Rodolfo Ruiz R.
@periodistasoy
A la luz de las conclusiones e investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y el enfrentamiento entre policías y manifestantes en el operativo del pasado 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, las recomendaciones giradas al gobernador Rafael Moreno Valle parecen insignificantes.
El ombudsman nacional es omiso en un punto central del conflicto, al no señalar a un autor intelectual de la fallida estrategia para ocultar y distorsionar la refriega; para inculpar y criminalizar a los pobladores de Chalchihuapan de la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, que exigían la restitución de los servicios del registro civil a la presidencia auxiliar; y para construir un montaje basado en una mentira oficial: la onda expansiva como causa del fallecimiento del menor.
O es que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ignora que los policías que participaron en el operativo fueron aleccionados para acusar ante el Ministerio Público a los manifestantes del homicidio del hijo de Elia Tamayo; que el gobierno de Puebla manipuló y editó a su antojo los videos y el escenario del enfrentamiento, y que hasta mandó a traer cabezas de cochino para demostrar que había sido un cohetón, y no un cilindro de gas, lo que mató al niño de Chalchihuapan.
No deja de resultar extraño que en ninguna de las once recomendaciones emitidas por el ombudsman al gobernador Moreno Valle se haga alusión al autor intelectual de las evidentes transgresiones a la verdad; al artífice de la publicitada versión oficial financiada con recursos públicos; y al orquestador del malogrado montaje instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el aparato de comunicación social del morenovallismo.
¿Qué funcionario de los involucrados en el caso tuvo o tiene la influencia no sólo para justificar el uso indebido y excesivo de la fuerza pública, para criminalizar a los cuatro detenidos de Chalchihuapan e inculparlos del homicidio de José Luis Tehuatlie, aunque el proyectil que provocó su fatal desenlace se haya disparado después, o para manosear los diagnósticos y peritajes médicos de los especialistas que atendieron al menor?
¿Qué autoridad pudo ser capaz de ocultar los peritajes de los neurólogos y cirujanos que no encontraron en la fractura craneal de Tehuatlie Tamayo heridas que tuvieran un aspecto desgarrado o estrellado por la acción de gases, quemaduras por una llama, cabellos quemados o granos de pólvora incrustados en la epidermis, o para mandar al procurador Víctor Carrancá a los noticiarios de la capital del país a insistir en la versión del cohetón o la onda expansiva como los causantes de la muerte del menor de Chalchihuapan?
¿A poco no hubo una estrategia y una serie de acciones concertadas para apuntalar la hipótesis de que los propios pobladores habían asesinado a José Luis Tehuatlie?
¿O es el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, tan ingenuo que cree que en Puebla los secretarios, el procurador y los voceros del gobierno se mandan solos o actúan de motu proprio?
¿O que Moreno Valle es totalmente ajeno a los hechos de Chalchihuapan y que tras sus once recomendaciones —que hoy mismo fueron aceptadas por la administración estatal— se creará una fiscalía especial que investigará a fondo y de manera transparente e imparcial lo ocurrido aquel 9 de julio, y que los verdaderos responsables de la muerte de José Luis Tehuatlie y de otras víctimas del violento desalojo serán llevados a juicio y castigados por sus abusos, mentiras y excesos?
¡Por favor!
