Ana Paula ORDORICA/Excélsior
El problema de la corrupción no tiene nada que ver con las leyes ya existentes, sino con la falta de su cumplimiento.
Se aprobó en el Senado la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Maravilloso primer paso. No nos podemos quejar.
El tema es que el problema de la corrupción en nuestro país no tiene nada que ver con las leyes ya existentes. Tiene que ver principalmente con la falta de su cumplimiento.
Pero, suponiendo que las leyes fuesen el problema, los cambios constitucionales que implica la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción requieren que los Congresos de al menos 16 estados de la República los aprueben.
Gran problema.
¿Cuál es el incentivo para los gobernadores de que reglas anticorrupción lleguen a sus estados, si hoy la ausencia de éstas les permite hacer y deshacer a sus anchas?
Ahí está el caso del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien no sale de un escándalo de corrupción y/o conflicto de interés para entrar en otro.
Desde sus viajes a Disneylandia, cuando la principal ciudad de su estado era víctima de narcobloqueos; las dudas sobre su residencia en Monterrey o en San Antonio para salvarse él y su familia de la inseguridad que ha aquejado a los regios desde que asumió el poder; la adjudicación de contratos de infraestructura a contentillo y, ahora, el escándalo de la compra de terrenos ejidales en el municipio de Mina.
Un escándalo que tiene cuando menos las dimensiones de lo sucedido a nivel federal con La Casa Blanca de la primera dama, pero que, al ocurrir a nivel estatal, queda enterrado en el mar de noticias, no obstante que Nuevo León tiene fuerte presencia de medios nacionales.
Sólo para dimensionar: el padre y hermano del gobernador se hacen pasar por ejidatarios del municipio de Mina, después de que la Semarnat autoriza a la empresa alemana Sowitec a construir un parque eólico en esa zona, valuado en 386 millones de dólares.
Como ejidatarios, compran terrenos a precios bajísimos —200 hectáreas— en esa zona. No contentos con esa espectacular compra, que significa un negociazo, compran terrenos a un lado, conociendo que se construiría en el lugar un penal y que posteriormente se trasladarían a esos terrenos los juzgados que hoy están en el Penal de Topo Chico.
Todos estos proyectos están incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León 2010-2015, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2000-2021, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Energía 2007-2012.
Y los beneficiados por conocer de primera mano los proyectos son y seguirán siendo el actual gobernador, su padre, Humberto Medina Ainslie; su madre,María Rebeca de la Cruz, y sus hermanos Alejandro y Humberto Medina de la Cruz.
Si eso no es un conflicto de interés y lucrar de manera corrupta como servidor público, no sé qué sea.
¿A ése y otros gobernadores les vamos a pedir que SUS Congresos aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción?
Se antoja difícil.
Twitter: @AnaPOrdorica
