Comisión de la Verdad: Abrir heridas
Luego de concluir prácticamente el movimiento de 2006-2007 y valorar el fracaso tanto del magisterio encabezado entonces por Enrique Rueda Pacheco y de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), que dirigió Flavio Sosa, se convirtió en una especie de disco rayado la exigencia de “castigo al Tirano” Ulises Ruiz. Hay que recordar que la principal bandera de la asonada era la renuncia del ex gobernador, calificado como represor, luego del fallido desalojo del 14 de junio de 2006, cuando los reprimidos fueron el reducido grupo de policías que enviaron a enfrentar a miles. Con esa divisa nació la APPO, ocultando en la supuesta victimización, su molestia por haber sido expulsadas sus organizaciones del paraíso presupuestal.
El movimiento de 2006, que se prolongó hasta julio de 2007, cuando en un intento por llegar al Auditorio Guelaguetza, resultó una víctima más: Emeterio Merino, que fue golpeado por policías estatales, simplemente fracasó en su intento de deponer a Ulises Ruiz del gobierno oaxaqueño, pero además, si bien el movimiento fue un fenómeno mediático impulsado por el propio gobierno federal, jamás permeó a nivel nacional sino que fue localista y sin proyección. Pese a ello, las supuestas víctimas –maestros y militantes de la APPO, incluyendo vándalos, ratas y viciosos- apelaron a diversos organismos para llevar al cadalso a Ruiz Ortiz y colaboradores.
Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizaron sendas investigaciones. Ésta última resolvió, sin carácter punitivo, que el responsable de la violación de derechos humanos era el ex gobernador Ulises Ruiz. No obstante, la Sección 22 siguió empecinada en el castigo al “Tirano de Antequera”. Al finalizar el régimen de URO, apoyó con todo al candidato que vendría a ajustar cuentas con el antiguo régimen: Gabino Cué, quien se vio obligado a pagar la factura, estableciendo una Fiscalía Especial para Delitos Cometidos en el Pasado, que fue un fracaso y enviar al Congreso la propuesta de decreto para crear la llamada “Comisión de la Verdad”. Antes, a través de su Comisionada de Derechos Humanos de la Gubernatura, Eréndira Cruzvillegas, había entregado en carácter de indemnización, promovido por la Liga Mexicana de Derechos Humanos (LIMEDH) y otros organismos, varios millones de pesos, lo que despertó la ambición de falsas víctimas y personeros del citado movimiento.
Por ello, una vez aprobado el decreto de creación, la Comisión se integró con supuestos defensores de los derechos humanos y críticos del poder público: el padre Alejandro Solalinde, al periodista Diego Osorno y la activista chiapaneca, Marina Jiménez. Los mismos que hoy han desenterrado el hacha de guerra para “llamar a comparecer a ex funcionarios federales, estatales y municipales”, a fin de que declaren sobre los hechos de ese bienio. Entre los “indiciados”, figura el ex presidente Vicente Fox; el ex gobernador Ulises Ruiz y hasta el actual ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora. Pero la lista es de cerca de sesenta servidores (as) y ex servidores (as) públicos (as).
En una actitud calificada de protagonismo enfermizo y queriendo remedar al Tribunal de Nuremberg, que castigó con cárcel a los asesinos del Holocausto, esta invención con la que se pretendió pagar al magisterio su obsesión por castigar al antiguo régimen “represor”, reabre las heridas del pasado, cuando el pueblo oaxaqueño, con el fantasma pernicioso y provocador del magisterio encima, quiere ya cerrar ese capítulo y remontar ese pasaje penoso y vergonzoso, apelando a la reconciliación y la unidad.
