Las cifras y los indicadores de delitos de alto impacto representan aún un desafío para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien ha reconocido que la violencia es uno de sus pendientes, pese a que ha referido que está “contenida’. Por su parte, analistas en seguridad aseguran que a dos años y medio no hay avances sustanciales o significativos en el combate a la delincuencia organizada.
Por Sugeyry Romina Gándara/SinEmbargo
Los hechos de violencia que han sacudido a diferentes estados del país, como los de Tamaulipas y Zacatecas, son un botón de muestra de cómo la inseguridad persiste como uno de los pendientes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles cumple tres años de salir victorioso en la elección presidencial de 2018 con el respaldo de 30 millones de votos.
Tan sólo en una semana se registraron en ambas entidades al menos cuatro matanzas que dejaron más de medio centenar de personas muertas en hechos atribuidos a integrantes del crimen organizado. En Tamaulipas, apenas ayer nueve personas murieron luego de un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada en el municipio de Miguel Alemán, lo que se suma al sangriento saldo de 19 personas muertas –15 de ellas inocentes– en diversos ataques dirigidos a civiles al azar en ciudad Reynosa.
En Zacatecas, un enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa dejó al menos 18 muertos el viernes pasado, aunado al asesinato de dos policías de San Luis Potosí en la ciudad de Zacatecas, y a la ejecución de siete personas en el municipio de Fresnillo.
Pero estos casos son sólo la punta del iceberg. México ha registrado los dos años más violentos de su historia en el primer tramo del Gobierno de López Obrador, con un total de 86 mil 370 víctimas de homicidio doloso entre diciembre de 2018 a mayo de 2021, de los cuales, 34 mil 681 víctimas de asesinato se registraron en el año 2019 y 34 mil 554 en 2020, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Si volteamos a ver los datos oficiales, las cosas nunca habían estado peor. Los peores dos años cumplidos en materia de violencia son 2019 y 2020. El peor año fue 2019 y en 2020 hubo apenas una reducción mínima del delito, pese a que con la pandemia los delitos comunes cayeron”, comentó en entrevista Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
En 30 meses de la actual administración —es decir, de diciembre de 2018 a mayo de 2021— al menos 2 mil 471 personas fueron víctimas de secuestro; 21 mil 575 de extorsión y al menos 3 mil 169 mujeres fueron asesinadas, cuyas investigaciones se abrieron por el delito de feminicidio.
Sólo en lo que respecta a mayo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México reportó 2 mil 963 homicidios, cifra con la que se apuntó en el mes más violento en lo que va de 2021 y uno de los 10 más sangrientos en lo que va de la administración.
Los indicadores en esta materia representan un desafío para el Gobierno de López Obrador, quien ha reconocido que la violencia es uno de sus pendientes, pese a que ha referido que está “contenida”. No obstante, luego de los episodios registrados en los últimos días, el Presidente aseguró que el país “está en calma”, que “hay gobernabilidad y hay tranquilidad”. Una postura que no comparten algunos observadores.
Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, destacó que aunque en los últimos meses no se ha registrado un incremento cuantitativo de la violencia, lo cierto es que cualitativamente se mantiene, pues los eventos de alto impacto siguen registrándose constantemente, tal como lo demuestran hechos como los ataques a civiles indiscriminadamente en Tamaulipas, la violencia en Zacatecas, los bloqueos y drones con explosivos así como las desapariciones masivas en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, entre otros.
“Si bien es cierto que en los últimos meses no se ha registrado un crecimiento marcado de los índices de violencia tampoco se puede decir que está contenida; es muy pronto para decir que se frenó el crecimiento, porque tampoco hay una disminución significativa de la inseguridad. Y entonces, derivado de que no existe una disminución significativa, sí se puede afirmar que en este momento ha habido más violencia en los últimos años, es decir, hoy México es más violento que en las peores etapas de Peña Nieto e incluso que las de Felipe Calderón”, refirió el investigador en entrevista con SinEmbargo.
“Cuando las autoridades hablan de resultados, yo no sé a qué se refieren porque no hay una mejora sustantiva […] Los números oficiales no respaldan lo que las autoridades dicen. […] No hay ningún elemento que podamos considerar como satisfactorio en materia de seguridad. Hoy vemos la cantidad de víctimas de homicidio que tenemos mes a mes y estamos hablando que por lo menos en nuestro país mueren diariamente 90 personas víctimas de homicidio doloso; eso a mí no me parece ninguna contención, ni ningún logro”, comentó a su vez Rivas Rodríguez.
¿PROMESA INCUMPLIDA?
Reducir la violencia ha sido la gran promesa de López Obrador desde su campaña electoral y a lo largo de dos años y medio de administración, en la que en diferentes momentos ha establecido plazos; la última vez que lo realizó fue en enero de 2020 cuando, luego de ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos, el Presidente puso fecha para la reducción de la violencia el 1 de diciembre de 2020.
“Va a haber solución, pronto. Yo estoy comprometiéndome. El día primero de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país, este año van a haber resultados en esto (la violencia) que es el tema más difícil”, dijo López Obrador ese día.
El plazo llegó y el Presidente reconoció que su administración no había logrado reducir considerablemente el número de homicidios dolosos y de feminicidios en el país.
“Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio, la extorsión, que han aumentado el 3.8 por ciento, 8.9 por ciento y 21 por ciento, respectivamente”, apuntó el mandatario durante su Informe de Gobierno por el segundo año de su administración, el día que se venció el plazo que él mismo puso.
Lo cierto es que la comparación de las cifras anuales muestra que en el año 2020 hubo una reducción mínima en materia de homicidios dolosos, ya que el número de personas asesinadas disminuyó un 0.36 por ciento con respecto a las víctimas de 2019; mientras que los feminicidios subieron ligeramente en un 0.61 por ciento.
El pasado 24 de abril, el Presidente López Obrador aceptó de nueva cuenta que, aunque la incidencia en general presentaba una reducción, los homicidios, los feminicidios y las extorsiones en México no habían podido bajar notablemente.
“Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general casi en todos los delitos desde que estamos en el Gobierno, pero hay dos o tres delitos donde apenas se han contenido, es el caso del homicidio; claro había ido incrementado año con año, llegamos y se ha establecido, incluso hay una disminución mínima aceptada y demostrada por el Inegi”, agregó.
Los asesinatos registrados en México de enero a mayo de 2021 (14 mil 243) disminuyeron apenas un 2.93 por ciento en comparación con las víctimas de homicidio doloso registradas en el mismo periodo del año anterior; en tanto que las víctimas de secuestro (342) bajaron un 28.7 por ciento.
Por otra parte, los feminicidios registrados en los primeros cinco meses del presente año (423) crecieron 7.08 por ciento con respecto a enero-mayo de 2020, y las extorsiones tuvieron un ligero incremento de 4.82 por ciento.
UN PROBLEMA HEREDADO
El Presidente López Obrador ha argumentado en distintas ocasiones que la violencia que aún no termina por resolverse fue heredada de sexenios pasados cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico.
“Ha sido una herencia muy dolorosa. Todo esto que surge a partir de que se decide enfrentar la violencia con la violencia, cuando se declara la guerra y se dejan de atender las causas que originan la violencia, cuando se le da la espalda al pueblo, cuando se abandona a los jóvenes y se desata la violencia en nuestro país como nunca se había visto. Entonces todavía no se termina de resolver por completo este grave asunto”, comentó López Obrador en abril pasado.
Los especialistas aclararon que, si bien la crisis de inseguridad que heredó la actual administración no se resuelve a medio sexenio, sí resaltaron que tampoco se ven avances en la materia. Tanto Sánchez Valdés como Rivas Rodríguez coincidieron en que a dos años y medio se esperaría al menos una reducción de la violencia con un porcentaje visible, lo cual no ha ocurrido.
“Sabemos perfectamente que los problemas de seguridad son complicados y no pueden resolverse de la noche a la mañana; se necesitan incluso décadas, pero sí es importante recalcar que en estos procesos sí se pueden presentar avances y lo lamentable es que no vemos ningún avance, es decir, uno no espera que los homicidios dolosos se acaben, pero sí espera que haya bajado el porcentaje. Tampoco esperamos que en dos años y medio baje el 50 por ciento de los homicidios dolosos, pero sí esperábamos una reducción de a lo mejor un 10 por ciento y ni siquiera eso estamos viendo”, expresó Víctor Sánchez.
“Lo que deberíamos ver a estas alturas son por lo menos mejoras en indicadores. Yo estoy de acuerdo de que en dos años no resuelves un problema complejo […] Si no vamos a ver una reducción del 20 o 40 por ciento de los homicidios, pues sí deberíamos estar viendo mejoras sustanciales en el país; pero, al contrario, estamos viendo empeoramiento”, expresó Franscico Rivas.
Y cuestionó: “¿Dónde hay una evidencia de que algún territorio importante del país haya mejorado, donde digas, por ejemplo: bueno antes Guanajuato estaba mal y ahora está bien, Michoacán antes estaba mal y ahora está bien; ¿Estado de México antes estaba mal y ahora está bien? No hay ningún estado que haya mejorado sustancialmente”.
El delito de secuestro es el que presentó uno de los mayores descensos durante el 2020 al registrar una disminución de 36.01 por ciento con respecto al 2019. El titular del Observatorio Ciudadano de Seguridad atribuyó la disminución de estos delitos a las medidas restrictivas por la pandemia y no a una estrategia de seguridad.
“Pues bajó porque es muy difícil robarle a alguien que está guardado en la casa […] No están secuestrando porque todavía la población sigue en sus casas, pero no hay ninguna evidencia de que (esa caída) sea efecto de alguna política”.
El especialista destacó que, por el contrario, cada año se ha disminuido el apoyo en recursos económicos para combatir la inseguridad.
Víctor Sánchez agregó que el Presidente López Obrador ni siquiera ha podido implementar de manera correcta parte de la estrategia de seguridad que prometió en su campaña y al inicio de la administración, pues recordó que cuando inició el Gobierno tenía un plan de seguridad basado en segmentar las distintas zonas del país en 150 áreas operativas que estarían al mando de un representante de la Guardia Nacional, lo cual, tampoco se ha logrado.
“A mí como a otros especialistas en temas de seguridad no nos pareció mala idea la regionalización porque sectorizar ha tenido buenos resultados; sin embargo, ese plan no se ha aterrizado, es decir, se habló de la sectorización, pero nunca se llevó a cabo”, dijo Sánchez.
El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila precisó que un indicador de mejora en la seguridad sería ver más enjuiciamientos —no sólo detenciones— de personas con alto perfil ligadas a la delincuencia organizada, desarticulación de grandes redes de criminalidad y corrupción, así como una mayor limpia en los cuerpos de seguridad, que en muchos casos están filtrados por el crimen, sin embargo, tampoco ha ocurrido así.
“Hay una parte muy importante del país que está en manos de la delincuencia organizada. El país está absolutamente dejado a sí mismo porque no hay estrategia, no hay recursos. […] No hay evidencia de que los delitos se estén persiguiendo y que estén sancionando a los delincuentes”, abundó Francisco Rivas.
¿QUÉ SUCEDE EN TAMAULIPAS Y ZACATECAS?
Los actos de violencia masivos que cometen las organizaciones delictivas motivadas por la impunidad son otra muestra de la falta de avances en el tema de seguridad y que impactan en la percepción ciudadana, otro indicador para evaluar si hay o no avances, detalló Víctor Sánchez.
“Lo que deberíamos esperar es que no se generen eventos de alto impacto como lo que pasa en Reynosa, los bloqueos en Michoacán y la ola de asesinatos en Zacatecas. Lo que deberíamos ver en un escenario donde se aplica la Ley es que las propias organizaciones se autoregulen y traten de tener una operación menos vistosa, lo que contribuye a un mayor ambiente de seguridad”, indicó.
Y añadió: “El hecho de que haya zonas del país donde pareciera que los criminales tienen más poder que las autoridades debe preocuparnos” .
Tamaulipas se ha convertido en las últimas semanas en un escenario de guerra que se ha agudizado por el recrudecimiento de la pugna entre las organizaciones de la delincuencia organizada. En esta entidad, los cárteles locales mantienen una pelea soterrada por el arribo del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la región, según explicó el vocero del Grupo de Operaciones Especiales de la policía del estado de Tamaulipas a Proceso.
“Fuentes de seguridad consultadas en Texas y miembros del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), quienes hablaron con Proceso bajo la condición de reservar sus identidades, aseguraron que existe una guerra soterrada en Nuevo Laredo, ya que el líder del Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño Chávez, ‘El Huevo‘, se alió recientemente con Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, actual jefe del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, para frenar el ingreso del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tamaulipas”, escribe Juan Alberto Cedillo en el semanario mexicano.
La violencia registrada en las últimas semanas en Tamaulipas, así como en Zacatecas, Michoacán y otras entidades, impacta en la percepción que tienen los mexicanos sobre los lugares donde viven: el 66.4 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del primer trimestre de 2021 publicada por el Inegi.
Precisamente en las ciudades ubicadas en Zacatecas y Tamaulipas, entidades donde la violencia se ha recrudecido en los últimos días, los ciudadanos perciben más inseguridad. Por ejemplo, en Reynosa, el 76.3 por ciento de los habitantes se siente inseguro; en Tampico el 25.2 por ciento y en Nuevo Laredo el 67.2 por ciento. Lo mismo ocurre en Zacatecas, donde el 85.4 por ciento de la población se siente insegura viviendo en la capital del estado.
Las mismas cifras oficiales muestran que en Tamaulipas la violencia se ha incrementado este año. De enero a mayo de 2021 —según datos del SESNSP— han ocurrido 298 homicidios dolosos: 59 en enero, 55 en febrero, 59 en marzo, 62 en abril y 63 en mayo.
El secuestro es otro delito que ha ido al alza en esa entidad gobernada por Francisco Javier Cabeza de Vaca, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR). De enero a mayo se han registrado 16 secuestros. Las extorsiones también se han mantenido, con un total de 41 víctimas.
En Zacatecas la violencia se duplicó en lo que va del presente año, pues de enero a mayo de 2021 los asesinatos (774) crecieron un 118 por ciento en comparación a los registrados en los primeros cinco meses de 2020.
Fue justo a partir del año anterior cuando la violencia —con mil 65 víctimas de homicidio doloso— se disparó hasta un 67.98 por ciento en aquella entidad, que desde el año 2016 a 2019 mantenía un promedio anual de 636 homicidios.
EL CASO DE MICHOACÁN
Mención aparte, es lo que sucede en Michoacán donde se ha abierto un nuevo ‘frente de guerra’ en las inmediaciones de Uruapan, donde los comuneros han decidido levantarse en autodefensas para repeler al Cártel Jalisco.
Esta entidad, conocida por su producción de aguacate y la lucha de autodefensas, ha mantenido una tendencia al alza de la violencia en los últimos años. En un lustro, los homicidios crecieron al menos un 155.56 por ciento, pues de 952 que se registraron en el año 2015; para el 2020 la cifra de víctimas se incrementó a un total de dos mil 433.
La espiral sangrienta ha convertido a la región de Tierra Caliente en lo que ya muchos llaman una verdadera “zona de guerra”. Ni siquiera la visita del Embajador de El Vaticano, Franco Coppola, en abril pasado, dio tregua a la región, pues el mismo día en que el nuncio apostólico visitó la zona para dialogar con víctimas del narcotráfico se registró un enfrentamiento entre civiles armados sobre la carretera Apatzingán-Aguililla.
Previo, el pasado 5 de abril, un convoy de integrantes del CJNG fuertemente armados llegó hasta la cabecera municipal de Aguililla y provocó que algunos pobladores abandonaran sus hogares por el terror. Un mes antes, en marzo, un video divulgado por el periodista Jacobo García, en un texto de El País, sugirió un hecho que quizá sea inédito: el Cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, una fuerza que viene de otro estado, había tomado Aguililla.
Aguililla es la joya para la corona de esta organización criminal: de ahí es Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, su líder, pero además es un punto estratégico al ser la entrada a Tierra Caliente, la zona donde se elaboran drogas sintéticas, explicó Rodrigo Elizarrarás, consultor y analista político en Humint.
Los enfrentamientos en Michoacán no son menores, pues los grupos criminales utilizan rifles de asalto AK-47 y AR-15, ametralladoras, lanzagranadas, vehículos blindados de forma artesanal, según han detectado las autoridades. Sin embargo, en el caso del CJNG, este ha empleado incluso nueva tecnología, como como el uso de un dron con explosivos para atacar a policías de Michoacán el pasado 19 de abril.
Hace apenas unos días, el sacerdote Salvador Sánchez, de la diócesis de Apatzingán, dijo al diario La Voz de Michoacán que la problemática de Aguililla continúa con mayor fuerza, ya que desde hace semanas el operativo policiaco que mantenía la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la región ya no está, con lo que los enfrentamientos de grupos rivales del narco continúan.
De acuerdo con el diario local, el Gobierno federal conjuntará esfuerzos con el Gobierno estatal y la Arquidiócesis de Morelia para trazar un plan de acción sobre la crisis de seguridad por la que atraviesa la zona, pero principalmente el municipio de Aguililla, el cual se planea poner como zona prioritaria.
