La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), luego del paro decretado desde el 19 de agosto, ha escrito uno de los capítulos más tortuosos de su historia, pues los maestros pueden devenir de un momento a otro, de carniceros en reses. La suspensión de labores por tres semanas los ha puesto contra la pared y si tenían algún reducto de apoyo ciudadano a su movilización perpetua, es evidente que ya no lo tienen. La clausura de edificios escolares en Tlacolula de Matamoros, Tlalixtac de Cabrera, en la misma capital del estado, en escuelas como la “Moisés Sáenz” o la Secundaria Técnica 85; el bloqueo carretero de parte de vecinos de los Valles Centrales o las marchas exigiendo el regreso a clases, habrá de poner en un dilema peligroso al gobierno estatal, ante la negativa de padres de familia y autoridades municipales, de permitir siquiera el regreso de los mentores de la Sección 22. Todo ello, a pesar de la exigencia de la S-22 al gobernador Gabino Cué, de que les cuide “sus escuelas”.
Los medios de comunicación se han volcado a descalificar la cerrazón de la S-22 y de sus dirigentes, pero además, la presunta complicidad del gobierno estatal, desde antes de que la Ley del Servicio Profesional Docente fuera aprobada por el voto de 390 legisladores, incluyendo una mayoría del PRD. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pudo crear mejor expectativas en los diputados del partido del sol azteca, pero fueron los métodos de chantaje y presión empleados, los que la pusieron en su lugar. Pese a la crítica, la ley va y luego de su aprobación en el Senado de la República, lo que el gobierno federal y el estatal deben hacer, es aplicar medidas punitivas para obligar a los mentores a retornar a sus aulas, antes de que esto se convierta en un pandemónium de protestas.
¿Qué logrará la Sección 22 en continuar con su aberrante plantón en el zócalo de la capital del país y el cierre de la vialidad al Aeropuerto? Seguramente un mayor repudio ciudadano. Pero ahí se mantendrán, ¿saben para qué? Para torpedear con bloqueos, amagos y cierre de vialidades, las Reformas Energética y Hacendaria que están en la agenda política del país. Si bien, han sido muchas las voces que han sugerido mesura, tolerancia y cautela en el uso de la fuerza pública, bien se puede decir que el magisterio está hoy a dos fuegos: el que padece en su protesta en la ciudad de México, ante una sociedad harta y crispada por los excesos y atropellos, y el que le espera en las comunidades oaxaqueñas, con planteles educativos cerrados por iniciativa de padres de familia y autoridades municipales, y la negativa tácita a recibirlos más. Siempre dijimos que el mejor antídoto para acabar con la impunidad magisterial era, justamente, la corresponsabilidad de autoridades locales y comités de padres, en la salvaguarda de la educación de sus hijos.
La CNTE –dice un conocido periodista del diario Reforma– convirtió sus métodos de lucha y poder en las circunstancias que criticaban. Se apoderaron de las secciones para negociar plazas sin requisitos de calidad; tomaron secretarías de Estado en la búsqueda de recursos y no del impulso transformador de la educación. La corrupción de sus líderes fue la divisa: entre más radical más corrupto.
La realidad del maestro de aula empeoró. Por el empobrecimiento en el país (¿cuántos maestros de escuela pública engrosan las filas de los 53 millones de pobres?), por la devaluación de su tarea, por el sometimiento a los cacicazgos sindicales, por el golpeteo incesante a su función social”. Datos más duros aporta Denise Dresser: “La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quiere perpetuar el alcance de sus canonjías y nadie en el gobierno -federal o del Distrito Federal- tiene la audacia para acotarlas. Muchos mexicanos siguen defendiendo concesiones indefendibles, como lo son el derecho adquirido de vender, heredar o intercambiar una plaza de maestros por favores sexuales”, entre otras aberraciones.
