Congreso oneroso e improductivo
La LXII Legislatura del Estado sigue dando de qué hablar. La calificación de onerosa e improductiva apenas le queda, pero hay ingredientes adicionales que le van a la perfección: facciosa y voraz. Cuando todavía no se esclarece el destino de poco más de seiscientos millones de pesos que se esfumaron durante la presidencia de Jesús López Rodríguez, de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), vino la aprobación del nuevo presupuesto, para el ejercicio 2016, en la que sin recato alguno, el pleno solicitó al menos 676 millones de pesos, 76 adicionales al año pasado, pero además, puso como condición para firmar el dictamen del decreto, que la Secretaría de Finanzas firmara un pagaré por cien millones de pesos, lo que conlleva a pensar que los legisladores se irán a casa en noviembre de este año, pero con un generoso pago de retiro.
El estigma que lleva esta legislatura es grave: la peor de la historia política de Oaxaca. Con certeza, ello mantiene sin cuidado a los diputados y las diputadas, algunos (as) de los (as) cuales ya están pensando en postularse para las presidencias municipales. Ahí está el caso del panista, Sergio Bello Guerra, que ya se apresta para participar en la contienda por la ciudad, sin reparar en el deprimente papel que han hecho en la actual legislatura. Lo mismo puede decirse de su correligionaria, Leslie Jiménez Valencia o de la priista Martha Alicia Escamilla, que se asume la carta fuerte del PRI para la capital oaxaqueña, en este año.
Pero no son los únicos casos. En el caso de los priistas, Amando Bohórquez, por ejemplo, presume que será el bueno para la presidencia de Miahuatlán, población que mal gobernó hace algunos años o Fredy Gil Pineda Gopar, que pretende continuar mangoneando al municipio de Santos Reyes Nopala, cuyo gobierno encabezó en el período municipal pasado, en donde tuvo la ocurrencia de crear una policía comunitaria, que tuvo que desaparecer cuando la fuerza del Estado le impidió seguir con el teatro. Otros anhelan colarse en los equipos gubernamentales, cuya definición se dará en el proceso electoral de junio próximo. De los 42 legisladores son pocos los que han asumido su papel con seriedad, con institucionalidad, con vocación de servicio. La mayoría ha operado como mercenarios y convenencieros; oportunistas y voraces.
Mientras la mayoría está apostándole a su futuro incierto, el rezago legislativo es brutal. Al menos dos iniciativas de trascendencia no han sido aprobadas. La Ley Estatal de Educación y la Ley Indígena. La primera cumple ya dos años de estar enlatada sin que a nuestra legislatura le corra prisa por aprobarla. La segunda, hubo de reponer el procedimiento luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con un demoledor “desaseo legislativo”, exhibiera la bajeza, la complicidad y torpeza de los llamados representantes populares. En el caso de la Ley de Educación, hay que subrayar que Oaxaca es la única entidad en el país que no tiene su propia ley.
Caso contrario, nuestra flamante legislatura sigue empecinada en crear historia, pero en trapacerías y vicios, como es el ya institucionalizado “pago por evento”, con el que cada iniciativa enviada por el ejecutivo, es tasada con el rasero del pago. Ello se viene arrastrando desde la pasada legislatura, en la que los titulares de los órganos autónomos y la aprobación de decretos importantes como es la Cuenta Pública y el Presupuesto de Egresos, fueron las Joyas de la Corona, para exigirle al ejecutivo, pagos millonarios para cada legislador (a).
