Francisco GARFIAS/Excélsior
El celular sonó a las 17:37 horas. “Soy Cuauhtémoc Gutiérrez…”, anunció la voz. El tono era rasposo. Reflejaba irritación. No le había gustado ni tantito que en este espacio lo calificáramos de impresentable. “Eso atenta contra los derechos de las personas”, reprochó el hombre, involucrado en el escándalo de una supuesta red de prostitución a su servicio, cuando era presidente del PRI-DF.
El motivo de fondo, sin embargo, no era ése. Lo que el llamado Príncipe de la Basura quería era refutar las afirmaciones de Francisco Ríos Zertuche, precandidato a delegado del PRI en Tlalpan, en el sentido de que el perredista Héctor Serrano, secretario de Gobierno en el GDF, es el que palomea no sólo a los candidatos locales del PRD, sino también a los del PRI, junto con él.
Le pareció ridícula y mentirosa la afirmación del aspirante a delegado.
Gutiérrez dijo muy orondo: “Cuando yo era presidente del PRI golpeaba al gobierno de Mancera y a los delegados. Los acusaba de reasignar obras que Ebrard había dejado…”
A Cuauhtémoc Gutiérrez, hijo del llamado Rey de la Basura, le otorgan más influencia en su partido de la que acepta. Niega tajante haber metido mano en las candidaturas locales de su partido. Dio un nombre tras otro de los que le endilgan y no son de su grupo. “Me cuelgan incluso a la hija de Rosario Robles”, dice.
El ejemplo más citado para ilustrar esa supuesta influencia es el de su madre, Guillermina de la Torre Malváez. La señora aparece en las listas de diputados federales plurinominales. Es la número diez en la cuarta circunscripción.
“Es un premio de consolación a sus 47 años de militancia. No porque vaya a entrar. En esa circunscripción nunca han entrado diez. La vez pasada sólo fueron seis”, dijo.
El número siete en la lista en esa circunscripción lo ocupa el líder sindical Fernando Espino Arévalo.
Gutiérrez asevera que el hijo de Espino, de nombre Fernando, es propietario de una de las tres empresas que manejan los comedores de los trabajadores del Metro. “Joel Ortega lo acusó el año pasado de acaparar los comedores de los trabajadores del Metro. ¿Por qué nadie lo ha cuestionado?”, pregunta el priista defeño más indignado que sorprendido.
Gutiérrez conoció hace un año a Ríos Zertuche. “Se acercó y me dijo que quería ser delegado en Tlalpan. ‘Dale’, le dije. Todavía no estaban las cuotas de género; el 50-50 mujeres y hombres. Ya hay ocho candidatos hombres en las delegaciones. Los ocho restantes tienen que ser mujeres”, nos dijo.
En la designación de candidatos, las delegaciones de Tlalpan e Iztapalapa fueron declaradas desiertas por el PRI-DF. Los dos casos deberán ser resueltos por la Comisión de Justicia partidaria del CEN del PRI.
“No hay plazos fatales, pero se tienen que respetar las garantías de las partes”, nos explicó Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal Electoral del DF.
Ríos Zertuche dice tener información de una reunión, el pasado 26 de febrero, en la que habrían participado Héctor Serrano, Mauricio López y el propio Hernández Cruz.
La versión del joven priista señala que el encuentro fue convocado ante la inminencia de una resolución del Tribunal del DF que desconocía como legítima a la actual dirigencia del PRI-DF. No respetó la equidad de género. Presidente y secretario general son hombres.
“!Miente! Nunca hubo tal reunión”, reviró categórico el presidente del PRI-DF, Mauricio López. En el mismo sentido se pronunció Hernández Cruz.
El presidente del Tribunal Electoral local jura que nunca hubo un proyecto de resolución que desconociera la dirigencia capitalina del PRI.
El Tribunal regresó a la Comisión de Justicia partidaria del PRI la impugnación contra la dirigencia del tricolor en la capital, que fue presentada por Blanca Patricia Alcántara Pech. Basó su decisión en el poco convincente criterio de reducir al máximo la intervención del árbitro electoral en la vida partidaria.
“No entramos al fondo del asunto, pero si lo hubiésemos hecho probablemente habría votado a favor de la impugnación” , justificó Hernández Cruz.
Nos contó que en la sesión de ayer se vio obligado a refutar la versión de Ríos Zertuche en el sentido de que habría pactado el sentido de la resolución con Serrano y Valdés. “De ninguna manera pondría en entredicho la autonomía del Tribunal”, aseguró.
Menuda sorpresa se llevó el veterano consejero nacional del PAN, Juan de Dios Castro, al acudir a votar en la elección de candidatos de su partido y toparse, de sopetón, con la noticia de que estaba suspendido en sus derechos. No pudo sufragar.
Eso fue el domingo 22 de febrero. Cinco días después envió una carta al CEN para pedir explicaciones. La recibieron en oficialía de partes. No ha habido respuesta.
Juan de Dios tiene 54 años de militancia. Es el segundo más viejo del consejo, después de Luis H. Álvarez.
En la misiva asegura que las comisiones de orden nacional o local nunca lo emplazaron a comparecer en procedimiento alguno establecido en su contra.
“Significa, ni más ni menos, que he sido privado de mis derechos sin haber sido oído, ni vencido en juicio o en procedimiento alguno”, puntualiza.
Solicita que el órgano competente le informe de cualquier procedimiento en su contra y si ya concluyó, en qué sentido fue dictada la resolución y cuándo fue notificado.
“Si he sido expulsado sin garantía de audiencia, no moveré un dedo para defenderme. En la hipótesis de que el partido asuma tal comportamiento, no merece que los mexicanos tengamos simpatía por él”, subraya.
El experimentado militante sospecha que lo ocurrido tiene que ver con una vieja exigencia que ha hecho en el Consejo Político Nacional: que se abra una investigación contraGustavo Madero por ser omiso en el tema los moches.
Así se las gastan en el CEN del PAN.
