EDITORIAL
A seis meses del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, se percibía en el ambiente oaxaqueño una especie de sospecha: que en la transición se hubieran dado acuerdos subrepticios para dejar en la impunidad el saqueo del régimen de Gabino Cué. Los medios de comunicación han sido piezas fundamentales para documentar y formar opinión respecto a la triste situación que nos dejó la anterior administración. Sin obras relevantes, sin recursos ni siquiera para el arranque de este gobierno, con gravísimos adeudos y una entidad totalmente colapsada por la pobreza. Es impresionante que durante los primeros seis meses se siga con el argumento de que no hay recursos. Más ahora que la fuerza de la naturaleza recién nos dio una dura lección, con la muerte y la devastación que dejó a su paso “Beatriz”.
Las contadísimas declaraciones públicas del secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, en torno a las cifras que se iban cuadrando para dar cuenta del monto de quebranto, recibían como respuesta la exigencia de actuar de inmediato. Se percibía un intento premeditado de dilación. En este entorno, llamó la atención el discurso del nuevo Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, en el sentido de que “no le temblaría la mano para proceder en contra de aquellos que hicieron mal uso de los recursos públicos”. Sin embargo, justo cuanto se cuantificaban los graves daños que dejó a su paso por Oaxaca la tormenta tropical “Beatriz”, que el mismo ejecutivo constataba in situ, en Salina Cruz, Juchitán, San Marcial y San Francisco Ozolotepec, en el distrito de Miahuatlán, entre otros, se difundió de manera espectacular la noticia de que Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, ex titular de los Servicios de Salud en el Estado, durante la administración de Gabino Cué, había sido detenido. Ello ocurrió el sábado 3 de junio, a las 9:00 horas, en Guadalajara, Jalisco.
De inmediato fue trasladado a Oaxaca e internado, a las 15:45 de la tarde, en el Centro de Reinserción Social de Santa María Ixcotel. Por la tarde de ese mismo día, los medios de comunicación locales fueron convocados a una conferencia de prensa por parte de la
Coordinación de Comunicación Social, en la que estuvieron presentes tanto el Fiscal General como el titular de la Secretaría de la Contraloría. Salvo el detalle de los hechos y la causa penal por la que será juzgado el inculpado, Tenorio Vasconcelos, no aportaron mayores elementos. Sin embargo, desde el filo del mediodía la noticia se había hecho viral. Y entre la ciudadanía oaxaqueña permeaba la idea de que Tenorio es sólo la punta del iceberg de la cadena de corruptos que nos saquearon. Y que hay que ir por ellos.
Se entiende que el nuevo sistema de justicia penal es demasiado benevolente. Pese a ello, es urgente que las autoridades competentes que inculpan a Tenorio y cómplices, instruyan la necesidad de instrumentar procesos resarcitorios. No basta ya con sanciones o inhabilitaciones que, por otra parte, ya no serán objeto en este caso. Lo que no debe pasar desapercibido en la Fiscalía General, es que aún faltan varios peces gordos que, concatenados o más bien en abierta complicidad, contribuyeron a que el actual gobierno recibiera finanzas quebradas y un sinfín de problemas, que constituyen en efecto, un agravio brutal a la sociedad oaxaqueña. Jamás el estado padeció una corrupción tan brutal y descarada como la que se dio en la pasada administración. Sin duda, ello es más que cualesquier proceso penal. Robarle a los pobres, sobre todo a la salud, ése sí es un delito de lesa humanidad.
