- El legislador priista envió una iniciativa para reformar los artículos 16 y 39 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica de Oaxaca
El diputado del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal, Manuel Andrés García Díaz, presentó al pleno de la LXII Legislatura del Congreso local una iniciativa de ley por el que se reforman los artículos 16 y 39 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca.
En la exposición de motivos, el legislador priista señala que estamos viviendo tiempos alarmantes de inseguridad que están frenando nuestra capacidad de progreso y desarrollo, porque en gran medida desalientan la inversión, el empleo y las posibilidades de un mayor ingreso económico familiar.
“En Oaxaca, la delincuencia ha llegado a tal nivel de sofisticación que rebasa en todo sentido el control gubernamental, sus vínculos con diversos sectores sociales hacen de su actividad la mejor muestra de corrupción e impunidad, es por ello, que en mi calidad de Presidente de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, considero que es necesario trazar un nuevo esquema de coordinación en materia de seguridad pública que permita el involucramiento total de los tres órdenes de Gobierno.” Indicó.
Asimismo mencionó que en nuestro estado, la participación de los municipios en la toma de decisiones para protección de los derechos de los ciudadanos que residen en sus demarcaciones es casi nula.
“La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública prevé la creación de Consejos Regionales en donde existe la inclusión de aquellos Ayuntamientos que reflejan los mayores índices de inseguridad; también es cierto, que dentro del Consejo Estatal de Seguridad Pública no existe alguna representación por parte de estos; que les permita el conocimiento de las estrategias y de los programas que contienen las soluciones de los problemas al respecto” subrayó.
La presente reforma busca la integración de la figura Municipal dentro del Consejo Estatal de Seguridad Pública. También resalta que la suma de esfuerzos en las políticas públicas emprendidas para hacer cumplir la Ley permite que los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, se conviertan en una garantía absoluta para las oaxaqueñas y los oaxaqueños.
