Marco Antonio Adame Castillo
@MarcoAdame
La reforma en telecomunicaciones está a punto luego de diálogos complejos, de largas sesiones de análisis técnico-jurídico por la naturaleza de la materia, de encendidas discusiones y de no pocos escándalos y polémicas; todo está listo para el período extraordinario en que habrán de discutirse y votarse las leyes secundarias.
Se trata de una de las reformas estructurales acordadas en el Pacto por México, sin duda, de las más relevantes por su peso específico en el diseño institucional del régimen político y por su innegable contribución al desarrollo social y al crecimiento económico que este sector estratégico representa.
Se ha dicho que es una de las palancas para impulsar el crecimiento de nuestra economía, asociando el grado de penetración en internet o la inversión en las nuevas cadenas de televisión en innumerables repercusiones en la productividad nacional; sin embargo, este enfoque economicista es una simplificación aberrante, pues el crecimiento no es en automático ni es lo más importante de los cambios que ahora se discuten.
Desde su concepción, las reformas se enfocaron a profundizar el proceso de democratización del país. En telecomunicaciones, a garantizar a la población el acceso equitativo, con mayor competencia y de clase mundial a servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión abierta y restringida. Este propósito siempre estuvo orientado por los principios constitucionales y los derechos sociales de acceso a la información, libre expresión de las ideas, la formación de opinión pública, el derecho de las audiencias y la calidad de los contenidos.
El reto es mayúsculo dados los poderosos intereses económicos y políticos que el tema supone. Reconocer en la Constitución el derecho al acceso universal a la banda ancha implica desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones y la instancia responsable de la agenda digital; crear condiciones de mayor competencia en radio y televisión requiere reforzar la autonomía y transparencia en los órganos reguladores, modificar las reglasde operación y fijar límites a la concentración de mercados y de medios masivos de comunicación. Mejorar los servicios y tarifas de telefonía fija y móvil y el servicio de datos exige definir con eficacia la regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y las reglas de concentración conforme las mejores prácticas internacionales.
Así, o las reformas son de gran calado o no servirán para lo que el país necesita, sobre todo cuando la evidencia empírica internacional, documentada ampliamente por DaronAcemoglu, uno de los diez economistas más citados del mundo, deja claro que el argumento central para explicar las diferencias en el nivel de bienestar y crecimiento económico en el mundo está en la conformación de las instituciones políticas y económicas, pues estas definen los incentivos para las empresas y los ciudadanos, también para los políticos y la clase dirigente, y por ende, forjan el éxito o el fracaso de las naciones.
En la concepción de Acemoglu, en una sociedad plural, las instituciones políticas no se limitan a la Constitución y al sistema democrático; en su sentido más amplio tiene que ver con la distribución del poder en una sociedad y con la capacidad de los ciudadanos para controlar a los políticos y a los agentes preponderantes e influir en su comportamiento a la hora de definir las reglas y de ejecutarlas. En el mismo sentido, señala el efecto nocivo de las instituciones económicas «extractivas”, típicamente depredadoras, monopólicas, que irremediablemente conducen al estancamiento y la pobreza, independientemente que generen crecimiento económico. Expresa la conveniencia de contar con instituciones económicas «inclusivas”, abiertas a la participación y competencia del mayor número de agentes, con derechos de propiedad a salvo, un sistema jurídico imparcial, con servicios equitativos, con múltiples opciones para elegir y con mínimas barreras de acceso para permitir la entrada de nuevos jugadores.
En la multicitada reforma en telecomunicaciones será fundamental establecer el grado de inclusión al sector, de ahí el acalorado debate en torno a los criterios que definirán la preponderancia por sectores o por servicios. Más allá de inclinaciones ideológicas o partidistas, que en esto de poco sirven para resolver la ecuación aunque es innegable su influencia, y conscientes del escenario histórico y la inercia que ha dominado en la agenda de las telecomunicaciones se debe dejar claro el diseño que, al tiempo de potenciar a la industria y de asegurar su crecimiento sostenido, garantice el mejor servicio a los usuarios con calidad en los servicios y contenidos y el acceso equitativo a toda la población.
Como en todo proceso de solución no hay vías únicas y la moneda está en el aire, lo que es un hecho incontrovertible es que se debe acatar la reforma constitucional que ha ordenado la apertura del sector y los nuevos derechos y beneficios para los ciudadanos. Serán los legisladores quienes, inamovibles ante las presiones, en los próximos días habrán de resolver el entuerto con las consecuencias que esto implica, sobre todo ahora que algunas dirigencias partidistas ya han fijado su posición.
El PRD ya tiró línea, falta que sus legisladores la acaten. El PRI se ha manifestado hábilmente por las reformas sin entrar a detalles de contenido, mismos que se revelarán y se votarán en comisiones y en el pleno. El PAN tiene abierto el debate en sus grupos parlamentarios y buscará un acuerdo interno, nada sencillo, que invariablemente beneficie a los ciudadanos. Como se ha dicho, en telecomunicaciones llego la hora y la moneda está en el aire.
