Con el aval del Gobierno de la Cuarta Transformación, la compañía canadiense Minarum Gold pretende acabar con uno de los territorios que mayor biodiversidad resguarda en México, la selva de los Chimalapas; aun sin el aval de la comunidad zoque de San Miguel Chimalapas, las secretarías de Economía y Medio Ambiente dejan avanzar un proyecto que amenaza 7 mil 130 hectáreas de bosques y que podría contaminar no solo uno de los principales ríos del Istmo de Tehuantepec, el Ostuta, sino dejar sin medios de sustento a pueblos enteros
“Desde hace dos años hay zonas a las que no tenemos acceso, sabemos que hay gente armada, hace tres años subió gente armada, la situación se está tornando más tensa, el fin de semana nos impidieron que tomáramos videos, que tomáramos fotografías, es gente del pueblo que está cobrando honorarios con la minera, les entregamos un oficio para la empresa y a ellos como pobladores, les advertimos que pueden ser desalojados si continúan con estos trabajos”
“Lo que nunca, ha comenzado a haber asaltos en esta zona, pero la lucha se ha seguido haciendo. Sabemos que a los lugares a donde llegan estos proyectos llega el crimen organizado”
Daniel Cirilo López
comunero San Miguel Chimalapas
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
La minería quiere apoderarse de uno de los territorios más biodiversos de México, los Chimalapas. Con la anuencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la compañía canadiense Minarum Gold avanza en los trabajos de exploración de esta zona, que resguarda una de las 10 selvas con mayor biodiversidad del mundo.
Amparada en una concesión entregada sin consultar al pueblo zoque que es propietario de este territorio, la compañía canadiense ha continuado con la exploración de 7,310 hectáreas de los Chimalapas en busca de yacimientos de oro, plata y cobre.
El área donde se localiza la concesión, la agencia de La Cristalina, luce ya erosionada. La compañía comenzó a realizar trabajos de exploración utilizando dinamita. Hasta ahí, en un lugar separado por un trayecto de tres horas en vehículo de la cabecera municipal, el pasado fin de semana alrededor de 150 pobladores de San Miguel Chimalapas y otros municipios como Zanatepec y Tapanatepec, se manifestaron para exigir al gobierno de la Cuarta Transformación que detuviera estos trabajos que se llevan a cabo de forma irregular. Reiteraron su decisión de declarar a los Chimalapas como municipio prohibido para la minería.
La respuesta a esta petición llegó incluso antes de que se realizara la clausura simbólica de los trabajos de exploración minera. Desde el 12 de septiembre pasado, la secretaria de Economía federal, Graciela Márquez Colín, aseguró que la concesión otorgada por Felipe Calderón a Minarum no sería suspendida si cumplió con todos los requisitos.
La funcionaria, encargada de mantener la relación directa del gobierno federal con las mineras, señaló que si la etapa del proyecto ha cambiado de exploración a explotación no se revocaría el permiso.
Los pobladores de los Chimalapas han respondido a las autoridades que los trabajos de la minera son, por lo menos, irregulares. Primero, la concesión se entregó sin una consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena, como lo mandatan tratados internacionales firmados por México.
Asimismo, los pobladores han exigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que suspenda el trámite de solicitud de la manifestación de impacto ambiental del proyecto minero 20OA2020MD038 denominado Santa Marta. La dependencia federal, a cargo de María Luisa Albores, ha descartado otorgar información a los pobladores chimas para conocer el estado de este trámite.
“El impacto que están generando en La Cristalina es bastante fuerte, las muestras de lo que quieren explotar ya las tienen, Semarnat no nos ha querido decir nada sobre la explotación”, explica Daniel Cirilo López, uno de los comuneros de San Miguel que ha participado en las tareas de organización de la población en contra de la minera.
La situación, advierte, comienza a ser tensa. “Desde hace dos años hay zonas a las que no tenemos acceso, sabemos que hay gente armada, hace tres años subió gente armada, la situación se está tornando más tensa, el fin de semana nos impidieron que tomáramos videos, que tomáramos fotografías, es gente del pueblo que está cobrando honorarios con la minera, les entregamos un oficio para la empresa y a ellos como pobladores, les advertimos que pueden ser desalojados si continúan con estos trabajos”.
Despojo, división, crimen
La actividad minera en los Chimalapas no solo implicaría el despojo de su territorio, sino también la grave afectación a los recursos naturales que circundan el polígono de las 7,310 hectáreas que tiene concesionadas Minarum. La Cristalina se localiza en el nacimiento del río Ostuta, que recorre desde los Chimalapas hasta el sistema lagunar del Istmo de Tehuantepec, otro territorio sagrado para comunidades ikoot de municipios como San Francisco Ixhuatán, San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, los tres pueblos de pescadores para los que este sistema lagunar sigue siendo fuente principal de ingresos y sustento. De avanzar un proyecto de explotación minera a cielo abierto como el que se pretende llevar a cabo, la contaminación de sus aguas sería inevitable.
Los trabajos de esta minera han causado ya el resquebrajamiento del tejido social de los Chimalapas. Los pobladores de La Cristalina, que trabajan ya del lado de la minera, han firmado, sin consentimiento de autoridades municipales ni comunales, autorizaciones para que los trabajos de exploración se lleven a cabo. Aunque evidentemente son inválidos estos documentos, la compañía los ha notariado y exhibido como legítimas pruebas de que cuentan con el aval de los pobladores. Los pobladores de La Cristalina fungen ahora como vigilantes de la zona concesionada. A cambio, como denuncian los grupos opuestos al proyecto, recibieron dinero y una camioneta para realizar recorridos.
Estas acciones han provocado que las autoridades de San Miguel hayan advertido a los pobladores de La Cristalina que serán expulsados del municipio si continúan actuando en contra de los intereses de la mayoría de los habitantes.
“Les desautorizaron desde la cabecera para tomar cualquier decisión a nombre del pueblo, les advirtieron que serían desalojados, desde el 30 de octubre hay vigilancia para evitar que se continúen los trabajos de exploración y que acudan funcionarios federales o trabajadores de la minera”, señala Miguel Ángel García, coordinador de Maderas del Pueblo del Sureste, una ONG que ha trabajado durante décadas por la conservación de los Chimalapas.
García señala que las acciones del gobierno federal están encaminadas a fortalecer el proyecto del Corredor Interoceánico, en el cual han mostrado un gran interés las compañías mineras canadienses y estadounidenses que operan en México.
Asimismo, advierte que avalar la exploración minera y la consecuente explotación en esta región es un acto muy riesgoso, pues dada la historia de los Chimalapas –tanto de Santa María como de San Miguel- sus pobladores están dispuestos a apoyar acciones para frenar proyectos que implican afectaciones a su territorio y sus recursos.
A la división social se suman amenazas y la, aunque aún incipiente, cada vez mayor presencia de la delincuencia común como organizada en la región. La operación de la minera ya ha atraído a grupos del crimen organizado que han amenazado a los pobladores y les han empezado a cobrar derecho de piso.
“Lo que nunca, ha comenzado a haber asaltos en esta zona, pero la lucha se ha seguido haciendo. Sabemos que a los lugares a donde llegan estos proyectos llega el crimen organizado”, dice Daniel Cirilo López.
