El Gobierno ha autorizado 46 títulos de concesión para la explotación de oro, plata, plomo y zinc que afectan a 23 de los 25 municipios que conforman esa jurisdicción de los Valles Centrales; a la fecha, en la zona hay 10 proyectos mineros de empresas extranjeras que se encuentran en algunas de las fases de explotación, desarrollo, producción o postergación. Tan sólo en el gobierno de Gabino Cué se extendieron mil 579 permisos, de los cuales 412 están vigentes en la entidad. Ante esta amenaza, los pueblos han dado la voz de alerta y han empezado a organizarse en defensa de sus recursos naturales y para evitar la destrucción de sus tierras
Jorge Vega Aguilar
De las 412 concesiones mineras vigentes en el estado de Oaxaca, para explotación de oro, plata, plomo y zinc, tan sólo en el distrito de Tlacolula se tienen contabilizadas hasta ahora 39 distribuidas a lo largo y ancho de dicho territorio, más otras 7 que por su colindancia y extensión ocupan parte del mismo.
Esto representa que el 50 por ciento de la superficie de ese distrito está concesionada para la explotación minera -23 de los 25 municipios-, según la cartografía elaborada por el denominado “Grupo de Investigación-Acción Autónoma” que , junto con otras organizaciones sociales advierten que “hay que frenar el avance del control y destrucción de nuestro territorio”.
Para ello, han alertado a las asambleas de las 258 comunidades que conforman el distrito, en las 25 cabeceras municipales, a comenzar la organización necesaria.
Indican que dentro de las concesiones que ocupan parte del territorio en el distrito, se encuentran 10 proyectos mineros, en algunas de las fases de explotación, desarrollo, producción o postergación, siendo el denominado El Águila, de Gold Resource Corp/Hochschuld Mining Plc, el que se encuentra en etapa de desarrollo (explotación).
El Proyecto “Tlacolula/Don Mario/Mario”, está dirigido a explotación de oro y plata, aunque la concesión con título 230278 es para fosfato trisódico, afirman.
Añaden que, por testimonios de comuneros de San Baltazar Guelavila –perteneciente al distrito de Tlacolula-, se tiene constancia de pozos de exploración de más de 500 metros de profundidad en el área perteneciente a la concesión “Cobre Grande” que forma parte del polígono “El Cobre II”.
En territorio oaxaqueño las compañías Gold Resource Corp., Radious Gold, Fortuna Silver Mines, New Strike Capital Inc, Almaden Minerals Ltd, Plata Real, y Hochschild Mining Plc, realizan actualmente actividades de exploración, menciona esa agrupación.
Las organizaciones sociales afirman que desde que comenzó el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, se aprobaron una serie de megaproyectos para Oaxaca y, a su vez, la Secretaría de Economía entregó 344 títulos de concesión minera en el estado para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre.
“Todo esto sin consultar a las respectivas asambleas de los pueblos donde se pretenden explotar dichos minerales y de paso contaminar y dejar inservible el agua que abastece a todo el estado de Oaxaca”.
Crecen las protestas
En septiembre del año pasado, habitantes de diversas comunidades del Valle Central realizaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una “denuncia popular” por contaminación producida por el proyecto minero “San José” –en San José del Progreso, Ocotlán, considerado uno de los municipios más marginados de la entidad y paradójicamente rico en yacimientos de oro y plata-, pero no tuvieron ninguna respuesta.
Luego, autoridades de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Cerro de las Huertas, los Ocotes, Buena Vista y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán se manifestaron también frente las oficinas de esa dependencia federal.
Acusaron que la empresa minera Cuzcatlán S.A. de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines han estado generando ruido, polvo y vibraciones excesivas en las comunidades y ejidos conurbados en el municipio de San José del Progreso, debido a las constantes explosiones que realizan en el proyecto minero y que esas actividades ponen en riesgo de contaminar fuentes de aguas que son importantes para la vida comunitaria, animales domésticos, flora y fauna local.
En tanto, el Servicio Geológico Mexicano (SGM), señala que la entidad a pesar de tener un historial minero que se remonta a la época prehispánica cuando sus pobladores con técnicas propias obtenían el oro y la plata que utilizaban para sus vestimentas y adornos, actualmente no ha sido explorada fuera de los distritos mineros y zonas mineralizadas conocidas.
El documento “Panorama Minero de Oaxaca” resalta que existen aún áreas con reservas y áreas prometedoras sin cuantificar como: oro, plata, zinc, antimonio, cobre y minerales no metálicos como micas, zeolitas, mármol, travertino y granito”.
Indica que los minerales que conforman las minas más importantes en la entidad son: plata, cobre, hierro, grafito cristalino, carbón mineral, yeso y travertino, y hay proyectos que “por falta de infraestructura y cultura minera, no se han podido desarrollar”.
“Especialistas, gobierno y capital privado coinciden en que el capital minero del estado se puede perfilar como uno de los más importantes de la República Mexicana, pues su riqueza mineral ofrece una gran variedad de depósitos metálicos y no metálicos”, añade.
Concesiones
al por mayor
El Servicio Geológico Mexicano, es un organismo federal coordinado sectorialmente por la Secretaría de Economía, y realiza acciones para el fortalecimiento y desarrollo de la industria minera nacional.
Estadísticas de la Dirección General de Minas indican que en el estado de Oaxaca, en el 2012 se otorgaron 361 títulos de concesión; en 2013 un total de 401; en 2014 fueron 405 y entre 2015 y 2016 un total de 412.
Se tienen clasificadas 12 regiones mineras, de acuerdo al tipo de mineralización:
Región Mixteca que comprende el distrito minero de Los Tejocotes y Silacayoapam; Zaniza, en Zaniza-Teojomulco y San Miguel Peras; Oaxaca, en El Parián y Telixtlahuaca; Sierra Juárez, en Natividad y Villa Alta; Taviche-Miahuatlán, en Teitepac-Taviche; San José de Gracia, en Albarradas y San José de Gracia, así como Tehuantepec, La Ventosa y la Costa.
Por su parte, la Organización “Servicios para una Educación Alternativa EDUCA, A.C.”, acusó que en los últimos meses ha sido objeto de una serie de difamaciones, agresiones y criminalización de su labor en pro de la defensa de los recursos mineros, principalmente en la región del Valle, ante la preocupación de comunidades y pueblos por la autorización de más concesiones por parte de autoridades federales.
En un documento, asegura que han acompañado de manera cercana a la comunidad de San José del Progreso, “que ha sufrido una violación sistemática a sus derechos humanos a partir de los trabajos de exploración y explotación minera por parte de la empresa Fortuna Silver Mines (FSM)”.
“Esta violación ha sido constatada a partir de diferentes informes, misiones civiles de observación e investigaciones académicas realizadas en la comunidad”, mencionan.
Afirman que, derivado de sus investigaciones que han compartido con las comunidades en reuniones y foros públicos, han recibido comentarios dolosos, tratando de descalificarlos, porque “mal informan a los pobladores”.
En el caso del proyecto “San José”, desde su inicio, los pobladores de San José del Progreso, emprendieron una lucha en contra de la explotación de la mina La Trinidad, concesionada a la compañía Cuzcatlán, e instalaron un plantón.
Consideraron que la explotación de la mina ocasionaría daños irreversibles a la salud, al medio ambiente y al patrimonio del pueblo ocoteco, debido a que se estaban haciendo perforaciones con dinamita, provocando fisuras en las paredes de casas, y las comunidades más afectadas eran San José del Progreso y Magdalena Ocotlán. Así lograron que la Sedena retirara de la mina más de 30 toneladas de explosivos.
En esa ocasión señalaron que los daños provocados eran contaminación y sobre explotación de los mantos acuíferos, ya que los encargados del proyecto habían hecho varios pozos profundos, ocupando el agua para barrenar y drenar la mina.
Ello provocó que las comunidades cercanas al yacimiento empezaran a resentir escasez y contaminación del líquido por el uso de cianuro, arsénico y otras sustancias tóxicas.
Saqueo y contaminación
De acuerdo a datos, la empresa Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído de suelo oaxaqueño un millón 967 mil onzas de metales preciosos.
La Fundación Hesperian, en Guía Comunitaria para la Salud Ambiental, establece que con la minería, la contaminación del agua y el excesivo uso de cianuro arsénico, ocasiona muchos problemas de salud.
Además, la destrucción de la tierra provoca escasez de alimentos, y la contaminación del aire, proveniente de las centrales eléctricas y fundiciones construidas cerca de las minas, causa enfermedades graves.
El 15 de marzo de 2012, Bernardo Vásquez, uno de los dirigentes opositores al proyecto minero “San José”, fue asesinado.
La ficha técnica del Observatorio de Derechos Territoriales, establece que desde la instalación del proyecto minero, no existe transparencia en la información proporcionada por la empresa minera y las autoridades involucradas en el caso, aunque ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por las comunidades involucradas en el mismo, respecto a la magnitud y alcance, afectaciones ambientales producidas, así como los beneficios económicos de la empresa, sin embargo, ha sido entregada de forma parcial y a través de mecanismos de difícil acceso para la población.
La etapa de exploración inició a partir de 2006, con la suscripción de diversos convenios de usufructo entre la empresa Cuzcatlán y algunos ejidatarios, así como negociaciones con las autoridades municipales para realizar actividades de exploración por barrenación, así como exploración subterránea a través de obras previamente existentes, para la explotación y beneficio de las vetas “Trinidad” y “Bonanza”.
El proyecto “San José” abarca dos polígonos de actividad (norte y suroeste) con una superficie total de 92.01 ha, consiste básicamente en la profundización de las obras subterráneas y la creación de infraestructura necesaria para llevar a cabo la explotación de plata y oro durante doce años de operación, sin considerar la etapa de preparación, construcción y abandono.
Los actores involucrados han sido: Las secretarías de Economía, Medio Ambiente, de Desarrollo Agrario y de Gobernación, Fortuna Silver Mines/Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A. de C.V. , Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, EDUCA, Centro Pro de Derechos Humanos, Flor y Canto, Ser Mixe, Tequio Jurídico, UNOSJO.
También la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, Sección 22, Frente Popular Revolucionario, Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, Ayuntamiento de San José del Progreso, diputadas y diputados locales, y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Mientras, EDUCA, A.C., afirma que la información difundida y compartida en relación a las concesiones mineras, y las características del proyecto “San José”, han sido construidas a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública, y han expresado los argumentos entregados por las propias autoridades federales, estatales y municipales.
Añaden que su presencia en la región responde a solicitudes o invitaciones de las y los ciudadanos, autoridades agrarias, municipales y comunitarias de la región, y las reuniones han sido pacíficas y públicas.
Por su parte, el “Grupo de Investigación-Acción Autónoma” y otras organizaciones sociales insisten que “hay frenar el avance del control y destrucción de nuestro territorio”.
