Editorial
En el ocaso del gobierno de Ulises Ruiz, una tríada que vino a monopolizar la seguridad pública: Javier Rueda Velásquez, Jorge Alberto Quezada y Alan Loren Peña Argueta, Secretario de Protección Ciudadana, Comisionado de la Policía Estatal y director de la Agencia Estatal de Investigaciones, respectivamente, crearon un mito genial: Oaxaca era una de las entidades más seguras del país. Cuando se le preguntó al primero a qué se refería con esta calificación, respondió que era así, sólo si se le comparaba con otras entidades más violentas, como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Guerrero, al menos las últimas, que ya se perfilaban como aquellas en que se cometían más asesinatos dolosos.
Se trató pues, de un mito, nada qué ver con la realidad. La muestra la tenemos en la entidad en este año. La cifra de homicidios dolosos supera en mucho las expectativas de cualquiera otra entidad del país. Un ejemplo es que entre el 12 y 16 de septiembre, se dieron en Oaxaca, principalmente en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Tuxtepec, los Valles Centrales y los Mixes, al menos quince ejecuciones. Es indignante que sólo en Juchitán de Zaragoza, devenida desde hace algunos meses, una de las ciudades más violentas del país; en donde se han enviado a fuerzas federales y estatales para instrumentar operativos; que ha estado en la mira del Estado desde hace mucho, hayan ocurrido en menos de 48 horas, siete ejecuciones.
Al pueblo ya no se le engaña. Los discursos oficiales que hablan de seguridad deben abordar el tema tal cual es. Por ello insistimos en que el gobernador electo, Alejandro Murat Hinojosa, recibirá de parte del actual ejecutivo estatal, Gabino Cué una entidad no sólo devastada política, social y económicamente, sino además, con una inseguridad campante. Mucho ha contribuido a ello, la permanente agitación social que hemos vivido, con el acoso del magisterio afiliado a la CNTE/Sección 22, pues aunque haya opiniones en contrario, han sido los bloqueos y la inhabilitación de las corporaciones policiales, lo que ha permitido la penetración de los grupos criminales. No se trata de una situación inédita, sino de una realidad. Durante el conflicto del 2006, las barricadas, los bloqueos carreteros y la agresión en contra de la policía, le abrieron la puerta a grupos delictivos. Recientemente, un reportaje periodístico ubicó a Flavio Sosa, como uno de los cómplices más vinculados a la delincuencia. El aludido jamás lo desmintió ni, mucho menos, se deslindó de dichos señalamientos.
En poco ha contribuido a paliar nuestra creciente inseguridad, la inexperiencia, la improvisación y la incapacidad de los últimos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública; la indisciplina en la Policía Estatal y la danza de titulares en la dirección de la misma. A ello hay que agregar la falta de recursos para profesionalizar a los mandos y tropa, habida cuenta de que los recursos que se canalizan del Fondo de Seguridad (FOSEG), muchas veces no llegan a su destino. Hoy mismo, dos polos que podrían ser pivotes del desarrollo regional: Juchitán, en el Istmo y Tuxtepec, en la Cuenca del Papaloapan, están bajo fuego de los grupos criminales. Las inversiones que se anticipaban millonarias para emprender importantes proyectos, como es el caso de la energía eólica, prácticamente han huido ante la presión de organizaciones sociales, la inseguridad jurídica y la extorsión y amenaza de las organizaciones criminales.
