EL CHAPO DEBE SER JUZGADO EN MÉXICO
CON TODOS SUS DEFECTOS Y VIRTUDES, PIENSO QUE DEBE SER EL GOBIERNO DE MÉXICO Y SU SISTEMA DE JUSTICIA EL QUE DEBE JUZGAR A JOAQUÍN GUZMÁN LOERA. ES HORA QUE MADUREMOS COMO PAÍS Y ASUMAMOS LOS RIESGOS QUE ELLO IMPLICA. EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO TIENE LA DECISIÓN EN SUS MANOS.
Por Gabriel Ibarra Bourjac
El jaloneo entre autoridades mexicanas y sus similares de Estados Unidos debe de estar al rojo vivo en torno al reclamo de los güeritos de juzgar a “El Chapo” Guzmán en su territorio.
Y aquí en México el debate también está vivo en torno a si se debe aceptar la demanda de extradición de los norteamericanos. Y son dos posturas muy claras: Por un lado la que parece ganar terreno en la opinión pública de que debe ser México y su sistema de justicia el que lo juzgue, lo que representa una oportunidad para fortalecer tanto a sus instituciones de justicia y sistema penitenciario del que se escapó hace 13 años el jefe del Cártel de Sinaloa, gracias al soborno que permeó desde el director hasta los guardias de vigilancia del reclusorio.
Los connacionales a favor que Estados Unidos juzgue a Joaquín Guzmán Loera y se autorice su extradición no le tienen confianza al Gobierno de México y admiran al del vecino país que consideran incorruptible o menos vulnerable.
Al margen de estas posiciones a favor y en contra, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene una gran oportunidad de demostrar de qué está hecho, con carácter y firmeza de tomar a toros bravos y salir delante de la faena, que tiene enfrente. Más que un trofeo la detención de “El Chapo” es una rica veta de información de primera mano sobre la gigantesca red de corrupción y complicidades gubernamentales de las que gozó él y su organización criminal durante los últimos dos sexenios, ya que recordemos que fue detenido en 1993, en Guatemala, por el entonces director de inteligencia Otto Pérez Molina –hoy presidente de aquel país–. Luego en el 2001 durante el gobierno del panista Vicente Fox se evadió del Penal de Alta seguridad de Puente Grande, en Juanacatlán, Jalisco.
Peña Nieto, si es su voluntad, puede introducirse a las entrañas de corrupción del narcotráfico con la información que le proporcione el capo detenido, que lo mismo alcanza al sistema político, como al de justicia y al mundo financiero-empresarial. ¿Hay voluntad política de Peña Nieto para atacar la red de corrupción?
EL SUEÑO DE CALDERÓN
El gobierno del presidente Felipe Calderón soñó con detenerlo, pero no se pudo o si Genaro García Luna, su hombre en la lucha anticrimen, haya querido hacerlo.
El tesoro para Peña Nieto lo representa esa información de que dispone Joaquín Guzmán. Y por medio de un buen trato es posible que el sinaloense la proporcione. Y ese acuerdo puede ser precisamente “la no extradición a Estados Unidos”.
THE ECONOMIST: NO A LA EXTRADICIÓN
El influyente semanario londinense, The Economist en su edición de este sábado 1 de marzo aborda el tema y asume una posición muy clara en contra de la extradición. Tres argumentos sustenta y que bien puede hacer valer el Gobierno de México:
1. Los mexicanos se han llevado la peor parte de la violencia que desencadenó el Cártel de Sinaloa contra sus rivales y traidores que ha dejado un saldo de 20 mil asesinatos desde 2006.
2. Porque Estados Unidos no tiene un historial impecable en lo que se refiere a extradiciones. “La información que obtiene Estados Unidos de los capos extraditados no es frecuentemente compartida con las autoridades mexicanas y en el pasado los barones de las drogas se han convertido en testigos protegidos irritando a los gobiernos de los países que autorizaron su extradición”.
3. El arresto de “El Chapo” ofrece a México la oportunidad de inspirar confianza en su sistema de justicia y destaca: “La captura del narco fue el resultado del trabajo de investigación de la Policía mexicana en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto”, elogiando al mismo tiempo la estrategia del mandatario mexicano contra el crimen que ha superado todas las expectativas y que ahora puede demostrar lo mismo en el sistema penitenciario.
The Economist critica a funcionarios norteamericanos por el hecho de haber sido ellos los que se adelantaron y filtraron la detención de “El Chapo” Guzmán a través de medios de su propio país, mostrando una actitud de competencia más que de cooperación con el fin de destacar el papel jugado por sus propios agentes. La información fue filtrada por funcionarios estadounidenses a medios de su país, mientras los mexicanos se dedicaban a tener la plena certeza de que el detenido era el personaje más buscado por los Estados Unidos en el mundo.
Con todos sus defectos y virtudes, pienso que debe ser el Gobierno de México el que debe juzgar a Joaquín Guzmán Loera. Es hora que maduremos como país y asumamos los riesgos. El Presidente Enrique Peña Nieto tiene la palabra.
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