La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) convocó a las autoridades estatales y municipales a respetar los derechos humanos de la población, frente a la declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID-19 efectuada por el gobierno federal.
Y es que si bien se establecieron una serie de estrategias que buscan el bienestar común en materia de salud, no se decretó un estado de excepción, lo que significa que las garantías individuales continúan vigentes y deben respetarse, atenderse y procurarse.
El órgano autónomo reconoció que las autoridades en su conjunto enfrentan un gran desafío respecto a la contención de COVID-19, sin embargo, consideró que se debe encontrar el equilibrio entre la protección del derecho a la salud y resguardar las demás libertades y derechos.
La DDHPO resaltó que debe haber un especial cuidado sobre la restricción del derecho a la movilidad, ya que si bien esta medida busca proteger a la población, esto no debe violentar otros derechos o libertades.
Respecto a las medidas de distanciamiento social, es importante que las autoridades vigilen que las acciones no promuevan la discriminación o estigmatización, ni tampoco incurran en alguna practica que excluya algún sector de la sociedad, por el contrario, las medidas adoptadas deben proteger todos los derechos de todas las personas y evitar los abusos.
La Defensoría insistió en la necesidad que las autoridades proporcionen información accesible y transparente respecto a las medidas que aplicarán, así como las acciones preventivas y de cuidado en español y también en lenguas originarias y culturalmente adecuadas.
El organismo defensor recordó que implementar acciones con enfoque de derechos humanos es una forma natural de proteger a la población, pues estos tienen una carga preventiva inherente, además proporcionan una base sólida para abordar cuestiones preocupantes como la protección de la salud, además la perspectiva de derechos humanos previene la generación de conflictos internos, ya que coadyuva a la igualdad y la paz social.
La Defensoría resaltó que la declaratoria de Emergencia Sanitaria es una acción que busca redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la salud de las personas y mitigar los efectos de un potencial contagio masivo del virus SARS- COVID-19, pero insistió que la declaratoria no es una suspensión de derechos, por lo que todas las autoridades incluidas las municipales deben abstenerse de realizar acciones que restrinjan o vulneren los derechos.
