La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de Oaxaca erogó durante 2017 un total de 283 millones 289 mil pesos para “cuidar” la imagen del gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa; para ello, aquel departamento, encabezado por Alfonso Martínez, repartió convenios de publicidad entre diversos medios de comunicación, sin transparentar el nombre de las empresas beneficiarias, los conceptos contratados y los montos que cada una de ellas recibió. A ello se suman una serie de disparidades en los gastos reportados
Staff Real Politik
La Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca, transita hacia la rendición de cuentas en un marco de evasión de obligaciones y opacidad, así como “acomodo” de cifras que se contradicen en los informes trimestrales y los avances de la cuenta pública.
La interpretación a conveniencia de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, ha provocado que la Coordinación de Comunicación Social incumpla con sus obligaciones de informar las empresas, apoderados legales, folios mercantiles y datos básicos respecto a las compañías que en 2017 fueron beneficiadas con contratos publicitarios.
Y es que aun cuando en noviembre del año pasado, el organismo que encabeza Alfonso Martínez Córdoba informó vía solicitud de transparencia número 00647017, no tener ningún tipo de acuerdo publicitario con algún medio de comunicación, recientemente subió a su página web 47 documentos en los que se establecen convenios con estaciones radiofónicas y empresas del ramo televisivo.
No obstante, la información se encuentra incompleta, al encubrir deliberadamente cualquier dato relevante que permita comprobar la existencia de las empresas con las que sostuvo convenios en las campañas de “Temporada de lluvias” y “Guelaguetza 2017”.
La fracción XXIII del artículo 70 de las obligaciones en materia de transparencia de los sujetos obligados, establece que la Coordinación debe informar «los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña».
Sin embargo, los datos fueron eliminados bajo el argumento de violentar el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales que establece: “Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la ley”.
Y tras considerar la información “confidencial ya que contiene datos personales sensibles concernientes a una persona identificada o identificable”, la Unidad de Transparencia de dicho órgano determinó censurar información pública relevante.
Al respecto, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIPO), rechazó haber validado la información, tal como es presentada por la Coordinación de Comunicación Social.
E Inclusive, consideró que existe una interpretación errónea de la ley, ya que el interés público de conocer las empresas con las que el gobierno del estado establece convenios, es superior a la protección de datos personales, que además en estos casos se trata en su mayoría de personas morales.
Radio y Tv, la estrategia
No obstante las limitantes implementadas por la Coordinación en los contratos hechos públicos, es posible identificar los montos asignados a radiodifusoras y cadenas de televisión, principalmente, en dos campañas publicitarias: “Guelaguetza 2017” y “Temporada de lluvias”.
El monto destinado por Comunicación Social a una treintena de empresas a través de 47 contratos, sumó 20 millones 820 mil 790.78 pesos, en periodos que van del 14 de junio al 24 de julio de 2017 y los días 13 y 15 de septiembre, en total 43 días.
Lo anterior contradice la respuesta otorgada por la responsable de la Unidad de Transparencia de la Coordinación, Marlenne Vale García, respecto a la pregunta sobre los convenios o contratos efectuados en 2017 (hasta noviembre), por concepto de difusión de actividades gubernamentales.
Y es que mientras en su momento la funcionaria aseguró que no había tales acuerdos, la publicación de los convenios en la página de la Coordinación demuestra que las campañas fueron asignadas a compañías de radio y televisión tanto estatales como nacionales.
Lo anterior, forma parte de las atribuciones del órgano que establece entre sus funciones –de acuerdo al Manual de Organización—la suscripción de instrumentos legales acuerdos, convenios y contratos en materia de comunicación con los tres órdenes de gobierno, o bien, con otras entidades públicas y empresas del sector privado.
Aunque en un primer momento este hecho haya sido negado y en un segundo momento, ocultado deliberadamente para que los interesados no puedan conocer a cabalidad con qué empresas se establecen los acuerdos, e inclusive corroborar su existencia a través de sus registros, lo cierto es que los convenios existen.
Los dineros
Otra de las obligaciones de la Coordinación de Comunicación Social en materia de transparencia consiste en hacer públicos sus estados financieros trimestrales, esto de acuerdo a la fracción XXI del artículo 70.
Ante ello, el organismo ha publicado cuatro informes de la siguiente manera: de enero a marzo de 2017 detalló que el presupuesto asignado por el Congreso del Estado fue de 297 millones 283 mil 194.96 pesos, pero que éste sufrió una reducción de 30 millones de 822 mil pesos, para quedar en 266 millones 460 mil 673.65 pesos.
De acuerdo con el reporte, en ese mismo periodo, se ejercieron ocho millones 178 mil 949.52 pesos, una cantidad inferior por 73 millones 839 mil pesos a los 82 millones 18 mil 541.96 pesos que la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas calendarizó para ese lapso.
Asimismo, de acuerdo con el resumen por entidad y partida presupuestal, en el segundo trimestre del año (abril-junio) el monto por ejercer ascendía a 255 millones 689 mil 939.90 pesos, mientras que de julio a septiembre (tercer trimestre de 2017), el ente gubernamental reconoció un monto por devengar de 201 millones 795 mil 761.54 pesos.
Millonario gasto
No obstante, una vez culminado el cuarto trimestre del año, el reporte de erogaciones de Comunicación Social dio un salto multimillonario, pues reportó un gasto total –entre enero y diciembre– de 283 millones 289 mil 238.78 millones de pesos; es decir, según las cuentas, entre octubre, noviembre y diciembre, el departamento dispuso de los 201 millones de pesos que mantenía pendientes de ejecutar hasta septiembre.
Del total devengado, 235 millones 601 mil 996 pesos fueron pagados en “Servicios de Comunicación Social y Publicidad” y el resto, en Servicios Personales, Servicios Generales y Materiales y Suministros, precisó.
Asimismo, el informe establece que la entidad que encabeza Alfonso Martínez, sólo había pagado 142 millones 824 mil 979 pesos del total devengado, por lo que hasta el 31 de diciembre mantenía una deuda de 140 millones 464 mil 259 pesos.
La danza de cifras se incrementa en tanto existe una calendarización del gasto aprobada por la Secretaría de Finanzas, en la que aproximadamente el gobierno de Oaxaca en materia de comunicación social debe ejercer alrededor de 25 millones de pesos mensuales.
Regulación de la publicidad oficial
En noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazó al Poder Legislativo a promulgar una ley general que regule la publicidad oficial a más tardar en abril de este año.
Las organizaciones “Artículo 19 y Fundar propusieron la inclusión de los siguientes puntos en la normatividad que en los próximos días deberá discutir el Congreso: definir el contenido de la publicidad, limitándose a la necesidad de comunicar información de interés público y cerrar espacios a su uso propagandístico.
Así como establecer criterios objetivos, claros, transparentes, no discriminatorios para la asignación de la pauta, los cuales tengan como base la efectividad en la transmisión del mensaje a la población objetivo, con absoluta independencia de la línea editorial del medio.
Además de poner en marcha estrategias que fomenten la diversificación de la distribución de pauta entre múltiples medios y tipos de medios, así como la participación de medios tradicionalmente desfavorecidos.
Aunado a mecanismos para controlar y garantizar la eficiencia, buen uso y rendición de cuentas de los fondos públicos destinados a publicidad oficial y prever mecanismos de sanción para los servidores públicos que hagan un mal uso de la publicidad oficial.
La discusión sobre el tema se encuentra retrasada en el ámbito federal, e inmersa en un proceso electoral que retrasa aún más el cabildeo sobre diversos temas prioritarios.
Aunque esta es una ley que se encuentra en construcción, bien vendría en primera instancia hacer cumplir a cabalidad con las obligaciones informativas de los entes gubernamentales, sin ningún tipo de censuras, y mucho menos interpretaciones erróneas sobre la protección de datos personales.
