior
Las ONGs y los padres de los normalistas desaparecidos exigían que los expertos extranjeros permanecieran indefinidamente en México.
Una retadora pregunta que han hecho en público, tanto Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la CIDH, como James Cavallaro, relator de esa Comisión para México, refleja las duras presiones a las que está sometido el gobierno mexicano por el espinoso tema de las violaciones a los derechos humanos:
“¿Quién manda en México, el Ejército o el gobierno?”
Los integrantes de la CIDH formularon esta pregunta, luego de que el general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, declarara, en entrevista con Televisa, que ningún soldado podrá ser interrogado por los expertos de la CIDH que coadyuvan en el esclarecimiento de la barbarie de Iguala.
“Solamente respondemos a las autoridades mexicanas”, le respondió el general Cienfuegos al reportero Santos Mondragón.
Sobre el tema, hablamos con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob. El funcionario recordó que esa misma pregunta se la hizo en Washington el relator Cavallaro.
“Ya la había hecho el secretario Ejecutivo de la CIDH (Álvarez Icaza) y le contestamos que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República”.
Campa, por cierto, nos dijo que el recién anunciado plazo de seis meses que permanecerán en México los expertos del GIEI de la CIDH, fue consensuado con los integrantes de ese grupo.
El funcionario, además, no ocultó su satisfacción por dicho acuerdo.
Las ONGs y los padres de los normalistas desaparecidos exigían que los expertos extranjeros permanecieran indefinidamente en México.
El subsecretario, por lo demás, fue contundente al subrayar que es “inviable” que en México se pudiera formar una comisión similar a la que en Guatemala investigó al hoy destituido expresidente de ese país, general Otto Pérez, encarcelado por corrupción.
Esta comisión fue encabezada por un extranjero: el colombiano Iván Velásquez.
Garganta azul jura que Ricardo Anaya, jefe nacional del PAN, llamó el pasado miércoles a senadores de su partido que debatían la Ley de Ingresos del 2016, para que votaran a favor de que el déficit autorizado regresara al 3% del PIB.
El mero mero del blanquiazul no estaba de acuerdo en la modificación que el Senado quería hacer a la minuta de los diputados: bajar ese déficit al 2.9%, con el argumento de que los recursos así liberados servirían para el pago de deuda.
El coordinador del grupo parlamentario, Fernando Herrera, fue el encargado de bajar la instrucción a los desconcertados senadores de la bancada azul.
La instrucción del jefe nacional del PAN repercutió en las negociaciones. Los grupos parlamentarios tardaron horas y horas en ponerse de acuerdo.
El PRD insistía en que se quedara en 2.9 el déficit y que los 17 mil millones liberados se fueran a pago de deuda, y no a obras asignadas por los diputados.
El debate subió de intensidad. Provocó, incluso, roces entre los panistas que integran la Comisión de Hacienda.
El tema de los “moches” pesaba en el ambiente.
Por su parte, el senador Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda, lo dijo en el debate de la Comisión de Hacienda:
“El principal espacio de corrupción que hay en Mexico es la asignación que se hace en la Cámara de Diputados”.
Lo secundó su correligionario, Héctor Larios: “Estos recursos se asignan de manera discrecional, sin ninguna planeación, sin ninguna prioridad, y abren espacio a la corrupción”.
Otro panista, Jorge Lavalle, protestó con fuerza:
“Me parece muy injusta la manera en la que se está juzgando al ciento por ciento de los diputados de la legislatura anterior. Se están refiriendo a ellos como unos corruptos.
“Mucho más grave es que estemos prejuzgando a los 500 diputados que están entrando ahora”, remató.
Una propuesta del senador perredista Armando Ríos Piter fue la que destrabó la negociación.
El déficit del 3%, finalmente, se aprobó bajo la condición de que la aplicación de los 17 mil millones adicionales pudieran ser auditados, en tiempo real, por la ASF.
Una voz financiera autorizada nos dio la clave para entender la intervención de Anaya. Serán las dirigencias nacionales de los partidos las que vigilen la asignación que los diputados hagan de esos 17 mil millones de pesos a diversas obras en los municipios. “Son para empoderar a los jefes de los partidos”, aseveró.
La SHCP había eliminado los fondos de los moches del Presupuesto 2016, pero los partidos con representación en el Congreso se las ingenian para recuperarlos.
No hay duda de que los políticos caminan en sentido contrario que los ciudadanos.
Twitter: @panchogarfias
