Durante la presente administración federal han sido asesinados 50 comunicadores en el país y ante la presión que han ejercido gobiernos como el de Estados Unidos o de la Unión Europea, en México se han hecho medianos intentos para atender las agresiones contra la libertad de expresión, dice Víctor Ruiz Arrazola
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
El presidente Enrique Peña Nieto ha fracasado en su compromiso internacional de proteger el ejercicio periodístico al grado de afectar las relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, cuyos representantes advirtieron al gobierno federal con obstaculizar los tratados de libre comercio si no se atendían las agresiones contra la libertad de expresión.
De acuerdo con el periodista Víctor Ruiz Arrazola, integrante de la Casa de Protección a Periodistas, a partir del asesinato de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, las agresiones contra periodistas en el país recibieron nuevamente atención internacional, incluso de gobiernos europeos y del estadounidense.
“El tema de la agresión contra periodistas vuelve a escalar al escenario internacional y a representar un problema para el gobierno de México porque en esos momentos se estaban sentando las bases para negociar el TLC con EU y Canadá y el tratado de libre comercio con la Unión Europea, muchos de esos países le advirtieron a México que si no resolvía el problema de la violencia contra periodistas y daba una muestra de voluntad política de que lo iba a atender no continuaban las pláticas para el reinicio de esos acuerdos”, recordó Arrazola.
Durante una conferencia dictada en la Casa de la Cultura Jurídica, señaló que ante la presión internacional, la respuesta del gobierno de Peña Nieto fue la simulación. “Lo que hizo el presidente de la República es convocar a todos los gobernadores a través de la Conago y decirles que se requería un protocolo de atención a periodistas y formar unidades estatales de protección, pero sin tocarle un pelo a las leyes estatales o a la ley general”.
Aunque esas unidades de protección a periodistas se han creado en todas las entidades, algunas de manera eficaz, se mantienen al arbitrio de los poderes Ejecutivos, que eligieron como responsables a personal de inteligencia, de las fiscalías o de seguridad pública.
“No hay periodistas ni mucho menos personas que tengan experiencia en análisis de riesgo, como resultado de ello, las agresiones contra periodistas continúan”. Aunado a ello, en 2018, el Congreso de la Unión dejó en ceros el presupuesto para el Mecanismo de Protección a Periodistas y solo lo ha apoyado con recursos del gasto corriente de la Segob.
Arrazola señaló que a los esfuerzos de periodistas por generar leyes estatales de protección le han seguido respuestas políticas de los gobernadores para acabar con “las presiones de que haya justicia y se acabe con la impunidad, aprueban la ley, en muchos casos crean los mecanismos o los sistemas de protección pero no aprueban los presupuestos, leyes sin presupuestos son verdaderas tomadas de pelo”.
Violencia seguirá
Ruiz Arrazola aseguró que las causas estructurales que generan la violencia contra periodistas en México se mantienen y ante esta situación, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia no significará un cambio.
“Continúan los índices de violencia que estamos viviendo, hablamos de 50 periodistas asesinados durante el gobierno de Peña Nieto, desafortunadamente esa violencia no se le ven indicios de que vaya a disminuir con el próximo gobierno porque los factores estructurales que generan la violencia contra periodistas siguen vigentes”, explicó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un diagnóstico de 167 expedientes penales abiertos por agresiones a periodistas en 2017, encontrando que en 90% de los casos persiste la impunidad.
“Como abogado de periodistas he tenido la oportunidad de ir a las fiscalías de investigación de periodistas asesinados o amenazados y he encontrado que esas carpetas están vacías, únicamente hay oficios y más oficios, pero no hay peritajes, no hay informes”, señaló. “En este país no queremos que nos protejan para que no nos maten, queremos que nos dejen ejercer el periodismo”, sentenció.
Una nueva propuesta
Como parte de la propuesta de la Casa de Protección a Periodistas se encuentra que a la Ley General de Protección a Periodistas se le dé un carácter nacional que evite que haya 32 leyes estatales y 32 mecanismos de protección, que implican una gran burocracia para el país.
Asimismo, a nivel constitucional es imperativa una reforma que declare al periodismo como una actividad de interés público y a través del artículo 134 norme la asignación de presupuestos de comunicación social.
Se propone además elaborar un nuevo diseño para la fiscalía de atención especializada, así como de los protocolos de investigación, capacitar a jueces y conformar con integrantes de la sociedad civil una comisión de la verdad que se encargue de dar seguimiento a casos emblemáticos en los que se haya atentado contra la libertad de expresión.
También se requiere reformar los planes de estudio de las universidades que impartan las licenciaturas de comunicación y periodismo para adecuarlas a la realidad y que enseñen sobre la importancia de que existan mecanismos y leyes para proteger la libertad de expresión; conformar en cada entidad colegios de periodistas que conjuntamente atiendan las agresiones y a nivel nacional conformar el Instituto Mexicano de Capacitación para Periodistas.
