Organizaciones civiles, académicos y activistas señalan que, si bien el dictamen aprobado por el Senado de la República representa avances, mantiene la criminalización a los usuarios y campesinos
Daniela CHAO
El dictamen para regular el uso de la marihuana, aprobado por el Senado el jueves, presume representar una legislación con “enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible”. Sin embargo, para activistas y organizaciones civiles, es una simulación que no despenaliza sino refuerza la criminalización.
El documento que crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal ya fue enviado a la Cámara de Diputados, donde las organizaciones esperan que sea corregido.
“México sería el primer país en crear una regulación para el uso adulto de la cannabis y, a la vez, continúa la prohibición. Se mantiene la criminalización de las personas usuarias permitiendo que estas sean perseguidas penal y administrativamente”, señaló México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en un comunicado.
La organización consideró que esta ley crea una regulación excluyente, que mantiene a campesinos, pacientes y usuarios en un mercado ilícito y penalizado.
Tania Ramírez, integrante de MUCD, sostuvo que lo discutido en el Senado representa una simulación.
El dictamen establece penas de cuatro a ocho años de cárcel y multas de hasta 10,000 pesos por portar más de 200 gramos de cannabis. También plantea sanciones si se rebasa el número de plantas permitidas por casa, si el inmueble no se adecua a los requisitos o si el usuario no permite que las autoridades verifiquen.
Para Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y especialista en seguridad pública, esto solo refuerza la penalización y criminalización, beneficiando únicamente a las empresas que buscan entrar al mercado legal de producción y distribución de marihuana.
“¿Cuál es el mercado lícito? Ahí es donde la ley refleja que se está legislando no para los mexicanos ni en función de los derechos, sino en función de los intereses de las empresas que han cabildeado, porque el mercado que se regula es uno que tiene tantas restricciones que se vuelve imposible para los campesinos·, dijo este viernes en entrevista con Radio Fórmula.
Madrazo señaló que en 2017 la intervención del derecho penal se redujo en materia de marihuana, gracias a que entró en vigor un decreto que reformó la Ley General de Salud para regular el uso medicinal.
“Con eso se penalizaba a los campesinos y a los usuarios que superaban los límites. Esas dos piezas mínimas de derecho penal ahora se verán acompañadas por una batería de cláusulas especiales, de todos los tipos penales, que dicen que pueden penalizar la marihuana, pero ponen una excepción para quienes participen en el mercado lícito», explicó.
Madrazo agregó que, mientras esta legislación establezca restricciones costosas (como la tratabilidad de la planta, para lo cual se necesita inversión tecnológica), los campesinos no se verán beneficiados y la mayoría de los usuarios en el país seguirá recurriendo al mercado ilícito.
“(Esto) solo dejará a las empresas con mucho capital, y va a hacer que nuestros campesinos, que son los que saben cómo cultivarla, sean solo empleados de las grandes transnacionales”, dijo.
“Es tan costoso el mercado que el grueso de la población de usuarios no va a poder pagarlo; va a haber un mercado legal en tiendas elegantes, pero el grueso de nuestros usuarios está en las zonas urbanas, marginadas, y este mercado va a tener que seguir recurriendo al mercado negro, y en se sentido la guerra (contra el narcotráfico) va a continuar”, advirtió.
La organización Equis Justicia para las Mujeres también se pronunció en contra del dictamen, señalando que se ignoró a los familiares con pacientes que requieren cannabis medicinal, a los usuarios, a los cultivadores y a las personas en prisión por posesión mínima.
Por ello, llamó a la Cámara de Diputados a regular correctamente y a dejar de lado la “simulación”.
Zara Snapp, cofundadora de Instituto RIA e integrante del Colectivo Drogas, Política y Cultura, consideró que, aunque este es un paso importante, deja un sabor “agridulce”, pues no despenaliza y las sanciones podrían derivar en abusos de la autoridad.
“En realidad, ellos aprobaron una ley, que, aunque tiene ciertos alcances, no descriminaliza por completo; hay multas muy altas y lo que nos preocupa, más por el consumo personal, es que eso se puede prestar a la extorsión o corrupción por parte de las autoridades», dijo en entrevista.
