Y la Ley de Educación ¿cuándo?
Como estaba previsto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó del letargo a nuestra flamante Sexagésima Segunda Legislatura, para exigirle que se apruebe la Ley Estatal de Educación y que la misma, armonice con la Reforma Educativa que ya está en marcha en todo el país, menos en Oaxaca. No fue una sorpresa. Desde hace mucho nuestros legisladores de los diversos partidos políticos simplemente hicieron mutis de la agenda pendiente y hasta piensan en sus adentros, dejarla de tarea a la siguiente legislatura, pues en lugar de aprobarla, simplemente se fueron de vacaciones.
La Ley Estatal de Educación se convirtió en una especie de anatema, en una apostasía. Nadie ha querido tocar el tema, como si fuera algo vedado, prohibido. Y por ello le dieron largas de manera arbitraria y brincándose lo que dispone la ley. Tiene año y medio que venció el plazo constitucional y Oaxaca no tiene su propia ley educativa. Ello implica asimismo, que vamos a la zaga –de nueva cuenta- en todo lo que se refiere a mejorar la calidad de la educación y todas las bondades de la reforma.
Al principio eran las amenazas de la Sección 22, que a cualquier intento de discutir el tema de la Ley, amenazaban con bloquear el edificio legislativo de San Raymundo Jalpan, como ocurre hoy mismo en que un desarticulado Cártel sigue dando de patadas y amenazando con que se movilizará para evitar que se apruebe todo aquello que afecte sus intereses. Sin embargo, a partir del 21 de julio, pese al cambio en las cosas y el acotamiento de los radicales, nuestra diputación local siguió en las mismas: Repartiéndose los cargos en los llamados organismos autónomos o en los enredos propios de los intereses partidistas, pero nada de legislar. Sin embargo, también la Suprema Corte emplazó al ejecutivo estatal a enviar la iniciativa pertinente. Hoy no se trata de seguirles el juego a los dirigentes del Cártel-22 o de su flamante y renovada Comisión Política. Tampoco de validar el tristemente célebre Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca –el PTEO- que a fortiori han querido imponer como ley. Las cosas –por fortuna para los oaxaqueños- han cambiado. El PTEO, siempre lo dijimos, perfila más una formación ideológica que la esencia educativa y académica.
Se han dado los primeros pasos, después de decenios de ignominia, en la recuperación del Estado en la rectoría de la educación. Sería una afrenta al pueblo echar marcha atrás. Para consolidar el camino recorrido, hace falta un marco jurídico que consolide los avances. Que incorpore mecanismos para castigar el sojuzgamiento que la dirigencia seccional impuso sobre la base magisterial y contemple en las leyes secundarias, el ejercicio de un proceso educativo, formativo no ideológico; un plan para paliar el rezago y evitar una nueva etapa de oscurantismo. Ello no excluye la investigación respecto al quebranto económico en el antiguo IEEPO y seguir la hebra de los cientos y cientos de millones de pesos que se generaban de las multas que los dirigentes seccionales, jefes de sector, supervisores y demás lacayos, exigían a sus compañeros, como medida punitiva por no asistir a marchas, plantones y bloqueos. Y obvio, las operaciones con recursos de procedencia ilícita de sus dirigentes. Hay pues mucha tela de dónde cortar para darle la estocada final a esa caterva de farsantes que con la bandera de la revolución llenaron las alforjas.
