EDITORIAL
Cuando al ex gobernador Gabino Cué le preguntaron en cierta ocasión respecto a la efervescencia de protestas, bloqueos y excesos del magisterio y las organizaciones sociales, se salió por la tangente con una baladronada: “es el reflejo de un Oaxaca vivo”. Las protestas y sus efectos, al menos en el último año del llamado gobierno de la alternancia, particularmente después del affaire de Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, crecieron en progresión geométrica, es decir, no por adición sino por multiplicación. Este año fue emblemático, pues tres cosas concitaron la locura de maestros de la Sección 22 y sus cómplices: la recuperación del control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) por parte del Estado; la aprehensión y puesta en prisión de los ex dirigentes del Cártel-22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, además de la capitalización de los ocho muertos de Nochixtlán, por cierto, ninguno maestro.
El resultado de esta situación trajo consigo cierres carreteros por cerca de cuatro meses, al grado tal que hubo que tender puentes aéreos para llevar medicinas y alimentos a las diversas regiones del estado. La afrenta a la sociedad oaxaqueña fue brutal. El gobierno de Cué no movió un solo dedo para paliar los abusos y atropellos de este cáncer social. Era evidente, los mentores lo llevaron a la gubernatura y su trato con ellos siempre fue complaciente y terso. Cuando el Estado recuperó el IEEPO cuyo control había mantenido el Cártel-22 durante 23 años, no fue una decisión de motu proprio sino producto de la presión del gobierno federal. He ahí la presencia de quien fuera titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor. Sin embargo, terminó aquel aciago régimen, estigmatizado por la corrupción más brutal que se haya dado en entidad alguna y seguimos igual o peor.
El tema de la ingobernabilidad empero, se ha exacerbado en los ocho meses que lleva el gobierno de Alejandro Murat. Sólo de enero a julio de este año se han contabilizado cerca de 1 mil 200 manifestaciones, entre bloqueos carreteros, a las vialidades citadinas, protestas de transportistas, del magisterio, organizaciones sociales, etc. El pueblo oaxaqueño ha dicho ¡basta! Ello, sin embargo, parece no tocar las fibras sensibles del actual régimen. Se entiende que Murat Hinojosa trae una política de diálogo y negociación, no la política del garrote. Pero ha sido ello, justamente, lo que ha permitido que dirigentes de toda laya abusen de la tolerancia ciudadana. El mejor ejemplo está en la soterrada protesta del cierre de la Terminal de Autobuses de Primera Clase, de parte de alumnos/maestros de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO).
Tres han sido los ejes de la ingobernabilidad: maestros y normalistas, organizaciones sociales y transportistas. Es impresionante la mansedumbre con la que se han interpretado los abusos y posturas delictivas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). El transporte concesionado, que ha llegado al extremo de los cincuenta mil, ha devenido un serio asunto de seguridad. Pero tampoco se mueve un dedo para regular o al menos, acotar a los grupos, mafias, sindicatos y demás, que controlan taxis y moto-taxis, ya convertidos en vehículos de narcomenudeo, cobro de derecho de piso, extorsiones y secuestros. Con pena hay que reconocer que ningún operativo se ha hecho para identificar a los cerca de 3 mil 500 unidades piratas. Y así caminamos en Oaxaca, al tenor de la presión, el chantaje y la nula aplicación de la ley, en tanto el gobierno sigue obnubilado en promover las inversiones, ignorando tal vez, que sin Estado de Derecho y sin orden, no hay desarrollo.
