En una decisión unilateral, el gobierno estatal pretende pagar solamente la mitad del adeudo con proveedores que heredó la administración de Gabino Cué Monteagudo. Las autoridades argumentan que carecen de recursos para liquidar la totalidad de los saldos, que, según estimaciones, llegan a los mil 200 millones de pesos, aun cuando la Secretaría de Finanzas anunció la obtención de un crédito por mil 500 millones de pesos para hacerles frente. Algunos sectores de la iniciativa privada denunciaron que extraoficialmente han sido notificados de las pretensiones de los funcionarios, por lo que advirtieron que, de confirmarse, recurrirán a instancias legales para impedir que se maquine un fraude
David Méndez
El gobierno de Oaxaca pretende pagar únicamente el 50 por ciento del adeudo con proveedores –cuyo monto fluctúa entre 750 y mil 200 millones de pesos– que heredó la administración de Gabino Cué Monteagudo, denunciaron la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y otros empresarios directamente afectados por el incumplimiento de estos saldos.
Los empresarios advirtieron que en caso de concretarse este amago, que es promovido por altos funcionarios del gobierno, comenzarán una batalla jurídica para obligar a las autoridades a liquidar los montos pendientes, pues afirmaron que los funcionarios no pueden evadir una responsabilidad legal e institucional que adquirieron al asumir el cargo, el pasado primero de diciembre.
El presidente estatal de Canirac, Onésimo Bravo, reveló que fuentes allegadas a la administración estatal le notificaron la intención de las autoridades de saldar únicamente la mitad de los adeudos, que en el caso de su organización ascienden a 16 millones de pesos.
“Nosotros ya prestamos un servicio y lo prestamos al 100 por ciento; algo que yo he manifestado una y otra vez es que son deudas institucionales; son deudas de gobierno, no son deudas de una persona”, reclamó el dirigente.
“Nosotros no vamos a admitir el 50 por ciento o un porcentaje, son deudas que se tienen que pagar al 100 por ciento”, reiteró, en entrevista, tras ser consultado sobre si la administración estatal le había notificado el método que utilizará para liquidar los pasivos que arrastra con la iniciativa privada.
Al respecto, detalló que nueve restaurantes afiliados a la Canirac no han podido cobrar facturas de 2016, a pesar de que cumplieron en tiempo y forma con la entrega de la documentación comprobatoria que avala que el servicio fue otorgado debidamente.
La documentación, agregó, fue puesta a disposición de la Ventanilla Única abierta en enero pasado por las secretarías de Administración y de la Contraloría, cuyos funcionarios validaron la autenticidad de los contratos.
“Son temas que vamos a tener que revisar… si (el gobierno) va a comenzar a pagar es porque se demostró que es un servicio que se prestó”, dijo vía telefónica, mientras participaba en el Tianguis Turístico 2017, efectuado la semana pasada en Guerrero.
Pese a ello, Bravo manifestó que al interior de su agrupación “tenemos la fe de que se va a pagar el 100 por ciento, porque son servicios que se prestaron al gobierno. No al gobierno de Gabino Cué, sino al gobierno como una institución”.
Para evitar lo que calificó como una “injusticia”, llamó a un diálogo en el que participen empresarios, funcionarios y el Jefe del Poder Ejecutivo estatal “para ponerle el tema (sobre la mesa)”.
Por su parte, un empresario que ha sido afectado por la ausencia de pagos y que ha atestiguado distintos encuentros de negociación, respaldó la versión del presidente de la Canirac.
A cambio del anonimato, señaló que altos funcionarios “pusieron sobre la mesa del Gobernador” la posibilidad de pagarle a la iniciativa privada “ciertos” porcentajes de la deuda que mantiene con ella.
“Algunos dicen que (nos pagarán) el 50, otros que el 70 por ciento; como se vayan dejando negociar”, abundó, al respecto.
Reiteró que esta determinación no ha sido notificada de manera oficial a dirigentes empresariales, pero que ello podría suceder en el transcurso de esta semana.
Al igual que Onésimo Bravo, se pronunció a favor de utilizar recursos legales en caso de que la vía del diálogo no les entregue resultados favorables.
“No aceptaremos
el 50%”: Merino
Por su parte, la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca (AECO), Esther Merino Badiola, dijo desconocer las versiones anteriores, pero advirtió que la organización que representa “por supuesto que no” aceptará el 50 por ciento del pago.
“Desconozco totalmente esa versión… pero pedimos al Gobernador que busque los mecanismos necesarios, porque los hay, para que les paguen a esos proveedores”, apuntó.
Merino sostuvo que no existen justificaciones para evadir esos compromisos, pues la deuda deriva de “un servicio” otorgado por necesidades contempladas en los presupuestos de egresos del estado y los recursos no tuvieron que haber desaparecido.
Si la intención del gobierno se materializa, la dirigente resaltó que sus agremiados entablarán denuncias penales tanto en contra de los funcionarios responsables del desfalco como de quienes se niegan a asumir la responsabilidad de pago, pues “se estaría incurriendo en delitos”.
“Tienen que buscar a los responsables, por las acciones o por las omisiones, y se estaría incurriendo en delitos; la situación cambia. Tendríamos que buscar las sanciones respectivas para estos malos servidores públicos, por las acciones u omisiones que se cometieron”.
La representante de micro y pequeños empresarios del Centro Histórico de la ciudad, informó que las autoridades estatales mantienen con los afiliados de la AECO adeudos por 30 millones de pesos, por servicios otorgados del 2003 al 2016.
“Tenemos conocimiento de que a fin de mes y primeros días de abril, se empiezan a pagar, y tenemos la confianza de que el Secretario de Economía (Jesús Rodríguez Socorro) conjuntamente con el Gobernador generen las condiciones para que ninguno de los proveedores se queden sin recibir estos adeudos que se tienen”, comentó.
“Desconozco totalmente esa versión”, respondió a pregunta del reportero sobre el pago de 50 por ciento: “Yo no creo que eso sea factible, no creo que sea viable; se tienen que buscar los mecanismos”.
Adeudan 110 millones
a constructores: CMIC
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) también descartó la posibilidad de sujetarse a las condiciones de pago divulgadas extraoficialmente por las actuales autoridades.
Tras afirmar, al igual que Merino, que desconocía tal postura de la administración estatal, el presidente de la agrupación, Geovanni Avelino Ortega Ramírez, resaltó que “desde luego que no aceptaríamos” y que sería “un mal mensaje” gubernamental.
Subrayó que una decisión unilateral de ese tipo castigaría aún más a un sector que actualmente está sumido en una crisis, con el 60 por ciento de sus empresas detenidas y con decenas de firmas que quebraron durante el sexenio pasado, por falta de trabajo.
Denunció que “varias” constructoras oaxaqueñas colapsaron porque, ante la falta de pagos, contrataron deuda para mantenerse en operaciones y luego no pudieron liquidarla. Otras más que todavía luchan por no desaparecer, han optado por mantenerse al corriente únicamente en el pago de réditos, afirmó.
Ante ese panorama, apuntó que las autoridades no sólo deberían pagar el 100 por ciento de los montos pendientes, sino que también los intereses que se han generado durante el tiempo de espera.
“El valor del adeudo en el momento en que se dejó, hace tres o cuatro años, traído al valor actual, lógicamente que no es el mismo, es un dinero devaluado”, sostuvo.
El líder, sin embargo, se negó a profundizar en el tema bajo el argumento de que “no podemos pronunciarnos porque podría ser una mera desinformación”.
No obstante, aunque reiteró que “no quisiera anticipar vísperas”, reconoció que en caso de que se confirme la postura del gobierno, los constructores buscarían por la vía legal hacer que la autoridad cumpla con el pago por los servicios que ya obtuvo.
De acuerdo con la Cámara, el gobierno estatal de Gabino Cué Monteagudo dejó un saldo por liquidar de 110 millones de pesos, distribuidos entre 60 constructoras. Ochenta millones se desprenden de trabajos realizados entre 2010 y 2015, y 30 millones por obras ejecutadas en 2016.
Las dependencias que registran pagos vencidos son la Comisión Estatal del Agua, el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra) y los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO).
“Estamos muy confiados, tenemos plena confianza en que el gobierno actual va a refrendar su compromiso que tuvo al inicio del gobierno, de pagar las deudas”, reiteró.
Emplaza Coparmex al gobierno
La semana pasada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Oaxaca, cuestionó al gobierno estatal ante la falta de garantías para la iniciativa privada, pues no se ha reactivado la economía y falta circulante mientras que las marchas y plantones impiden el comercio.
El dirigente Raúl Ruiz Robles, señaló que como gremio, darían un plazo máximo que será hasta el 31 de marzo al Gobierno del Estado para que cumpla con el pago a los proveedores a quienes dejó sin liquidar el exgobernador Gabino Cué.
«Cada día se hace más crítico porque la gente va teniendo menos dinero y se va gastando sus reservas al igual que las empresas, estamos envueltos todos los sectores en una crisis común donde se espera que el gobierno federal envíe dinero al estado para la reactivación», dijo.
A su vez, el Consejo Impulsor de Desarrollo Empresarial (CIDE) en Oaxaca se sumó al emplazamiento de la Coparmex, a fin de que cubra para el 31 de marzo los adeudos millonarios con empresas oaxaqueñas, herencia del sexenio pasado.
En entrevista, la presidenta del organismo, Guadalupe Hernández Aguilar, manifestó que existe decepción en la Iniciativa Privada ante la falta de resultados por parte de la actual administración, toda vez que pasaron los 100 primeros días y no hay reactivación económica.
«Si el gobierno paga los adeudos entonces tendremos circulante y eso mejorará sin duda la economía del estado, la cual hasta ahora sigue paralizada», destacó la empresaria.
Respira el Gobierno
El pasado 21 de marzo, la Secretaría de Finanzas anunció que le había sido autorizado un crédito por «aproximadamente» mil 500 millones de pesos, para sufragar el adeudo con proveedores que heredó la administración de Gabino Cué Monteagudo.
De acuerdo con la dependencia, el financiamiento fue aprobado por Nacional Financiera (Nafin) a través del programa Cadenas Productivas y serviría para liquidar todos los adeudos generados durante el último sexenio.
En ese momento, la Secretaría aseguró que los recursos comenzarían a ser liberados, desde la semana pasada, pero ello no ocurrió. Sin embargo, el gobierno, hasta ese momento, según la información proporcionada, pagaría el 100 por ciento de la deuda.
El titular de la dependencia Jorge Gallardo Casas refirió que la obtención del préstamo se logró «gracias» a que Oaxaca dispuso nuevamente de línea de crédito, después de que el Buró retiró la calificación negativa que le había otorgado al gobierno de Gabino Cué.
En entrevista, durante su participación en la primera audiencia pública del gobernador Alejandro Murat, detalló que la Secretaría de Finanzas tendrá un plazo máximo de seis meses para pagarle a Nafin; sin embargo, para «no comprometer» el presupuesto estatal de 2017, la dependencia a su cargo convertirá este débito en deuda a mediano plazo, a través de un segundo crédito.
Para lograr lo anterior, la mecánica será la siguiente: una vez que se le pague a los proveedores por medio de Nafin, el gobierno de Oaxaca solicitará a la banca privada otro préstamo por mil 500 millones de pesos a un plazo de cinco años para, a su vez, liquidar a Nacional Financiera.
Disparidad en los montos
A pesar de que dio a conocer la aprobación del crédito, el Secretario de Finanzas se negó a detallar el monto total de los pagos pendientes con las empresas.
El funcionario argumentó que la cifra real la tenía la Secretaría de Economía, pero ésta, a su vez, justificó que no contaba con el reporte final porque todavía estaba validando la información.
La Secretaría de la Contraloría, sin embargo, a través de su titular, José Ángel Díaz Navarro, afirmó que el déficit fluctua entre mil 200 y mil 400 millones de pesos.
Esta dependencia se encargó de comprobar que las empresas verdaderamente proporcionaron servicios a la administración pública estatal. Se encargó de cotejar, también, que los montos coincidieran con lo recibido físicamente.
Pese a ello, la Secretaría de Administración, otra de las entidades involucradas directamente en la ventanilla única, informó que el monto de pagos es de 750 millones de pesos, dividido en 357 proveedores.
