El magistrado Wilfrido López Vásquez acusa a Víctor Manuel Jiménez Viloria de haberle exigido un millón de pesos a cambio de apoyar su nombramiento como presidente del órgano jurisdiccional; esta afirmación cimbró el endeble engranaje de la procuración de justicia en Oaxaca y podría desembocar en la destitución de todos o algunos de los integrantes de esa instancia
David Méndez
Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Miguel Ángel Carballido Díaz y Víctor Manuel Jiménez Viloria han incurrido en al menos dos actos de corrupción comprobables desde su nombramiento, en 2015, denunció el expresidente del órgano jurisdiccional, Raymundo Wilfrido López Vásquez.
El año pasado, tanto Carballido como Jiménez se adjudicaron de manera ilegal al menos 450 mil pesos que le pertenecían al personal que labora bajo sus órdenes en aquella entidad autónoma.
Este recurso formaba parte del “bono anual electoral” que el gobierno del estado envió para gratificar el trabajo de los colaboradores del Tribunal durante los comicios de 2016, precisó López.
En agosto de 2016, cada uno de los jueces recibió 320 mil pesos para repartirlos entre sus colaboradores como la primera parte del estímulo, pero Viloria decidió quedarse con 250 mil pesos y Carballido, actual presidente del TEEO, con 200 mil, abundó.
Luego, en diciembre pasado, Miguel Ángel Carballido volvió a cobrar 320 mil pesos por concepto de la segunda parte del bono y hasta la fecha no sabe qué porcentaje entregó a sus trabajadores, aunque existe la sospecha de que pudo haberse quedado con un porcentaje similar al de cuatro meses antes, detalló el ex presidente.
Por su parte, el Gobierno del estado decidió no entregarle el efectivo a Víctor Manuel Jiménez Viloria porque pretendió cobrar el monto pero sin firmar la constancia de recibo, explicó.
Wilfrido Vásquez sostuvo que cuenta con los documentos que confirman que ambos funcionarios obtuvieron las cantidades antes mencionadas y las pruebas de que los recursos, al menos los de la primera ministración, no llegaron a su destino.
Magistrado pide soborno
Este hecho se suma al soborno de un millón de pesos mensuales que Víctor Manuel Jiménez Viloria demandó a López Vásquez para respaldar su continuidad como presidente del TEEO.
En abril de 2016, indicó López, Viloria le escribió en un papel que apoyaría su gestión al frente del Tribunal siempre y cuando accediera a entregar el monto antes mencionado.
La versión sobre el intento de estafa fue divulgada por el ex presidente del Tribunal en la sesión pública en la que fue destituido de su cargo.
La tarde del viernes pasado, Raymundo Wilfrido López Vásquez fue desconocido como presidente del TEEO por Miguel Ángel Carballido Díaz y Víctor Manuel Jiménez Viloria.
Ambos magistrados se unieron para tener mayoría y nombrar en su lugar a Carballido Díaz, un personaje con vínculos priistas que ha trabajado en la administración pública durante varios sexenios.
El argumento utilizado por los magistrados fue que el presidente depuesto vulneró el derecho de los trabajadores y otras causales que ameritaban su destitución.
Ante tales hechos ilegales, Vásquez López consideró pertinente la intervención del Senado de la República para investigar y dar seguimiento a estos hechos.
Dijo, sin embargo, que él no promovería ningún recurso y dejaría esa tarea en manos de ciudadanos y partidos políticos.
Sobre su destitución, dijo que, al menos hasta el sábado, no había contemplado promover algún recurso legal, pero “eso podría cambiar en cualquier momento”.
El Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional local encargado de resolver las controversias promovidas por los diversos actores que interviene en los procesos comiciales.
Durante 2016, diversas comunidades han acusado a los magistrados de incurrir en actos de corrupción y favorecer con sus resoluciones a distintos grupos de poder.
Miguel Ángel Carballido Díaz llegó al Tribunal con el respaldo del PRI; Víctor Manuel Jiménez Viloria, del PAN y Wilfrido Vásquez López, del PRD.
Carballido, que luego tomó posesión, es el tercer presidente del Tribunal en un año y medio, después de la destitución en febrero de 2016 de Víctor Manuel Jiménez Viloria, tras amagar con interponer una controversia constitucional en contra del gobierno de Gabino Cué por negarse a ministrar los recursos que le correspondían a aquella entidad.
