Enrique ARANDA/Excélsior
Doce meses exactos después de la abrupta interrupción, por motivos de seguridad, del servicio en 11 de las 20 estaciones de la otrora Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la L-12, que afectó a poco más de medio millón de usuarios por día; nadie, hoy del primer nivel (gubernamental), ha sido imputado por la que ya ahora es identificada como “la peor obra pública” construida en la capital del país.
La indolencia y aparente falta de capacidad de la autoridad federal y, más, del Gobierno del Distrito Federal para actuar contra los responsables del escandaloso asunto evidencian que si bien existe conciencia de que en la construcción de la magna y costosísima obra se violentaron procesos y se incurrió en actos deshonestos, intereses y consideraciones de índole política y partidista, perredistas, pues, impiden ir adelante en la sanción de los implicados del anterior o del actual (des)gobierno atendiendo, a decir de alguno de sus cercanos, a que “perredista no come carne de perredista…”.
Trescientos sesenta y cinco días exactos después de que el director general del STC-Metro en funciones, el exebrardista y actual mancerista, Joel Ortega anunciara la suspensión del servicio y que su jefe Miguel Ángel Mancera Espinosa comprometiera a reiniciar el mismo, previa reparación de las anomalías detectadas, las obras de rehabilitación apenas inician y, ahora, la mejor previsión de la administración capitalina es que antes de Navidad, en noviembre, volverán a abrirse las puertas de las estaciones cerradas porque como dijera el ahora exsecretario de Obras y Servicios, Alfredo Hernández García, “no existe prisa…”.
Ello, amén que como denunciaron senadores, diputados federales y asambleístas de Acción Nacional —Mariana Gómez del Campo y Fernando Rodríguez Doval, a la cabeza— en carta pública dirigida al jefe de Gobierno, se dejaron sin solventar tres observaciones al menos que sobre supuestas o reales anomalías/irregularidades hiciera en su momento la Auditoría Superior de la Federación.
Hoy, en medio de la más aguda crisis de desconfianza hacia el perredismo y su dirigencia, y de la incesante sangría de militantes del otrora partido emblema de las izquierdas, la incapacidad y/o indolencia de la autoridad ante lo comentado, no hacen más que acentuar la incredulidad social hacia (todos) los partidos y gobiernos que, se acepte o no, son actores protagónicos en una trama que ya nadie cree y en la que la ciudadanía, la sociedad, simple y sencillamente no parece estar dispuesta a involucrarse… y ello, menos de tres meses escasos antes de una elección federal no es, en forma alguna, una buena noticia.
Asteriscos
* Veinte días después, apenas, de que activistas del movimiento internacional “40 Días por la Vida” se apostaron a sus puertas para orar durante ese tiempo por la abrogación de las leyes que, en el Distrito Federal, legalizaron la práctica criminal del aborto, los responsables de la Clínica Marie Stopes-Coyoacán decidieron cerrar sus puertas para, supuestamente, realizar trabajos de remodelación. Ya en octubre habían hecho lo mismo en elcentro de muerte ubicado en la colonia Roma…
Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política.
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La Suprema Corte debe seguir siendo suprema
Ana Paula ORDORICA/Excélsior
Ante el reciente proceso que concluyó con el nombramiento de Medina Mora como ministro, es evidente que este proceso está rebasado.
El proceso para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asegura el contrapeso en la decisión de quien llega a ese puesto fundamental del Poder Judicial, pero no funciona para entender por qué el Presidente de la República en turno se inclinó por esa persona.
Con una Suprema Corte de Justicia tan activa como la que tenemos desde el borrón y cuenta nueva que llevó a cabo Ernesto Zedillo, la ideología; las inclinaciones y las trayectorias de los ministros son cada vez más importantes.
Ante el reciente proceso que concluyó con el nombramiento de Eduardo Medina Mora como nuevo ministro de la Corte, es evidente que el proceso para nombrar a los ministros está rebasado.
El artículo 96 de la Constitución mandata:
Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República.
Al ser una propuesta del Ejecutivo que luego se resuelve en el Legislativo se asegura el contrapeso. Sin embargo, este diseño constitucional no resulta el idóneo si se quiere entender los motivos del Ejecutivo para dicho nombramiento.
¿Por qué le pareció al presidente Enrique Peña Nieto que Eduardo Medina Mora era el candidato idóneo para cubrir la vacante que dejó el ministro Sergio Valls, quien falleció en diciembre?
No lo sabremos.
Tomando en cuenta el activismo y rechazo que generó por parte de la opinión pública, que juntó 52 mil firmas para pedirle al Presidente que retirara la propuesta de Medina Mora para la SCJN, sería una buena señal de parte del Ejecutivo buscar cambiar el actual proceso.
Sobre todo de cara a noviembre próximo, cuando se tendrán que elegir otras dos ternas para llenar las vacantes que dejarán la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Meza.
Sería valiosísimo entonces entender qué conformación le quiere dar el Ejecutivo al Poder Judicial. Conformación que esperemos se base en temas ideológicos y jurídicos —¿más o menos conservadora?, ¿más o menos liberal?, ¿de mayoría con carrera jurídica?, ¿una Corte más o menos moderna?— y no termine en lo que han adelantado algunos: un reparto de la Corte entre los dos partidos grandes, el PRI y el PAN.
Twitter: @AnaPOrdorica
