Mientras el sistema de seguridad pública en la entidad se encamina al fracaso, producto de subejercicios millonarios, desconfianza de la ciudadanía hacia el ejercicio policial y cuerpos policiacos con elementos mal pagados y sin capacitación, el crimen da muestras de una mayor organización, mejor trabajo de inteligencia y el manejo de armamento más sofisticado. En 23 por ciento de los hogares oaxaqueños, al menos un integrante ha sido víctima de la delincuencia
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
Entre subejercicios millonarios, policías mal capacitados y desconfianza ciudadana hacia los elementos de seguridad pública, la delincuencia en Oaxaca sigue escalando. Además de la violencia homicida que se incrementaron 18% entre 2017 y 2019, los delitos por robo, robo a casa habitación, robo en vía pública y lesiones dolosas se han disparado por lo menos 20 por ciento durante el actual gobierno.
Prácticamente todos los delitos en el estado han registrado un alza considerable en el número de denuncias realizadas ante un Ministerio Público. El renglón de robo total subió 20% de 2017 a 2019. Ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESENSP) se registraron 10,887 casos en 2017; 12,541 en 2018; y 13,153 en 2019.
En el delito de robo a casa habitación las denuncias subieron 27% desde 2017, cuando se registraron 1,155 casos; para 2018 fueron 1,305 y para 2019, 1,487.
Robo de vehículo automotor el número de denuncias se redujo 1% entre 2017 y 2019.
En 2017 se denunciaron en Oaxaca 3,131 casos; en 2018, 3,068 y en 2019, 3,101.
Las denuncias por robo en vía pública pasaron de 1,514 en 2017 a 1,897 en 2019, lo que representa un incremento de 24%.
También han ido al alza las denuncias por el delito de lesiones dolosas, que pasaron de 3,495 en 2017 a 4,591 en 2018 y 4,874 en 2019.
SUBEJERCICIOS MILLONARIOS
Pese a estas cifras, los recursos destinados a tareas de mejoramiento del sistema de seguridad pública continúan rezagados. De los recursos que se comprometieron a invertir los gobiernos federal y estatal en 2019 a través del convenio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Social (FASP), 245 millones de pesos, hasta noviembre pasado solo se aplicaron 97.5 millones, el 39.79%.
A pesar de que son programas de prioridad nacional para el mejoramiento de la seguridad pública, rubros como desarrollo y certificación policial, infraestructura y equipamiento, sistema penitenciario y de justicia, sistema nacional de información y el sistema de alerta 911 son los que mayores rezagos en la aplicación de recursos presentan. En todas estas líneas de inversión pública, la eficacia del gasto, es decir el porcentaje que representa el monto pagado, ejercido y devengado respecto al convenido, es menor a 55%.
En el programa de desarrollo y certificación policial, de los 34.4 millones de pesos comprometidos en inversión, únicamente 18.8 han sido pagados, ejercidos y devengados, con una eficacia en el ejercicio de recursos de 54.6%. Debido al subejercicio, subprogramas como profesionalización y control de confianza se han visto afectados.
En el sistema penitenciario y de justicia para adolescentes, de los 21.4 millones de pesos comprometidos en coinversión, solo ocho han sido aplicados.
Para el programa de ciencias forenses, aunque se comprometieron 10.1 millones de pesos, solo 5.5 han sido ejercidos; en el sistema nacional de información, de 26.6 millones de pesos comprometidos solo se han ejercido 10; de 15.9 millones que se convinieron para el sistema de alerta y denuncia 911, solo se usaron 7.4 millones.
Solo en uno de los 11 programas prioritarios que contempla el FASP, Oaxaca superó una eficacia de gasto de 70%, el de prevención del delito de alto impacto, en el que se devengaron 8.5 de los 11 millones de pesos comprometidos, 77.6% del total.
Del presupuesto para seguridad pública de los tres años precedentes, el gobierno de Oaxaca ha dejado sin aplicar más de 52 millones de pesos. En 2016 quedaron pendientes de aplicar, 27.68 millones de pesos; en 2017, 15.82; y en 2018, 8.58 millones.
POLICÍAS MAL PREPARADOS, SIN DERECHOS
Un reflejo de estos subejercicios, es la falta de capacitación, equipamiento y derechos que enfrentan los policías de la entidad. El reporte Indicadores sobre la función policial realizado por la ONG World Justice Project da cuenta de diversas irregularidades encontradas en el sistema de seguridad pública de Oaxaca.
Un dato significativo: 15.7% de los policías estatales en funciones operativas carecen de un chaleco antibalas proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con este reporte, dos de cada diez policías de Oaxaca iniciaron sus labores operativas sin antes haber recibido un curso de formación, para el manejo de armas o sobre mecanismos de control de personas, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública contrató a agentes que carecían de conocimientos técnicos para utilizar una pistola o para actuar durante una manifestación o un motín.
La cifra de policías mal capacitados aumenta al revisar el porcentaje de quienes han tomado un curso de investigación e inteligencia policial. Solo 36.2% de los policías en el estado sabe cómo iniciar una investigación en una escena del crimen, una obligación que debe cumplir desde hace más de una década, de acuerdo con las reformas constitucionales hechas en materia de procuración de justicia. La baja cifra de los policías que están capacitados en esta materia contrasta con el porcentaje de los agentes que cuenta con herramientas para atender una escena del crimen (84.8%). En este último rubro, Oaxaca es la entidad con mayor porcentaje de agentes del país.
Respecto a los derechos y prestaciones, además de ser los policías que en promedio ganan el salario más bajo de todo el país, los oaxaqueños carecen de diversas garantías. En jalisco, Guanajuato y Baja California Sur, por ejemplo, más del 90% de los agentes cuenta con un crédito para vivienda, mientras que en Oaxaca el porcentaje es de solo 12.6%. Oaxaca destaca también por ser el sexto estado con menor porcentaje de agentes beneficiarios de becas para sus hijos, una prestación que solo alcanza el 4% del total. Querétaro y Guanajuato otorgan becas escolares a más del 90% de sus elementos policiales.
Asimismo, solo 31% de los agentes del estado ha gozado una licencia de maternidad o paternidad, pese a que el promedio nacional es de 62%. De igual forma, solo 10.9% de los policías cuenta con apoyo para la viudez, aunque el promedio del país es de 32%, con estados como Jalisco donde 49% de sus policías cuenta con este beneficio. En caso de fallecimiento, solo 23.6% de las familias de los agentes cuenta con apoyo para gastos funerarios.
Para atender su salud, 27% de los policías en Oaxaca cuenta con apoyo médico psicológico y 85.1% con servicios de consultorio interno.
FALTA DE LEGITIMIDAD
En Oaxaca de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, 23.1% de los hogares cuenta con al menos un integrante que ha sido víctima de la delincuencia. La tasa de víctimas del delito en el estado fue de 17 mil 757 personas por cada 100 mil habitantes en 2018, cifra menor a la que se registró en 2016, de 19 mil 687.
La encuesta del Inegi resalta que la delincuencia costó en la entidad en 2018 6 mil 366 millones de pesos.
60.6% de los habitantes del estado percibe a la institución policial de la entidad como corrupta. En la entidad se quedan sin denuncia 95% de los delitos cometidos, de acuerdo con el Inegi.
El reporte de World Justice Project señala también que el 74.7% de las detenciones que realizó la policía en Oaxaca entre 2008 y 2016 se realizaron mediante tortura o maltrato.
Penitenciarías, siguen autogobiernos y actividades ilegales
A nivel penitenciario, aunque desde 2017 finalmente el estado dejó atrás las calificaciones reprobatorias, aún los avances resultan insuficientes.
De acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación Penitenciaria publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2019, la calificación promedio de las cárceles del estado fue de 6.66; la de 2018 fue de 6.09 y 6.03 en 2017.
El penal de Santa María Ixcotel continúa siendo reprobado por no garantizar las condiciones de gobernabilidad. La CNDH ha señalado insistentemente que dentro de esta cárcel los presos aún ejercen un cogobierno con la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades carcelarias. Persiste además la realización de actividades ilícitas como la venta de drogas y cobros al interior del penal. Las actividades laborales y de capacitación son, señala el informe, “inexistentes”.
En el diagnóstico se señala también que las autoridades han fallado en garantizar una estancia digna para las personas privadas de su libertad en este centro. Hay, además de malas condiciones de higiene, deficiencia en la alimentación.
Tampoco garantizan una estancia digna las penitenciarías de Tehuantepec ni el de Miahuatlán, donde también se detectó la realización de actividades ilícitas.
